En caso de crímenes graves como asesinato, homicidios o extorsión sí es necesario que un menor sea juzgado como adulto cuando ha tenido participación directa en estos ilícitos, según el analista jurídico Raúl Pineda Alvarado.
“Bajar la edad punible por sí no resuelve nada, pero en algunos casos sí habrá que hacerlo y tratar que en ciertos casos los menores sean sometidos al mismo juzgamiento que los mayores de edad”, consideró.
La opinión de Pineda surge luego de que EL HERALDO revelara la alta incidencia de infracciones cometidas por menores de edad.
De acuerdo a datos oficiales del Poder Judicial, del 1 de enero de 2009 al 25 de octubre de 2013 se registran acciones judiciales contra 6,835 menores de edad por estar involucrados en diversos delitos, entre ellos el robo, homicidios, tráfico de drogas, portación ilegal de armas, violaciones y extorsión.
Son los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia quienes manejan los procesos, dictando medidas de internamiento en centros especiales para menores en los casos que exista la comprobación del hecho delictivo.
Existen iniciativas que plantean reformas a la ley para reducir la edad punible. Es decir, que los mayores de 16 años puedan ser juzgados como adultos.
El Código de la Niñez y Adolescencia
estipula que los menores de 12 años no pueden ser juzgados de ninguna forma y a los que tienen de 12 a 18 años solamente se les puede tipificar sus acciones contra la ley como infracciones, cuya pena de internamiento no puede ser mayor de 8 años en caso de faltas graves.
“En algunos casos sí, la mayor parte de los delitos en los que se ven involucrados menores son en extorsión porque es un fenómeno versátil, por lo que la legislación tiene que irse acomodando a situaciones particulares”, remarcó.
Pero antes de que se haga alguna reforma legal para someter a juicio a los infantes es necesario reconstruir los cuatro centros de internamientos que existen para esta población que incurre en faltas, recomendó el jurista.
Aplicar las modificaciones para que los menores respondan ante la ley como adultos podría ser un disuasivo contra el reclutamiento de infantes que hacen bandas de delincuentes.
El director del
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), Felipe Morales, dijo que por lo menos unos 200 menores han sido acaparados por criminales
para que participen en extorsión, uno de los delitos que más afecta a la sociedad.
No es la solución
Pero reducir la edad punible no es adecuado, dice el fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP), Rigoberto Cuéllar.
“Tomar una decisión de carácter político-criminal, sin que en realidad se compruebe la magnitud del problema, creo que no sería lo más adecuado”, manifestó el adjunto.
Por otro lado, argumentó que muchas veces en el país se confunde el término de minoría de edad con impunidad.
“Eso no es así, si bien es cierto se juzgan en tribunales especializados y los centros de detención y las normas de internamiento son distintas en un menor que en un adulto, no significa que el hecho de ser menor de edad implica carta libre para delinquir sin ningún tipo de responsabilidad”, expresó.
“En ese sentido yo abonaría manifestando que al igual que ocurre con los delitos de adultos, lo verdaderamente importante no es la sanción que se impondría, es decir la cantidad de años que podría estar una persona recluida, sino que efectivamente se impongan”, agregó.
Además, existen convenios internacionales que tendrían que ser denunciados por el Estado, si pretende reducir la edad punible.
“No sería fácil un proyecto legislativo de este tipo, porque habría que denunciar varias convenciones y tratados internacionales”, dijo.
Más allá de las restricciones internacionales, recomendó que primero habría que valorar en cuántos tipos delictivos existe efectivamente la participación de menores, que se comprobaría es un número reducido; y por otro lado, analizar que la minoría de edad no es equivalente a impunidad.
“Lo que se requiere es que efectivamente todos los delitos, sea que impliquen menores o mayores de edad, sean efectivamente investigados, juzgados y que las condenas sean efectivamente cumplidas”, remarcó Cuéllar.
Efectividad
En este tema particular resulta imprescindible la relación entre investigación y juzgamiento, dice el funcionario.
“Independiente que se trate de un menor o de un mayor de edad, lo verdaderamente ejemplificante para la sociedad es que entre el momento en que se comete el hecho y se impone la sentencia condenatoria, con la pena correspondiente, transcurra el menor tiempo posible”, refirió.
Lo importante, a su criterio, es que sea efectivo el sistema de justicia penal ante cualquier tipo de actuar delictivo.
“Eso es lo que nos va a permitir reducir en realidad los índices de impunidad”, afirmó. En el MP la Fiscalía de la Niñez es la encargada de conocer las infracciones en que incurren los menores.
Las causas las presenta ante el Juzgado de la Niñez, quien en los casos que ameriten resuelve dictar la medida de internamiento al menor infractor.
