La instalación de la Junta Interventora ha destapado una olla de irregularidades en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
Y es que en apenas dos meses, de los seis por los que fueron nombrados Nívida Hernández, José Dolores Velásquez y Armando Díaz ya se tienen algunos hallazgos de la crisis que azota a la institución.
Gastos excesivos en contrataciones innecesarias, robo millonario de productos donados, proyectos inconclusos, favores a dueños de talleres en la reparación de vehículos y hasta disposición de cajas chicas con montos exagerados son parte de lo encontrado. EL HERALDO tuvo acceso exclusivo a documentación que muestra las irregularidades.
Millonario robo
Uno de los más significativos saqueos es el que ocurrió con los 12,300 medidores de agua que fueron donados por España.
El monto del saqueo oscila entre los 10 y los 12 millones de lempiras y según las pesquisas realizadas en la institución, estos mismos aparatos se habrían colocado en el mercado negro a un monto de 6 millones de lempiras. La denuncia sobre este hecho se realizó ante el Ministerio Público en febrero de este año.
EL HERALDO conoció que los medidores fueron extraídos de un contenedor en el plantel conocido como los “Filtros”, en la colonia Divanna de la capital y eran para desarrollar un proyecto financiado por el gobierno español.
Pese a la denuncia interpuesta en el Ministerio Público, aún no hay deducción de responsabilidades.
El proyecto denominado Aquarum era liderado por Walter Pavón, actual gerente interino del SANAA, y se desarrollaría en el período 2015-2016.
Pavón en este entonces tenía el cargo de encargado de Proyectos Especiales y debía desarrollar Aquarum en 11 ítems que no arrancaron.
La denuncia ya fue interpuesta en el MP y detalla entre líneas que “Con el debido respeto, comparezco ante ustedes interponiendo formal denuncia por el delito de robo, según acompañan documentos para que se investigue el robo de 12,300 medidores de agua potable propiedad del SANAA”, dice el documento al que tuvo acceso EL HERALDO.
El documento tiene fecha de recibido con el sello del Ministerio Público el 14 de abril del 2015 a las 11:17 AM.
Cabe resaltar que la voz de alarma en este robo se dio el 27 de febrero, cuando mediante un memorándum Dennis Figueroa, jefe de la Unidad de Vigilancia, notificó que “debido a la pérdida de 12,300 medidores, me encargo de comunicar que en la vigilancia no hubo información efectiva porque no se terminó de contar la cantidad exacta de lo que venía”, detalla el documento.
Además, menciona unas líneas más adelante, que la persona encargada de contar los medidores era Ada Dinora Espinoza, quien “dijo que había demasiado sol, estando presente el vigilante Moisés Pereira en el momento del inventario”, por eso no se tuvo el dato exacto.
En otra comunicación interna se obtuvo una respuesta de parte del Carlos Hernández, gerente de la División Metropolitana, quien señaló que “una vez que la Unidad de Bienes Nacionales tenga en su poder la información solicitada, esta deberá proceder a la investigación”.
Otro de los extremos que conoció este rotativo es que Paola Maldonado era la persona encargada de cuidar el cargamento y al percatarse de la pérdida emitió una denuncia ante la ya desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
Ambos, Walter Pavón y Paola Maldonado, fueron ratificados por la actual Junta Interventora, uno como gerente interino y la dama como asistente de Gerencia.
EL HERALDO buscó a Pavón para obtener una reacción sobre los señalamientos, pero no contestó las llamadas telefónicas que se le hicieron. Posteriormente, el departamento de Relaciones Públicas indicó que el funcionario no daría entrevistas.
En el caso de Maldonado, se consultó sobre su paradero en la dependencia, pero el departamento de Relaciones Públicas del SANAA aseguró que ella no estaba autorizada para brindar declaraciones.
Robo en servicios mecánicos
Se conoció también que fugas de dinero salían de la institución en trabajos mecánicos ejecutados por órdenes directas sin seguir parámetros legales.
Tal es el caso que una de las primeras disposiciones de la Junta Interventora fue suspender este tipo de servicios en talleres externos a la institución.
Y es que solo en 2014, en la flota de 541 unidades que posee el SANAA se gastaron unos cinco millones de lempiras y para julio de este año el monto rondaba en tres millones de lempiras.
Ante esto y para saldar una deuda pendiente, la Alcaldía Municipal se encargó, hace dos meses, de proveer al taller de la institución los materiales y parte de la mano de obra para ejecutar los trabajos de manera interna en el plantel de la Divanna.
Saqueo en cajas chicas
En el informe preliminar al que tuvo acceso EL HERALDO también se documentó que al asumir la junta interventora, en la institución habían 13 cajas chicas por montos de 50 mil lempiras cada una y un estimado mensual de 650 mil lempiras.
El dinero era reembolsable cada vez que los fondos se agotaban, muchas veces sin el sustento en facturas que exigen las leyes internas de la institución.
Este extremo fue confirmado por la presidenta de la Comisión Interventora, Nívida Hernández, quien explicó que ahora solo hay tres cajas chicas por un monto de cinco mil lempiras justificadas.
Servicios profesionales
La Junta Interventora descubrió que en la administración pasada de Luis Eveline se creó la figura de contrato por servicios profesionales.
A la fecha, la Junta Interventora se encargó de pagarlos para no incurrir en delitos, pero posee en su poder cinco casos en los que los trabajos no fueron ejecutados y tampoco hay informe alguno que detalle el tipo de servicios que prestaban.
Esta figura ya fue abolida por la actual interventora, que investiga el porqué de las contrataciones externas para trabajos que el personal del SANAA podría desarrollar.
La Junta Interventora encontró que para calcular el pago de prestaciones, las administraciones anteriores se apoyaban en una fórmula hecha en una hoja de cálculo de Excel que aumentaba el valor en más del 50 por ciento, bajo este beneficio se le calculó prestaciones a los 220 empleados despedidos en enero de 2015. Se detectó que con el irregular cálculo, la suma de prestaciones para los 2,300 empleados que tiene el SANAA, la cifra ascendería a 4,800 millones de lempiras, cuando el cálculo correcto sería de 2,100 millones de lempiras.
Igualmente se detectó una sobrecontratación de trabajadores ya que para dar servicio a cada conexión del SANAA se necesita un promedio de 6 empleados por cada cuadrilla, sin embargo, en la zona central indica que en cada una de ellas hay 18 empleados trabajando de manera simultánea.
