Tegucigalpa, Honduras
Una línea de investigación en poder del Ministerio Público (MP) revela que 12 empresas percibieron el pago de 440 millones de lempiras por la venta de medicamentos a 23 hospitales públicos, 20 regiones sanitarias y el nivel central del país.
De acuerdo con estimaciones, la sobrevaloración de medicamentos puede sobrepasar los 200 millones de lempiras, según confirmó a EL HERALDO una fuente ligada a las investigaciones.
Al menos 2,678 productos médicos fueron cotizados en el mercado para constatar la sobrevaloración de los mismos.
El Ministerio Público ya comenzó a hacer las diligencias investigativas del bochornoso saqueo del que fue objeto el sistema sanitario público del país.
Los centros hospitalarios cuentan con independencia administrativa y presupuestaria para llevar a cabo la adquisición de bienes y servicios para la operatividad de los mismos.
“Dentro de la documentación enviada por la Secretaría de Salud y los pagos registrados en la Secretaría de Finanzas existe una diferencia de 440,257,314.56 millones de lempiras”, establece el informe.
Es decir que esta fue la cantidad real que los hospitales otorgaron a las empresas adjudicatarias por la adquisición de medicamentos e insumos.
La investigación involucra a más de 600 empleados de la Secretaría de Salud, entre directores, administradores, tesoreros, jefes de compras, jefes de suministros, asistentes de administración, secretarías y jefes de vigilancia.
Y es que estos funcionarios tienen la potestad legal para conformar comités de compra de medicamentos.
Presuntamente, los más de 600 empleados de Salud salpicados cometieron los delitos de abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
EL HERALDO conoció que el ente acusador solicitó información tanto a la Secretaría de Finanzas como a la Secretaría de Salud para acreditar los hechos denunciados.
En muchos de los centros hospitalarios los funcionarios públicos trascendieron gobiernos y siguieron confabulándose con socios de empresas para venderle productos médicos sobrevalorados al mismo Estado.
Lo que sí se sabe es que las 12 empresas investigadas y otras recibieron el pago por concepto de los insumos médicos.
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En el primer caso fueron favorecidas las empresas Ciprofarma, Distribuidora Rete SA, Inversiones Stella Maris, Corinfar, Medicamentos y Equipos e Insumos y Equipos Dentales, según la investigación del MP.
Estas primeras seis empresas investigadas lograron adjudicarse 1,352 órdenes de compra, siendo la más favorecida Corinfar con 801 órdenes que suman más de 182 millones de lempiras a nivel nacional.
La investigación indica que a través de una comparación de precios con licitaciones públicas efectuadas por la Secretaría de Salud para precios de medicamentos reflejó una sobrevaloración de un 78 por ciento del total cotizado.
Mientras en el global de los insumos y medicamentos se sobrevaloraron en un 50 por ciento.
En varios casos las empresas sobrevaloraron pastillas que actualmente tienen un valor de 12 lempiras y fueron compradas por 101 lempiras la unidad.
“Este porcentaje solo fue por la sobrevaloración de medicamentos y no por los demás insumos quirúrgicos”, aclaró una fuente a EL HERALDO.
Una segunda línea de investigación indica que esta misma práctica de sobrevalorar medicamentos fue utilizada por otras seis empresas.
De acuerdo con la investigación que está en manos del Ministerio Público, se trata de las empresas Hondutex, A.A. Inversiones, Distribuidora Olán Sula, Suprod, Tecnomed y Medicare.
La investigación indica que estos hechos ocurrieron durante el período 2008 y 2015.
Unas de las empresas favorecidas con los contratos alega que están dispuestas a cualquier investigación de parte del Ministerio Público.
Las empresas investigadas vendieron insumos médicos sobrevalorados en los 18 departamentos del país.
Solo en el departamento de Francisco Morazán, a través de la Departamental de Salud, la Región Metropolitana, el nivel central, el Hospital del Tórax, el Hospital Mario Mendoza y el Hospital San Felipe, se adjudicaron más de 65.5 millones de lempiras.
Las adjudicaciones se hicieron de forma directa y sin ninguna competencia, revela el informe.
En otro de los casos, las empresas fraccionaron los costos para evitar los requisitos exigidos por la Ley de Contratación del Estado.
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Otras empresas
En la investigación se logró identificar que otras dos empresas tuvieron participación en los procesos de licitación.
“Se identificó que la empresa mercantil denominada Distribuidora Santa Fe participó en 345 procesos de compra y la empresa Laboratorios Promedic participó en 431 procesos de licitación”, indica la investigación.
Curiosamente, ambas empresas no fueron favorecidas en la adjudicación de contratos de venta de medicamentos.
“Este es un comportamiento irregular que pudo cooperar o facilitar la adjudicación de contratos a grupos de al menos seis empresas familiares que se denunciaron”, dijo a EL HERALDO una fuente ligada a las investigaciones.
Estas empresas se encuentran conectadas con al menos seis empresas investigadas.
Misteriosamente, los procesos de apertura de ofertas presentan sospechas de colusión evidente de oferentes, según el documento.
En las escrituras de constitución de las empresas ofertantes se evidencia la relación de parentesco y participación social entre algunos de sus socios.
El informe revela que seis de las empresas están relacionadas con una sola familia y se vieron involucrados en su constitución un matrimonio y su cuatro hijos. El otro lote de seis empresas fue conformado por un matrimonio y varios socios.
