La desaparición de la figura del director general de la Policía Nacional, la creación de nuevos órganos, anulación de otros y modificación del sistema de ascensos son parte del contenido del proyecto de la Ley de la Policía Nacional con el fin de reestructurar la entidad.
EL HERALDO tuvo acceso a este documento presentado por la Comisión de la Reforma a la Seguridad Pública (CRSP),
el 26 de octubre pasado, al presidente Porfirio Lobo y que, de aprobarse, sustituiría el decreto 67-2008, que contiene la actual Ley Orgánica de la Policía Nacional.
La CRSP también hizo entrega de otros seis anteproyectos de ley orientados a modificar el funcionamiento de operadores de justicia y la selección de sus autoridades.
Con esta reforma se busca darle mayor poder a la sociedad de participar en las conformación de planes y proyectos en materia de seguridad.
La propuesta de la Ley de la Policía Nacional, conformada por 100 artículos, modifica el organigrama de mando de la institución para modernizarla. La cirugía es de pies a cabeza.
En vez de un director general se crea el Consejo Estratégico Policial (CEP).
El CEP estará integrado por la Dirección General de la Policía Preventiva, la Dirección General de Investigación Criminal y la Dirección General de Tránsito.
Asimismo, serán parte de la CEP nuevas entidades como la Dirección General de Fuerzas Especiales y la Dirección General de Inteligencia Policial y los subsecretarios de Estado.
En este anteproyecto no figuran la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación y la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, que se conoce como Dirección de Centros Penales.
Funciones
El Consejo Estratégico Policial será el ente encargado de 16 funciones, entre las que se destacan el diseño de las actividades, operativos y demás acciones policiales y la aprobación de los manuales de operaciones de las direcciones generales. Igualmente se propone que conozca de la ejecución presupuestaria, plantee al ministro de Seguridad la creación de nuevas unidades y reformas a la ley policial.
Al CEP se le propone que haga el sistema de regulación del uso de las armas reglamentarias. Las propuestas de ascensos, según el proyecto de ley, deben ser evaluadas por el Consejo Estratégico Policial.
Es así que el CEP desarrollaría estas funciones que actualmente le competen al director general de la Policía Nacional.
Según el artículo 97 de este anteproyecto, el actual director general de la Policía seguirá funcionando con la misma organización y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Policía hasta el 27 de enero de 2014, es decir hasta que inicie el período del nuevo gobierno.
Inteligencia
Una innovación del proyecto es la creación de la Dirección General de Inteligencia Policial (DGIP),
cuya misión será la de reunir, sistematizar y analizar la información que se refiera a las actividades del crimen organizado e, incluso, del crimen común.
Para ello, la DGIP deberá crear el Manual de Inteligencia que deberá ser aprobado por el Consejo Estratégico.
La inteligencia o información lograda por esta dirección deberá de ser proporcionada a la Dirección de Investigación y el Ministerio Público.
La información que obtenga esta Dirección General de Inteligencia será usada de forma exclusiva para la investigación de delitos y se prohíbe buscar datos de personas por su orientación política, sexual o raza que nada tengan que ver con la averiguación de casos.
Por concurso
La Ley Orgánica de la Policía Nacional establece que los jefes y subjefes de las direcciones nacionales se nombran por el ministro de Seguridad a propuesta del director general, pero el proyecto de la nueva norma fija que la selección de este personal será en base a concurso.
Los directores y subdirectores serán nombrados por tres años, pero serán sometidos a una evaluación anual que deberán de pasar con un
mínimo de 90 por ciento, porque de lo contrario serán separados, según el proyecto.
Cuando un director general tenga una evaluación superior al 95 por ciento, podrá optar a ser reelegido por tres años más.
Ascensos por méritos
Mientras la presente Ley Orgánica de la Policía concede ascensos y nombramientos en base a antigüedad y algunos méritos por estudios, el proyecto de la nueva ley ordena que la escogencia de oficiales para cargos y rangos sea mediante un concurso.
Cada cinco años y habiendo culminado algunos cursos, un oficial tiene opción a solicitar el ascenso de rango.
Pero el proyecto de ley “privilegia la oposición de antecedentes y la idoneidad, frente a la antigüedad”.
Otro requisito que se impone en el anteproyecto para los ascensos es que el aspirante haya superado las pruebas del polígrafo y toxicológicas.
Elimina el acuartelamiento
Se estructura administrativamente la Secretaría de Seguridad en su condición de órgano político bajo cuya dirección opera la institución policial, se menciona en la exposición de motivos. “No obstante, se introducen los recaudos que garanticen que sus titulares (jefes policiales) no podrán actuar caprichosamente con relación al ramo estrictamente policial”, dice.
El artículo 11 de la propuesta de ley dice que “se prohíbe el régimen de acuartelamiento en la Policía Nacional”, lo que indica que se eliminaría la concentración de efectivos en postas o cualquier tipo de instalación policial.
Esta disposición busca que “en las zonas urbanas y rurales, la vigilancia y patrullaje serán permanentes durante las 24 horas en calles barrios, colonias y caseríos”. “No obstante, en circunstancias especiales debidamente calificadas por la Secretaría de Seguridad, los agentes policiales podrán ser concentrados en sus respectivas unidades por el tiempo estrictamente necesario”, reza el proyecto.
Comunitaria
En el anteproyecto de ley se establece el Régimen de la Policía Comunitaria a fin de que la sociedad tenga el derecho de participar en la planificación del servicio que brinda la Policía Nacional.
