Tegucigalpa, Honduras
La Operación Avalancha tiene un estrategia definida: golpear donde más les duele a los extorsionadores, es decir, sus bienes.
Durante la operación, las autoridades planifican asegurarle unos 700 bienes a la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 y otras organizaciones independientes de menor poder, pues fueron “adquiridos con el cobro del impuesto de guerra”, confió a EL HERALDO una fuente de Inteligencia del Estado.
Estos 700 bienes fueron comprados por unas 20 organizaciones de estas asociaciones ilícitas.
Solo en el primer golpe hecho el martes anterior las fuerzas de seguridad del Estado realizaron 102 aseguramientos a una estructura de la MS-13 dedicada a la extorsión, por lo que restaría asegurar un poco menos de 600.
El aseguramiento es la medida de congelamiento de un bien, es decir, la prohibición decretada por un juez para que el mismo no sea vendido, donado o arrendado.
Posteriormente se procede a la incautación, o sea cuando se toma posesión física de la propiedad, mientras la justicia determina si el bien es declarado en comiso.
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dijo esta semana que la Operación Avalancha apenas ha tocado la décima parte de las bandas de extorsionadores.
La fuente consultada por EL HERALDO no descartó que incluso el decomiso de bienes llegue a superar el millar.
“Solo es la punta de la madeja, un golpe a una célula de la Mara Salvatrucha”, dijo la fuente anónima.
Los reportes de Inteligencia indican que las bandas han tomado sus precauciones al buscar movilizar sus centros de operaciones a otras localidades, llevándose consigo los menajes y otras ganancias generadas por el “impuesto de guerra” y otras actividades ilícitas.
Cada movimiento de estos pandilleros es vigilado por los agentes y las capturas se darán hasta que se tenga ubicado a cada miembro, dijo.
Las autoridades tienen también en la mira a más alcaldes municipales de la zona norte y occidente del país, así como a expolicías asociados a los mareros y otros que han organizado sus propias bandas.
Los datos que se revelan poco a poco sugieren que hasta jueces han sido favorecidos por los pandilleros.
Un caso de esta naturaleza ya se ventila en los juzgados de San Pedro Sula, donde una jueza con jurisdicción nacional benefició a un pandillero a cambio de importantes sumas de dinero.
“No es la primera vez ni será la última que un juez se venda, las sospechas de otros impartidores de justicia coludidos están en el tablero de investigación”, aseguró el consultado.
Mutación
Las maras en Honduras han mutado de ser simples organizaciones que pelean barrios para distribuir drogas a participar en las redes internacionales de estupefacientes.
Por eso la Operación Avalancha, liderada por la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), recibió el apoyo del gobierno de Estados Unidos.
La investigación internacional también detectó que los pandilleros están lavando dinero en Colombia a través de sus socios sudamericanos.
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Ayer a la MS se le confiscaron 45 rastras de la empresa de transporte Delca, en San Pedro Sula.
Mientras, la incautación de un narcolaboratorio en San Pedro Sula, propiedad de la MS, es otra prueba de que, aparte de la extorsión, la producción y venta cocaína son parte de sus actividades ilícitas, así como el lavado de activos.
Las investigaciones también apuntan a la conexión de los varones de la droga extraditados con los pandilleros y sus intermediarios en el país.
El poder judicial ha emitido casi 20 órdenes de captura específicamente contra los principales líderes de los carteles de las drogas y sus socios.
Sin embargo, la Operación Avalancha no ha detenido hasta el momento a un solicitado en extradición por EE UU u otro gobierno extranjero.
Una fuente en la Corte Suprema de Justicia dijo que la secretividad con la que se manejan las solicitudes dificulta detallar si un detenido en la Operación Avalancha es reclamado por un gobierno extranjero.
Bienes y recursos
Los fiscales se concentran en las sociedades mercantiles, bienes muebles e inmuebles y en seguir la pista del dinero en efectivo.
En la primera etapa de la operación se pretende confiscar al menos 50 millones de lempiras.
Sin embargo, no se descuidarán las capturas de los implicados en las redes de extorsión.
Las autoridades pretenden hacer efectivas otras órdenes de detención emitidas por el juez.
De las primeras 15 órdenes de captura, hasta el momento se han ejecutado 10 y se detuvo a tres personas más que estaban en los lugares que las fuerzas de seguridad allanaron.
El titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco, aseguró que hasta el momento no se ha tocado ni la décima parte de las estructuras criminales que se dedican a la extorsión y otros delitos tipificados en las leyes nacionales e internacionales.
La Operación Avalancha contabiliza 102 bienes asegurados y 13 millones de lempiras incautados, así como la captura del alcalde de Talanga, Jorge Romero, y un exoficial de la Policía llamado Álvaro García, entre otros.
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