Negligencia: Falta de pago en la administración de Aldana frenó Villa Solidaridad

Tegucigalpa, Honduras.- Negligencia. Esa palabra explica por qué el proyecto de Villa Solidaridad y la restauración del Palacio Municipal sigue inconcluso. La Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN), al frente de las obras, suspendió la continuidad debido a la falta de pagos.

Este equipo de investigación —a través de un reportaje titulado: "Alcaldía premió con dos contratos a empresa que dejó inconclusa Villa Solidaridad)— documentó cómo la Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN) fue beneficiada con contratos municipales mientras el proyecto habitacional Villa Solidaridad quedaba a medio construir.

La empresa obtuvo un contrato el 9 de junio de 2023 para construir 105 viviendas del proyecto Villa Solidaridad. Cinco días después firmaron otro documento para la pavimentación de una calle valorada en 2.9 millones en la colonia Nueva Suyapa. Mientras que en 2024, cuando debían entregar las casas para los afectados por una falla geológica en la colonia Guillén, obtuvieron un tercer contrato para restaurar el Palacio Municipal.

De los tres proyectos, la empresa solo concluyó uno, corroboró este equipo durante un recorrido por las zonas de construcción. Sus representantes declinaron hablar públicamente. Sin embargo, fuentes cercanas a la empresa —que pidieron el anonimato— dijeron que “no fue falta de maquinaria ni de personal”.

Una de las fuentes, quien trabajó de cerca con la compañía y con la alcaldía desde el 3 de julio de 2023, habló en primera instancia de Villa Solidaridad, quien aclaró que “se detuvo por diseños imprecisos y por dinero”.

Si se reconstruye el calendario conforme a los plazos establecidos en las especificaciones municipales —propiedad del terreno, estudios de suelo, sistema eléctrico y desembolsos—, los retrasos se acumularon desde el inicio.

El primer obstáculo, según la fuente, fue la titularidad del predio donde empezaron a ejecutar el proyecto. “No toda la propiedad era de la municipalidad y tuvieron que lograr la conciliación con el dueño del terreno. Eso retrasó la obra de ocho a diez meses”, explicó.

A la incertidumbre legal se sumaron problemas técnicos. La fuente aseguró que los estudios de suelo incluidos en la licitación describían un terreno “blando”. La realidad era distinta, ya que cuando metieron la maquinaria se encontraron con “suelo rocoso”, especificó.

“Como el proyecto estaba mal diseñado, hubo que modificar todo lo relacionado al suelo y los sistemas estructurales”, señaló la fuente. Esa discrepancia habría significado seis meses adicionales de ajustes.

Mientras tanto, el proyecto no se paralizó por completo, pero avanzó a un ritmo menor. “Había miedo al riesgo de continuar en la parte que no pertenecía a la municipalidad”, añadió.

El contrato No. 1197/GLA/AMDC/2023 también reflejó irregularidades en el componente eléctrico. Según la documentación revisada por este rotativo, se contemplaba la instalación de postes de madera, pese a que desde 2015 este tipo de estructuras ya no se permite en Honduras para obras de esta magnitud.

El componente eléctrico, además, enfrentó la falta de permisos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), necesarios para completar la conexión formal. La fuente afirmó que la empresa tuvo que reemplazarlos por postes de concreto, lo que elevó el costo del proyecto.

“El tema eléctrico no avanzó porque la alcaldía no tiene el permiso de la ENEE para poder tenerlo al 100 %”, explicó la fuente.

Las advertencias, según la fuente que trabajó para la empresa, fueron comunicadas a Benjamín Bustamante, entonces gerente de Ordenamiento Territorial de la alcaldía. “Tuvimos varias reuniones. El problema no era nuestro, sino de la municipalidad”, sostuvo el entrevistado.

EL HERALDO Plus intentó comunicarse con Bustamante para conocer la versión de las autoridades que en ese entonces lideraban la comuna, pero no respondió llamadas ni mensajes.

Parte de la tensión quedó registrada en conversaciones mostradas a este medio, en las que la empresa solicitaba claridad para continuar trabajando el 23 de abril de 2025; al no tener respuesta, decidió parar.

Pero, un mes antes de las elecciones generales de noviembre de 2025, según la fuente, el exfuncionario habría presionado para retomar el proyecto. Dijo que la empresa respondió que necesitaba los pagos pendientes para continuar. “No hubo más que silencio”, aseguró.

De acuerdo con la persona consultada, los desembolsos realizados rondaron entre 18 y 20 millones de lempiras. El avance físico del proyecto, estimó, alcanzó entre el 15% y el 20%. Pero si se incluye el componente eléctrico —que representa un 10% adicional, que no ha sido pagado—, el progreso podría aproximarse al 30%.

