Elecciones en Honduras

Mujeres en lucha por la inclusión política en Honduras

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16.11.2017

Tegucigalpa, Honduras
Históricamente relegadas, las mujeres hondureñas poco a poco han ido ganando espacios, desafiando poderes y alcanzando posiciones. Pero la meta de ocupar posiciones respecto a los hombres aún tiene mucho camino que recorrer.

La concesión a partir de 2017 del 50 por ciento de participación en cargos de elección fue precedida de un ambiente en el que prevaleció más el interés de quedar bien con ellas que el sincero deseo de incorporarlas de lleno en las planillas de candidatos.

En el Reglamento de Paridad con Alternancia aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) -que entró en vigencia en las elecciones primarias del 12 de marzo de este año- se les faculta a los partidos políticos colocar en las primeras posiciones de las planillas de diputados a hombres o mujeres, según su conveniencia.

“En los departamentos de 3 o más diputados la alternancia será exigida a partir de la 3, 4 o 5 posición”, dice el reglamento.

“La alternancia se exigirá a partir de la posición que se indica hasta el final de la nómina o planilla o hasta que uno de los dos sexos ocupe todas las posiciones que le corresponden”, añade.

“Las planillas están con un 50 por ciento, pero las mujeres van de la quinta posición en adelante y así no salen, no son elegibles”, dijo a EL HERALDO Socorro Torres, coordinadora de Mujeres Interpartidarias.

Para la parlamentaria por el Pinu, Doris Gutiérrez, los políticos les dieron “atol con el dedo” a las mujeres porque los líderes de las corrientes mayoritarias que participaron en las primarias lo que hicieron fue poner hombres en las primeras posiciones de diputados.

Papel en el mundo
En otros países las damas han alcanzado posiciones importantes en el engranaje administrativo del Estado, pero aún así “la representación equitativa e igualitaria de las mujeres continúa siendo un desafío a nivel mundial”, según Isabel Torres García en su estudio “Violencia contra las mujeres en la política”.

Esta misma investigadora habla de 11 mujeres que son actualmente jefas de gobierno y 53 que presiden parlamentos o cámaras legislativas en el mundo.

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Presencia en Honduras
A partir de 1954, cuando se les concedió a las mujeres hondureñas su derecho a elegir y ser electas, solo dos han logrado convertirse en candidatas presidenciales (Nora de Melgar, 1997, y Xiomara Castro, 2013), pero no alcanzaron ser presidentas.

Donde sí han logrado posiciones relativas las féminas es en el nivel del Congreso, alcaldías, vicealcaldías, regidurías y Parlamento Centroamericano. Para el período 2002-2006 tuvieron una participación en el Congreso de un 7 por ciento, porcentaje que subió a un 24.2 por ciento para el período 2006-2010. Su presencia disminuyó a un 19.5 por ciento en 2010-2014 y subió a un 25.8 por ciento para el período 2014-2018.

Según la Red de Mujeres Interpartidarias y el Observatorio Político de las Mujeres, en las primarias del 12 de marzo, en las que participaron los partidos Nacional, Liberal y Libre, resultaron candidatas electas 893 mujeres para las planillas municipales (alcaldesas, vicealcaldesas y regidoras). Esto representa el doble de las electas en las primarias de 2012 en los mismos partidos.

Para los comicios que vienen, una mujer, Marlene Alvarenga, aspira a ser presidenta de la República, 640 van tras una curul en el Congreso Nacional, 95 mujeres buscan dirigir alcaldías, 219 vicealcaldías y 519 están inscritas para regidoras, según la misma Red.

Comparado con el proceso anterior, la participación de las mujeres para esta contienda aumentó en un 88.7 por ciento, pero la mayoría no ocupa las primeras posiciones.

Con ocasión de las reformas electorales de 2004 se reguló un 30 por ciento obligatorio de participación de las mujeres en las planillas de candidatos, porcentaje que fue aumentado a un 40 por ciento para los comicios primarios de 2012 y de un 50 por ciento para las generales que vienen.

Las mujeres se quejan de que el Estado no ha cumplido con el artículo 104 relativo a la paridad de género que ordena “transferir anualmente a los partidos políticos un monto equivalente al diez por ciento de la deuda política que le corresponde a cada uno”, a efecto de utilizarlos “exclusivamente para la capacitación y promoción política de las mujeres”.

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