Tegucigalpa, Honduras
El gobierno de Honduras tiene en su poder la propuesta del sector privado para mejorar el sistema eléctrico y la sostenibilidad financiera de la ENEE.
El documento fue entregado en la Mesa Sectorial de Energía al representante gubernamental Roberto Ordóñez. EL HERALDO tuvo acceso al documento, en donde se expone la situación de la industria eléctrica del país y las posibles soluciones.
Una de las propuestas de la iniciativa privada es la aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) para liberalizar el mercado hondureño.
La LGIE entró en vigencia a mediados de 2014 y las acciones aprobadas han sido implementadas a medias y es la parte tarifaria la que mayor desarrollo observa.
Según la propuesta empresarial, México aprobó la ley de la industria eléctrica a finales de 2016 y su implementación ha sido en tiempo récord.
En Centroamérica el mejor ejemplo de liberalización del mercado eléctrico es Guatemala, quien en 1996 promulgó la Ley General de Electricidad (LGE).
Elsia Paz, presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), considera que la LGIE es el marco legal necesario para democratizar el mercado eléctrico de Honduras.
Agrega que es oportuno la participación privada para que el sector eléctrico pueda alcanzar la sostenibilidad financiera, entre ellas la recuperación de la ENEE. La propuesta privada busca incorporar nuevos actores en el tema de distribución y transmisión, lo que limita el crecimiento de los generadores al verse obligados a vender su energía a un solo comprador, o sea a la ENEE.
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El mercado eléctrico
El documento del sector privado expone una serie de recomendaciones que el gobierno debe agilizar.
La primera es la creación y fortalecimiento y operación de las instituciones involucradas. La ENEE ha creado tres empresas -distribución, transmisión y generación- que son parte de un holding.
Según el documento, una condición básica es complementar la escisión de la ENEE para lo cual debe darse la separación jurídica, operativa, contable, presupuestaria y de activos de las empresas.
Se sugiere que la distribución sea separada en más de una empresa, atendiendo a criterios técnicos, económicos y de eficiencia, de manera que puedan competir por la excelencia operativa.
Además plantean la emisión de los reglamentos y normativas para crear las condiciones para el funcionamiento de la LGIE.
El sector privado considera que la Secretaría de Energía, la que está a cargo de Roberto Ordóñez, debe elaborar un plan con una ruta crítica para la implementación de la Ley de la Industria Eléctrica.
Agregan que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) deberá elaborar un plan de ruta para la implementación de la emisión de la reglamentación y normativa derivada de la LGIE.
También piden el fortalecimiento institucional de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, garantizando su independencia técnica, financiera, administrativa y política.
En cuanto a la ENEE, proponen una serie de acciones para mejorar sus indicadores financieros.
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