Después de 14 meses de su conformación, la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) todavía tienen un saldo pendiente por cumplirle a la sociedad hondureña.
Este grupo de trabajo, creado mediante decreto legislativo 4-2012, es producto de la presión social al gobierno de Porfirio Lobo Sosa para que tomara medidas serias en la lucha contra inseguridad que en ese momento arrojaba una tasa de 85 homicidios por cada cien mil habitantes, equivalente a una violencia espantosa.
A esta comisión se le dio la responsabilidad de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública que incluye la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, así como las recomendaciones para la readecuación de la normativa legal relacionada.
El 26 de octubre de 2012 la CRSP entregó al presidente Porfirio Lobo siete propuestas de anteproyectos de leyes: una reforma constitucional para la creación del sistema de selección y evaluación, una propuesta de ley de la Policía Nacional, de una Ley de la Carrera Policial, propuso reformas a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, reformas a la Ley del Ministerio Público y, además, planteó la ley de la carrera del servidor del Ministerio Público, así como reformas a la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Policial. Este es todo su trabajo conocido.
Frustración
Pensar que la situación de violencia en el país va a cambiar solamente con leyes es un error, es cierto que se requiere de ellas, pero más que eso es necesaria una voluntad, una estrategia definida y una valentía de los operadores y de los involucrados para que las cosas funcionen, dijo Carlos Hernández, presidente de la organización civil Transformemos Honduras.
“Es prácticamente lo que nosotros hemos cuestionado a la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública. La sociedad tenía mucha confianza al inicio de que esta comisión iba a dirigir el proceso de seguridad, sin embargo, los comisionados entendieron su papel como de diseñadores de más leyes. Presentaron siete propuestas más que, lamentablemente, no han sido acompañada de la voluntad del pueblo, y el Ejecutivo se ha mostrado indiferente, igual que el legislativo”, añadió.
Es lamentable porque esta “Comisión de Reforma le cuesta al Estado una gran cantidad de recursos” y no es este grupo de trabajo que está dirigiendo todos los esfuerzos de transformación del sistema de seguridad en el país.
Las organizaciones de la sociedad civil varias veces han cuestionado el enfoque de la CRSP solo en el diseño de leyes, cuando Honduras ya tiene muchas. “En Honduras las cosas no se resuelven solamente con leyes, se resuelven también con la voluntad política y decisión para hacer las cosas”, manifestó.
Hernández recordó que esperando el trabajo de la CRSP durante un año no ha existido depuración. “La Comisión de Reforma ha tenido un rol muy pasivo, lamentamos eso. Nosotros esperábamos más por su composición, ya que cuenta con dos expertos internacionales, cuya presencia también ha sido casi invisibilizada, no sabemos cuál es el aporte que está dando el general (Aquiles) Blu”.
También se desconoce el aporte del señor Adam Blackwell, a quien “ahora lo vemos involucrado en un proceso de la tregua de las maras. Ahí ha estado más visible, sin embargo, no se le ha visto su rol en la Comisión de Reforma; quizá su rol no está definido, quizá el rol de los internacionales fue impuesto, hay muchas dudas, lo que sí podemos decir es que el rol de la Comisión de Reforma no ha sido como la sociedad hondureña en su momento lo esperaba”.
Mientras sus miembros sigan con esa actitud pasiva, la CRSP seguirá ahí, sin asumir un rol activo y protagónico en todo el proceso de reforma de la seguridad en el país. Por el momento ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni la Secretaría de Seguridad toman en consideración sus propuestas, cuestionó Hernández.
Propuestas empantanadas
Para la socióloga Mirna Flores, hay que entender el contexto en el que se creó la CRSP, donde se estaba buscando salida a la crisis de la policía, que envuelve a todo el sistema de justicia, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia.
Ella también es del criterio que no ha existido voluntad política para atender las propuestas que se han generado desde la Comisión de Reforma.
“Son propuestas que se quedaron empantanadas en el Ejecutivo y no fueron discutidas; también se elevaron al Legislativo, pero tampoco ahí ha habido una respuesta”.
Por otro lado también se percibe que los miembros de esta comisión no han realizado un acercamiento a la ciudadanía para buscar el respaldo y así impulsar su trabajo propositivo, algo que le fue delegado y no ha podido cumplir, señaló Flores.
De acuerdo con Flores, en el país se crean comisiones, pero no existe voluntad política para echar andar los resultados de estos grupos de trabajo. Por tal razón el Ejecutivo ha estado opacado en las iniciativas para mejorar la seguridad.
Lo único que desde Casa Presidencial se hace cuando no funcionan las cosas es la remoción de cargos, de las personas, pero no tienen una política clara que defina las respuestas que exige la inseguridad, lo que aprueban son acciones reactivas, creación de comisiones, pero no hay respuestas de mediano y largo plazo a problemas que son estructurales, reflexionó.
El Congreso Nacional aprobó reformas, pero en este país las leyes abundan y los problemas no se resuelven. La violencia sigue. La reducción, según el observatorio de la violencia, es mínima.
“La salida de los militares a las calles no ha resuelto el problema. Imagínese, les aprueban mil plazas nuevas, ¿qué significa eso?, que recursos que deberían ser destinados a la seguridad pública están siendo destinados a reforzar la militarización en este país”.
La salida a los problemas de seguridad pública ahora pasa por la remilitarización, y eso es porque todavía “no vemos una Policía que levante cabeza, no vemos ni siquiera un liderazgo policial que diga nosotros asumimos nuestra responsabilidad en la seguridad de la ciudadanía, tampoco vemos un liderazgo civil”, añadió Flores.
48 millones solicitó la CRSP para 2013
Para operar este año, la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública solicitó un presupuesto de 48 millones de lempiras.
Extraoficialmente, EL HERALDO conoció que el año pasado su presupuesto aprobado fue de 43 millones, pero el gobierno no le traspasó todos los fondos. En el 2012 el gasto en que incurrió esta comisión fue de aproximadamente 25 millones de lempiras, en pago a los tres comisionados, salario del personal y cancelación de alquiler del edificio donde opera.
El salario de cada uno de los hondureños miembros de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública es de 9,000 dólares mensuales, equivalente a 180 mil lempiras.
Según se conoció, el salario del asesor chileno Aquiles Blu lo paga el gobierno de Chile y en cuanto al asesor canadiense Adam Blackwel se lo cancela la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual forma parte como secretario de Seguridad Multidimensional.
EL HERALDO buscó en su oficina a los tres comisionados nacionales, para conocer sobre estoy y otros detalles, sin embargo, no se les encontró en su puesto de trabajo a pesar de que ya eran las 10:00 de la mañana.
Incluso a dos de ellos se les llamó a sus teléfonos móviles y a sus residencias y resultó imposible contactarlos.
