Los hondureños van a las urnas el domingo a elegir a su próximo presidente, con la misma ilusión que acuden cada cuatro años en busca de autoridades que ayuden a resolver los problemas de violencia delictiva, pobreza y desempleo.
A los tumbos
Después de una cadena de gobiernos militares, Honduras volvió por la ruta electoral en abril de 1980, cuando los electores escogieron una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual constitución, vigente desde 1982.
La democracia se restableció a los tumbos con el gobierno del médico rural Roberto Suazo Córdova, del tradicional Partido Liberal (derecha).
Suazo (1982-1986) reconocería años después que fue una 'figura decorativa' y que quienes gobernaban eran en realidad los militares.
Ese gobierno se plegó a la estrategia militar de Estados Unidos en la lucha ante los movimientos armados revolucionarios en los países vecinos, particularmente Nicaragua, donde en julio de 1979 había asumido el poder el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Hondureños que apoyaron al FSLN y la guerrilla en El Salvador fueron capturados, torturados y desaparecidos por escuadrones de la muerte formados por agentes estadounidenses y asesores argentinos, según el informe 'Los hechos hablan por sí mismos' de 1993, elaborado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que situó en 184 el número de desaparecidos.
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Salto al neoliberalismo
Durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), del Partido Nacional (PN derecha), que fue objeto de denuncias de corrupción, Honduras pasó del modelo de sustitución de importaciones al neoliberalismo.
Dejó de lado la reforma agraria como modelo de desarrollo rural, respaldó a las agroindustrias y la dejó flotar libremente a su moneda, el lempira.
El gobierno de Callejas también inició una política de privatizaciones para transferir los servicios públicos al sector privado.
Callejas cayó entre los miembros de la mafia de la FIFA y permanece con libertad condicional en Estados Unidos.
Golpe y polarización
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya dejó una sociedad polarizada, cuyas secuelas persisten.
Zelaya fue derrocado por una alianza formada por su propio Partido Liberal con los poderes del Estado, militares, iglesias y empresarios, que lo acusaban de abrazar el Socialismo del Siglo XXI que impulsaba el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Zelaya comanda ahora la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que postula a la presidencia al periodista Salvador Nasralla.
Pobreza eterna
Con 8,6 millones de habitantes, Honduras es -junto con Nicaragua y Haití- uno de los países más pobres de América Latina. Tiene una población económicamente activa de 45,9% y la tasa de desempleo abierto se ubica en 7,3%, según datos oficiales.
Tras el pasaje del devastador huracán Mitch en 1998, Honduras fue incluida en la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados, a través de la cual los organismos financieros y países acreedores condonaron parte de su deuda, que bajó de 5.000 a 2.000 millones de dólares.
Pese al el compromiso de usar ese ahorro para reducir la pobreza, ésta persiste: 63,8% de los hogares hondureños son pobres y 40% de ellos pobres extremos, según datos del PNUD.
La deuda externa asciende actualmente a 8.392 millones de dólares, según el Banco Central.
Las remesas que envían los emigrados -fundamentalmente desde Estados Unidos- a sus familias tiene una enorme incidencia en la economía del país: en 2016 inyectaron cerca de 4.000 millones de dólares equivalentes al 18,5% del PIB.
Marca mundial en homicidios
Honduras es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, aunque viene bregando para descender una tasa de homicidios que en 2016 se situó, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, en cerca de 60 por 100.000, y el gobierno espera descenderla en 2017 a 45/100.000.
El Banco Mundial ubica al promedio global en 5,3 homicidios por 100.000 habitantes.
El presidente Juan Orlando Hernández asumió el poder en 2014 prometiendo reducir la violencia en el país.
Su gobierno ha buscado reorganizar a los entes de seguridad del Estado y creó la Policía Militar de Orden Público (PMOP) con 5.000 efectivos para combatir la delincuencia, que se financia con un nuevo impuesto -denominado tasa de seguridad- que aporta ingresos millonarios sin obligación de rendir cuentas públicas.
También construyó tres cárceles para encerrar a los pandilleros que desde prisiones obsoletas ordenaban asesinatos, extorsiones y otros delitos.
