Una misión contra la corrupción y la impunidad llegará al país para acompañar y fortalecer el sistema de justicia hondureño.
El organismo ayudará al Estado de Honduras a cumplir los compromisos internacionales adquiridos contra la corrupción y a fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.
Ayudará a mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado que trabajan en la materia, a impulsar reformas al sistema de justicia hondureño y a fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad civil.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció ayer en Washington, DC, Estados Unidos, la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
+ Descargue: DOCUMENTO OFICIAL: Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)
La estructura anticorrupción incluye la propuesta de reforma al sistema de justicia hondureña entregada por el organismo al presidente Juan Orlando Hernández como resultado del diálogo nacional contra la corrupción.
Dicho proceso fue dirigido por la OEA a través del experto chileno John Biehl, quien visitó varios días el país para sostener reuniones con diferentes sectores sociales, políticos y económicos sobre la lucha contra la corrupción.
El diálogo fue convocado el pasado 23 de junio por el presidente de la República, quien había propuesto como punto de partida la creación del Sistema Integrado Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC).
Hernández llamó a los hondureños a la mesa un día después de que miembros del grupo de “indignados” iniciaran una huelga de hambre en demanda de la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), similar a la que existe en Guatemala (CICIG).
Los reclamos sociales contra la corrupción tomaron fuerza tras destaparse la escandalosa corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), hecho por el cual guardan prisión el exdirector Mario Zelaya y otros exfuncionarios.
“Aspiramos a que el sistema de justicia sea una herramienta efectiva en la lucha contra la impunidad, que logre ganarse el respeto del pueblo de Honduras y se convierta en pieza esencial del sistema democrático”, afirmó el secretario general de la OEA en la entrega de la propuesta.
Durante el acto, realizado en la sede del organismo en Washington, estuvieron presentes varios secretarios de Estado y diputados hondureños, así como embajadores y representantes de los países miembros de la OEA, que se comprometieron a impulsar la reforma en el sistema de justicia hondureño.
Maccih
El objetivo de la Maccih será mejorar la calidad de los servicios que presta el aparato de justicia en Honduras, y para ello trabajará conjuntamente con las instituciones del Estado y la sociedad civil.
Estará dirigida por un jurista de reconocimiento internacional y alto nivel de competencia profesional en la investigación en temas de anticorrupción y el combate a la impunidad, quien reportará directamente a la Secretaría General de la OEA.
La misión tendrá cinco grandes áreas de acción, siendo la primera el establecimiento de un grupo de reconocidos jueces y fiscales internacionales cuya labor sea supervisar, asesorar y brindar apoyo a los órganos de control hondureños en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por actos de corrupción.
La segunda es la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de la situación del sistema de justicia hondureño a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
La tercera área de acción de la estructura anticorrupción tiene que ver con el apoyo a la implementación de las recomendaciones formuladas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) en Honduras.
La cuarta área de acción de la Maccih es la asistencia en la implementación de las recomendaciones identificadas por las evaluaciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) realizado por la OEA.
Por último, deberá impulsar la creación de un Observatorio de Justicia integrado por organizaciones académicas y de la sociedad civil hondureña para dar seguimiento y evaluar el progreso de la reforma del sistema de justicia nacional.
“Lo importante es que, después del acompañamiento de esta misión, las instituciones hondureñas queden sólidas y robustas; la independencia y el respeto a los derechos humanos es fundamental”, dijo al recibir la propuesta el presidente Hernández.
La propuesta de la OEA, a la que tuvo acceso EL HERALDO, no detalla el origen del financiamiento que se requiere para llevar a cabo las reformas al sistema de justicia.
Fuentes del Poder Ejecutivo estimaron a EL HERALDO que el proceso podría costar alrededor de 130 millones de lempiras.
Estos fondos deberán ser externos para garantizar una mayor transparencia y credibilidad en la transformación de los órganos de justicia del país.
El mandato
La propuesta de la OEA señala que para que la misión pueda llevar a cabo sus objetivos y las líneas de acción planteadas se suscriba un acuerdo con el gobierno de Honduras, que determine el mandato de la misión.
Se debe incluir, entre otros, los objetivos y alcance, las funciones específicas de cada uno de los componentes, las obligaciones de las partes, así como que se establezcan los privilegios e inmunidades del personal de dicha Misión.
La propuesta contempla que el acuerdo podría tener una duración inicial de dos años, y puede ser renovado a medida de que el mismo vaya mostrando progresos.
El documento establece que la selección del personal de la misión, tanto internacional como local, será realizada con absoluta independencia, mediante un proceso objetivo y transparente, por la OEA, y se regirá por las normas del organismo.
Cada semestre el jefe de misión entregará al secretario general un informe sobre los trabajos de la misión en su conjunto, señalando avances, desafíos y posibles obstáculos detectados en las instituciones del Estado con las cuales se relaciona, junto con recomendaciones.
El secretario general de la OEA entregará posteriormente el informe al gobierno de Honduras y al público en general. “Si en el desempeño de sus funciones la misión encuentra un obstáculo, este se intentará resolver en primera instancia a través del ente de enlace del gobierno. Sino se puede solucionar la situación, esta deberá ser señalada en el informe semestral de la misión al secretario general”, indica la propuesta.
La Maccih funcionará como un sistema y cada componente trabajará coordinadamente y se retroalimentará en función de sus labores e interrelaciones con distintas instancias de control del gobierno hondureño.
Entre las instituciones figuran el Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, el Congreso Nacional (CN), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Este Observatorio de Justicia será un eje transversal de fiscalización de la sociedad civil que monitoreará y evaluará el progreso del aparato de justicia, apunta la propuesta.
El embajador de Honduras ante la OEA, Leonidas Rosa, dijo que el primer paso será la búsqueda de los jueces y fiscales que apoyarán las acciones de la Maccih en favor del sistema de justicia hondureño.