En un recorrido por el proyecto, EL HERALDO Plus corroboró que solo hay 10 edificaciones de las 105 viviendas proyectadas. Se abrieron calles, se levantaron muros perimetrales y el terreno fue lotificado. A primera vista, el trazado urbano parecía ordenado.

Algunas de las casas cuentan con sanitarios instalados y techos colocados; otras son únicamente estructuras de bloques sin acabados, sin puertas, sin ventanas.

“Incluso, si la alcaldía hubiese cumplido con los pagos conforme a lo pactado, el proyecto habría llegado al 60 %”, afirmó el entrevistado, al trazar un escenario que, según él, nunca se materializó por la falta de liquidez y las demoras administrativas.

Además, expuso que existe una deuda de 8.7 millones de lempiras a la empresa por este proyecto: “4.7 millones que ya están en una estimación, pero los otros 4 millones son del sistema eléctrico que todavía no lo han contabilizado porque, como no pagaban, entonces se tuvo que asumir. Aclaro que no instaló”.

La investigación de EL HERALDO Plus documentó a través de un recorrido que varias de las viviendas en Villa Solidaridad fueron vandalizadas: había ventanas rotas, paredes manchadas, llavines forzados y mucha suciedad. La fuente consultada confirmó esa versión.

“Sí, hay vandalismo dentro de las viviendas”, dijo; sin embargo, recordó que la empresa no ha estado en el proyecto por mucho tiempo porque representa un costo, aunque la AMDC tiene seguridad. En la visita, este rotativo observó que había dos policías municipales, pero en la zona donde está el material acumulado.

“Muchas veces encontramos muros destruidos, puertas rotas, personas ajenas viviendo dentro. También tuvimos que limpiar orines y heces. Todo eso es un gasto que tuvo la empresa”, describió.

El relato describe un proyecto que, además de enfrentar obstáculos técnicos y financieros, quedó expuesto al abandono progresivo. Cada mes sin actividad —afirmaron las fuentes— incrementaba los costos de reposición y mantenimiento, al punto que el proyecto pasó de costar 117 millones a 140 millones. Esta cifra también aumentó debido a los postes de concreto.

Pese a las fricciones con la administración saliente, la fuente sostuvo que la Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales mantiene interés en concluir Villa Solidaridad, siempre que las nuevas autoridades municipales les permitan continuar y se regularicen los pagos pendientes.

“No quieren señalar a nadie. La empresa busca avanzar, pero todo va a depender del pago”, dijo. Y añadió una precisión que, según él, debe quedar clara: el contrato contemplaba la construcción de 105 viviendas, aunque los damnificados superan las 300 personas; ellos solo cumplirán con lo establecido.

“No todas las personas que perdieron sus casas van a llegar por una nueva vivienda porque en el contrato solo nos pidieron 105. Ahí la municipalidad debe buscar un plan B”, sugirió.

La fuente indicó que, incluso si el acuerdo no se reactiva formalmente, la empresa estaría dispuesta a dejar el proyecto siempre y cuando se le reconozca la inversión que se realizó en el terreno.

Villa Solidaridad no fue el único proyecto que tropezó con los pagos municipales. La restauración del Palacio Municipal —Fase II—, adjudicada también a la Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. mediante el contrato No. 0666/GLA/AMDC/2024, permanece inconclusa.

El edificio, una pieza arquitectónica de estilo neoclásico en el corazón de la capital, continúa con sus puertas cerradas, ventanas destruidas y andamios inmóviles.

En una visita reciente al inmueble, EL HERALDO Plus encontró un proyecto detenido. Polvo acumulado, estructuras a medio intervenir y un silencio aguardan la promesa de un museo interactivo para niños.

Un ingeniero que trabajó de cerca con la empresa atribuyó la paralización a la misma causa que, según otras fuentes, frenó Villa Solidaridad: la falta de pago, pero también habló de trabas por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).

“De los 10.5 millones de lempiras pactados en la licitación (con la AMDC), únicamente se desembolsó el anticipo de 1.5 millones. Después no hubo más fondos”, explicó el profesional, quien pidió reserva de su nombre. Eso los obligó a dejar de trabajar en las obras desde el 2 de abril de 2025.

Aseguró que en el sitio quedó material suficiente para impulsar la obra a un rango estimado de entre el 15% y el 40% de ejecución física, siempre que se reanudara el flujo financiero. “La capacidad técnica y los insumos están; el problema sigue siendo la falta de pago”, resumió.