“Se entenderá por Régimen de Policía Comunitaria el conjunto de reglas que promuevan la participación del servicios policial bajo los principios de proximidad, colaboración, solidaridad, participación ciudadana, trasparencias, derechos humanos y equidad de género”.
El servicio policial deberá ser continuo e ininterrumpido durante todo el año y para ese fin el personal policial se deberá organizar racionalmente, dice el anteproyecto. Con relación al reclutamiento, el proyecto de ley dice que se hará mediante convocatorias públicas para participar en un proceso de formación de un año en los centros de entrenamiento de la Policía Nacional.
El documento también contempla que los policías, tanto de la escala básica como de la cúpula, solo deberán de dedicarse a sus funciones de seguridad, por lo que se les prohíbe tener negocios y empresas privadas.
“Es incompatible la prestación del servicio policial con cualquier actividad remunerada pública o privada. Los miembros de la Policía se dedicarán exclusivamente a la prestación del servicio policial”, dice el texto del documento. Muchos policías son dueños de haciendas, empresas de transporte o tienen otra actividad paralela que les generan ingresos extras.
Gabinete
Como nueva figura del anteproyecto también destaca la del Gabinete de Seguridad, una instancia que servirá para elaborar planes estratégicos entre la Policía Nacional y algunos operadores de justicia.
Esta instancia propondrá los procedimientos, técnicas, metodologías y demás mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones.
Los miembros de Gabinete de Seguridad serían el ministro de Seguridad, el fiscal general, el presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y los directores generales de la Policía Nacional.
Elimina al Conasin
Mientras el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin)
funciona como el órgano de planificación de las políticas de seguridad del Estado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el proyecto de la nueva ley de la institución la desaparece y en su lugar plantea la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conaseci) para ese tipo de funciones y otras establecidas en la propuesta de la norma.
El Conaseci igual fungirá como instancia de formulación de estrategias de seguridad y la evaluación de la ejecución de las políticas públicas en ese ámbito, como actualmente lo hace el Conasin.
Es función del Conasin supervisar el procedimiento de nombramiento de directores de la Policía Nacional y el Conaseci haría lo mismo en el nuevo procedimiento, pero también constará que se cumpla con el nuevo régimen de ascenso de rangos y otros puestos.
Por tal razón, el Conaseci sería el vigilante que para que los “nombramientos y ascensos se hagan de conformidad con el sistema de concursos establecidos en el anteproyecto de ley” y “que las direcciones de las policías sean ocupadas por los oficiales que hayan aprobado el proceso de selección correspondiente”. El Conaseci deberá, de acuerdo al anteproyecto, garantizar que el servicio policial se preste enmarcado en el Régimen de Policía Comunitario.
Por esa razón, ese Consejo tendría que formular el plan de participación ciudadana en la seguridad pública, promover la organización de las instancias departamentales y municipales de participación ciudadana en la seguridad pública en las que intervendrán la Policía, los vecinos de los barrios, colonias, aldeas, caseríos”.
Respecto a los integrantes del Conaseci, varía un poco con relación a los que forma el Conasin.
El ministro de Seguridad siempre será quien presidirá el organismo y también se mantendrán otros como el fiscal general y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Quienes figuran en el Conasin pero no en el Conaseci son los representantes de la empresa privada, de organizaciones obreras, campesinas y de mujeres.
Igualmente se presentan como miembros del nuevo órgano al secretario de Interior y Población y representantes de organizaciones municipales de seguridad ciudadana, que no tienen representación actualmente en el Conasin.
+ Escalofriante relato del asesinato de universitarios y corrupción policial
Despido
En el anteproyecto de la Ley de la Policía, en su capítulo 10, se establecen algunas disposiciones finales y transitorias y varias tienen que ver con la continuación del proceso de depuración.
Por ejemplo, en el período de un año, luego de la vigencia de la norma, todo el personal de la Policía Nacional deberá someterse a las pruebas de confianza, de lo contrario serán despedidos.
Esto representa casi una continuidad del decreto 89-2012 de depuración de emergencia de la Policía Nacional mediante la cual se ordena hacer este tipo de pruebas de confianza a los miembros de la entidad.
Las pruebas de confianza son realizadas por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Asimismo se ordena que los policías tengan que probar el origen de sus bienes y el de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y acreditar que no están denunciados o procesados criminalmente por actos fuera del servicio para poder continuar en la institución.
Al entrar en vigencia esta ley cesará la relación de servicio del personal que se encuentre actualmente en condición de disponibilidad dentro de la Policía.
Así las cosas, si esta ley fuera aprobada hoy, serían despedidos los 99 policías que la Secretaría de Seguridad puso en calidad de disposición.
Para el manejo transparente de los recursos que capte la Secretaría de Seguridad por multas, tasas, autorizaciones, certificaciones y demás documentos que expida la entidad se constituirá un fideicomiso.
Este instrumento financiero será abierto por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y administrado por un comité técnico.
Otras reformas
La Comisión de Reforma a la Seguridad Pública también presentó al mandatario el anteproyecto de la Carrera Policial, de Reforma a la Ley de Ministerio Público, de la Carrera del Servidor del Ministerio Público, de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, de la Carrera Policial y otra reforma constitucional.
Esta comisión fue creada por medio del decreto 4-2012, para formular propuesta para la reorganización de los operadores de justicia, luego de la presión social que se generó tras la muerte de dos jóvenes a manos de policías en octubre de 2011, uno de ellos hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.
