Aunque la posibilidad de instaurar “ciudades modelo”
en Honduras provino de Paul Romer, un connotado economista de la universidad de Nueva York, irónicamente es él quien ahora cree que no hay transparencia en el proyecto que impulsa el Congreso Nacional y la Comisión para las Alianzas Público-Privadas (Coalianza).
Estas “ciudades modelo” fueron concebidas como la concesión de territorios deshabitados para que, a través de inversiones extranjeras, se pudieran alcanzar niveles óptimos de desarrollo.
Bajo el pensamiento de este economista, estos territorios debían tener la suficiente autonomía que permitiera ser regidos bajos sus propias leyes y normas,
con sistemas de educación, justicia y seguridad diferenciados a los que rigen actualmente el Estado de Honduras.
El plan Romer fue acogido por el gobierno y el Congreso Nacional, por lo que procedió a aprobarse los estamentos que crean las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y su estatuto constitucional.
Con ello, se crea la Comisión de Transparencia, que sería presidida por Romer y cuatro personalidades que impulsan las “charter cities” o “ciudades modelo”.
Sin embargo, tanto Romer como las cuatro personalidades nunca asumieron sus cargos, porque el gobierno no ordenó su publicación en el diario oficial La Gaceta. En cambio, el gobierno, a través de Coalianza y siendo testigo de honor el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, sí firma el pasado 3 de septiembre una carta de entendimiento con una empresa inexistente, de nombre MKG Groups, para desarrollar la primera “ciudad modelo” con una inversión inicial de 15 millones de dólares.
Cuatro días después (7 de septiembre) de la firma de esta carta de entendimiento, a la que el propio Romer no pudo tener acceso pese a presidir la Comisión de Transparencia, envía una carta al presidente Porfirio Lobo Sosa en la que le expone que tanto él como los demás miembros se desligan del proyecto en virtud de que nunca asumieron sus cargos.
El 14 de septiembre, EL HERALDO revela en exclusiva que la empresa MKG Groups no existe y que de la misma ni siquiera hay rastro en Internet.
Además, revela que Michael Strong,
su principal ejecutivo, es un idealista creador de una línea de pensamiento conocida como FLOW y principal promotor de “ciudades libres”.
Un día después de publicarse la investigación, estos ejecutivos crean una página de Internet en la que se hacen llamar Grupo MGK
y en la que advierten que no tienen relación con ninguna empresa que tenga igual o similar nombre.
La aclaración la hacen en virtud de que EL HERALDO había revelado que con el nombre MKG solo había una empresa de análisis turísticos en Europa y una compañía estadounidense involucrada en un escándalo por estafa multimillonaria al fondo de pensiones de la empresa petrolera venezolana PDVSA.
Para hablar sobre las “ciudades modelo” y saber su opinión en torno a la transparencia con que se maneja el proyecto, se hizo una serie de preguntas a Paul Romer.
A continuación, la traducción libre de la conversación con EL HERALDO y La Prensa:
Profesor Romer, ¿sigue usted trabajando con el Gobierno de Honduras en la creación de una RED, una Región Especial de Desarrollo, o en lo que algunos de nosotros hemos llamado una “ciudad modelo”?
Yo y las otras personas que fueron nombradas para la Comisión de Transparencia escribimos una carta pública al Presidente Lobo en la que afirmamos no tener ninguna función en curso en el proyecto. Personalmente, he renunciado del comité asesor CORED.
En el principio, usted era un partidario activo del proyecto RED. ¿Qué ha cambiado?
De los informes periodísticos recientes me enteré de que la agencia de Honduras responsable de alianzas público-privadas ha firmado un acuerdo sobre una RED con una empresa privada. Cuando pedí información, me dijeron que yo no podía ver este acuerdo.
Esta fue una desviación de las normas de transparencia que la administración me llevó a esperar. Fue también una desviación de la función para la Comisión de Transparencia indicado en el Estatuto Constitucional aprobado por el Congreso de Honduras.
¿Cómo puede ser que un miembro de la Comisión de Transparencia no podía ver ese acuerdo? En el marco del proceso establecido en el Estatuto Constitucional, ¿no es la Comisión de Transparencia la que tiene que dar una opinión sobre cualquier propuesta de RED?
En diciembre de 2011, el Presidente Lobo firmó un decreto nombrándome a mí y a otras cuatro personas de prestigio internacional a la Comisión de Transparencia. A la vez, estos nombramientos se informaron en los medios de comunicación internacionales, en particular por The Economist (El Economista). Sin embargo, el gobierno nunca completó el proceso de publicación de este decreto en La Gaceta. La posición actual de la administración es que debido a que el decreto nunca fue publicado, la Comisión de Transparencia no existe en los ojos de la ley y los cinco miembros nombrados no tienen ninguna base legal para la revisión de los acuerdos.
¿Puede el gobierno crear una RED si la Comisión de Transparencia aún no existe? Si la Comisión de Transparencia no existe aún, la administración puede proponer una RED directamente al Congreso. La RED luego se hará realidad si el Congreso aprueba una ley que describe sus límites geográficos. Aprobar un acta que especifique los límites puede parecer un detalle menor, pero bajo el Estatuto Constitucional, tiene importantes consecuencias jurídicas.
¿Tiene el gobierno que revelar los términos de cualquier contrato que firma con una compañía que invierta o administre una RED? ¿Tiene la empresa que revelar la identidad de sus patrocinadores financieros? ¿Tiene la empresa que revelar información acerca de su experiencia o calificaciones?
La ley establece que la Comisión de Transparencia debe dar toda la información necesaria para evaluar cualquier propuesta de RED.
Pero si no hay una Comisión de Transparencia, el Congreso es la única protección que queda para la integridad del proceso. Para asegurarse de que se siente cómodo con la identidad de los inversores y la estructura de gobierno que los inversores han negociado en sus acuerdos, el Congreso podría querer insistir en la divulgación completa de la información pertinente antes de que se vote para la existencia de una RED.
El Congreso también puede ser que desee insistir en que tienen derecho por separado para aprobar cualquier acuerdo relacionado con una propuesta o RED existente si le puede colocar una carga financiera para el gobierno de Honduras. Este tipo de carga puede surgir, por ejemplo, a través de un acuerdo que permite a un particular entablar una demanda contra el gobierno por daños y perjuicios.
¿Sabe usted cómo la percepción errónea sobre la condición jurídica de la Comisión de Transparencia se produjo?
Varias explicaciones se han ofrecido, pero no puedo estar seguro de por qué el decreto nombrando a los miembros de la comisión nunca fue publicado en La Gaceta.
Tampoco puedo estar seguro de por qué el gobierno no dio a conocer su decisión de no publicar el decreto. Cualesquiera que sean las razones detrás de estas decisiones, el resultado fue un fracaso importante de la transparencia. La percepción pública es que la Comisión de Transparencia estuvo en funcionamiento y aseguró que las decisiones se estuvieron realizando de una manera transparente.
Esto dio una falsa impresión acerca de los pesos y contrapesos y el escrutinio que estaría operando como la primer RED en entrar en existencia.
Desde el principio, hice un compromiso con los ciudadanos de Honduras, a los miembros del Congreso de Honduras, y para las muchas personas de todo mundo que deseen a Honduras un bien. Me comprometí que iba a trabajar para su beneficio y hacerlo transparente.
Esto significa que en un momento como este tengo que estar dispuesto a decir honestamente lo que es verdad y aceptar las consecuencias.