El proyecto, que inició el 6 de febrero de 2024 y debía entregarse 180 días después conforme al contrato, continúa detenido más de un año después.

La restauración no solo enfrentó limitaciones financieras. Al tratarse de un edificio histórico, el IHAH impuso requisitos técnicos adicionales. Según el ingeniero consultado, la institución solicitó revisiones en la paleta de colores —aún en definición— y exigió supervisión arqueológica en determinadas áreas, ante la posibilidad de hallazgos históricos.

“Se encontraron restos óseos, entre ellos una quijada con dientes, lo que obligó a detener parcialmente ciertas intervenciones mientras se efectuaban análisis”, detalló.

EL HERALDO Plus trató de contactar a las exautoridades del IHAH para conocer la veracidad de los hechos; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Las exigencias patrimoniales, comunes en proyectos de restauración, incrementaron los tiempos y los costos. Pero, de acuerdo con la fuente, la falta de flujo financiero terminó por asfixiar el avance.

El ingeniero relató que, tras un cambio en la gerencia municipal —en referencia a la llegada de Benjamín Bustamante a un cargo clave— los pagos comenzaron a espaciarse, lo mismo que ocurrió en Villa Solidaridad.

“Hubo apenas dos desembolsos adicionales, uno cercano al millón y otro alrededor de dos millones, montos menores frente a las necesidades reales de la obra”, señaló. “Después de eso, el flujo se detuvo”.

Al consultarle por qué la empresa tomó el proyecto cuando la AMDC le debía dinero por Villa Solidaridad, respondió que en ese momento la compañía no había tenido problemas de pago.

Además, recordó que el proyecto fue ganado mediante licitación pública y que la empresa decidió asumirlo motivada, en parte, por el componente cultural del museo infantil proyectado en el inmueble.

“Era un proyecto atractivo, simbólico para la ciudad. Se contrataron artesanos para las piezas de yeso decorativo y se adquirió un ascensor valorado en más de 900 mil lempiras. Todo eso quedó detenido”, explicó.

La fuente afirmó que por este proyecto la comuna le debe a la empresa unos 800 mil lempiras, más el costo del ascensor. Si se suman estos pagos más los ocho millones de Villa Solidaridad y 1.1 millones por la pavimentación de una vía en la colonia Nueva Suyapa, la deuda supera los 11 millones, según el ingeniero.

El ingeniero, que trabajó de cerca con la empresa, detalló que, al igual que con Villa Solidaridad, el contrato por la restauración del Palacio Municipal es “de llave en mano” y que también presenta errores en el diseño, realizado por la misma comuna.

La única obra que la Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. logró concluir durante la administración de Jorge Aldana fue la pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Nueva Suyapa, específicamente en la calle 17 de julio.

A diferencia de Villa Solidaridad y del Palacio Municipal, se trataba de un contrato de menor escala. Según el documento 1202-GLA-AMDC-2023, el proyecto fue estimado en más de 2.9 millones de lempiras.

Sin embargo, incluso en esta obra —ya ejecutada— persisten saldos pendientes. Una fuente técnica cercana a la empresa aseguró que aún se adeudan aproximadamente 1.1 millones de lempiras, pese a que los trabajos fueron finalizados conforme a las especificaciones.

“Hubo un desorden administrativo”, afirmó el entrevistado. “Inicialmente, la municipalidad quería pavimentar las calles C y D, pero no se pudo ejecutar allí porque no existía sistema de aguas negras. Entonces se decidió trasladar el proyecto a las calles A y B, dentro del mismo sector de Suyapa, donde sí había condiciones sanitarias adecuadas”, señaló.

El cambio de ubicación, explicó, no alteró el monto contractual, pero evidenció improvisación en la planificación previa.

EL HERALDO Plus visitó el sector señalado en Nueva Suyapa. En el lugar, ni vecinos ni mototaxistas consultados pudieron identificar formalmente la “calle 17 de julio” por su nombre contractual. Para la mayoría, se trata simplemente de una vía recientemente pavimentada.

La fuente técnica, no obstante, confirmó que la obra se ejecutó en su totalidad: 395 metros lineales de concreto hidráulico, con las especificaciones acordadas. Las fotografías corroboran su versión.

A diferencia de los otros proyectos, aquí no hay estructuras vandalizadas ni excavaciones inconclusas.

La calle existe, está transitable y presta servicio a la comunidad. Pero incluso esta intervención —la única finalizada— quedó marcada por la misma constante que atraviesa los demás contratos: pagos incompletos.