Economía

Congreso Nacional aprueba segunda reforma a tasa de seguridad en Honduras

Corrigen dictamen que eximía a los bancos de cancelar la aportación temporal. La Ley de Seguridad Poblacional, decreto número 105-2011, fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 8 de julio de 2011 y su primera reforma fue el 1 de octubre de 2011.

26.04.2012

En un acalorado debate entre izquierdistas del partido Unificación Democrática y los diputados de la comisión dictaminadora, el Congreso Nacional finalmente aprobó anoche las interpretaciones y reformas a la polémica Ley de Seguridad Poblacional (decreto 105-2011).

La controversia se generó entre el diputado Marvin Ponce (UD) y el nacionalista Antonio Rivera Callejas, quienes asumieron posiciones extremas, el primero al asegurar que las interpretaciones reformaban la Ley de Seguridad Poblacional en beneficio de los bancos y de los ricos de este país.

En tanto, Rivera Callejas defendió que las “aclaraciones” lo que vienen es a beneficiar a los pequeños y medianos productores, y a aquellos usuarios del sistema bancario que así como está redactada la ley eran afectados doblemente en sus transacciones. Ponce indicó que los banqueros vinieron a ponerle las “botas” a la comisión de dictamen porque se niegan a pagar esta tasa de seguridad, a lo que el dictaminador German Leitzelar (Pinu-SD) le indicó que ni los militares en tiempos de la guerra fría le habían puesto las botas.

La discusión de estas reformas empezó la noche del martes, pero por la fuerte oposición de los diputados liberales se suspendió para revisar los puntos discordantes y darle una nueva redacción. En el ínterin, varios diputados liberales denunciaron que el primer borrador de dictamen beneficiaba al sistema financiero, que dejaría de aportar a la tasa de seguridad cerca de 400 millones de lempiras anuales.

Tras los cambios, el dictamen corregido fue sometido a la discusión y aprobación en la sesión de anoche. Según el diputado German Leitzelar, las interpretaciones se hicieron para que los bancos no cometan abusos contra los usuarios y sean agentes recaudadores en forma correcta.

Con relación a las transferencias electrónicas, indicó que estas quedaron como estaban establecidas en la ley, solo que se interpretó que no son gravables las transferencias de una misma cuenta en el sistema financiero. Tampoco es gravable la compra de dólares, ya sea en los bancos o en subastas del Banco Central, pero sí es aplicable el gravamen cuando estas divisas son utilizadas para la importación o exportación.

El presidente de la Comisión de Presupuesto II, Francisco Rivera, indicó que las interpretaciones solo benefician a los que menos tienen porque no se está castigando el ahorro de las personas naturales, solo a las personas jurídicas que tengan cuentas de ahorro y de cheques arriba de 120,000 lempiras.

En el dictamen se incorporó una interpretación en el sentido de que se exceptúan de gravámenes las municipalidades y algunas instituciones del sector público, así como algunas iglesias calificadas como ONG.

El diputado liberal Yuri Sabá indicó que el documento fue mejorado al quitar ciertas cargas a determinados sectores y a incluir a sectores que en el documento original se estaban eximiendo.

Transparencia

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Aline Flores, exigió un uso eficiente de los ingresos que se capten vía Ley de Seguridad Poblacional.

“Se espera que todo lo que se genere por concepto de la tasa de seguridad sea utilizado de la manera más efeciente posible”, expresó. También desean el fiel cumplimiento de esta legislación y que fructifiquen en una reducción a los índices de criminalidad.

Recordó que el Cohep posee dos representantes en el fideicomiso que administrará los recursos procedentes de la tasa de seguridad para dar credibilidad a este proceso.

“Aspiramos que mediante esta normativa permita que la seguridad y la paz lleguen a Honduras y a nuestra gente”, anheló la dirigente empresarial.

Según Flores, el papel desempeñado por la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) ha sido el de negociar y buscar la manera de que el país no pierda competitividad y que se logre captar el monto proyectado en la Ley de Seguridad Poblacional.

Es del parecer que en la medida que se brinden y se creen fuentes de trabajo se le restará recurso humano a la delincuencia.

El empresario Antonio Tavel Otero expresó que aún hay temas de la Ley de Seguridad que deben ser aclarados. Creo que el Congreso Nacional ha hecho lo posible por aclarar esta situación y que mediante la vigencia de la norma se despejarán las dudas existentes.