A pesar del endurecimiento de las penas, los crímenes contra las mujeres no muestran una reducción. Lo que sí es visible es la impunidad.
En el 2013 el Legislativo aprobó la reforma del artículo 118 B del Código Penal, aprobando una pena de 30 a 40 años para quien cometa femicidio.
La centralización de la información de la violencia por parte de la Secretaría de Seguridad ha obligado a otras entidades a buscar datos extraoficiales.