El cielo nublado se posa sobre la capital, mientras los truenos estremecen a doña Leonora Torres.
La tensión de la señora de 53 años sube conforme se ennegrecen las nubes. Ella sabe que su covacha de láminas corroídas y madera podrida no resiste una copiosa lluvia.
Pero es el mejor refugio que logró levantar para Pedro, de cinco años, y Raúl, de tres, tras venirse hace seis años de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.
Nunca imaginó que la marginalidad la perseguiría sin tregua hasta el sector de la Mololoa, donde desarrolla su vida entre la esperanza y la exclusión.
Deslizamientos de tierra, inundaciones, paredes frágiles y falta de acceso a los servicios básicos es el rosario de precariedad que paga por migrar hacia la capital.
Sin embargo, doña Leonora no se arrepiente, “para nada, es mejor vivir aquí, con todo y sus problemas, que en San Antonio, porque mi vida ha mejorado, aún con las carencias”.
El caso de doña Leonora solo es un eslabón de la larga cadena de miseria forjada por la falta de un plan preventivo para regular los flujos migratorios hacia la capital.
Incontrolable invasión
Esos flujos migratorios han hecho que los alrededores de las ciudades gemelas estén llenos de invasiones o asentamientos humanos ilegales.
Basta con recorrer el tramo en construcción del anillo periférico para darse cuenta del desmedido crecimiento que este fenómeno social ha tenido en los últimos ocho años.
En las colonias ya establecidas como Villa Nueva, Los Pinos, Nueva Suyapa y muchas otras más, la gente ha hecho en ellas, una especie de ampliación, levantando improvisadas covachas, donde se mudan con sus familias.
En las cercanías de Ciudad Mateo, Los Robles, el sector de La Montañita y las faldas del cerro Juana Laínez cada vez se edifican nuevos asentamientos sin ningún tipo de control.
Las invasiones se reportan más en las riberas de ríos, cerros y faldas, solares baldíos y hasta en predios privados.
Se estima que cada tres años, al menos 20 nuevas “colonias” o “barrios” surgen de manera ilegal.
Según Naciones Unidas, solo en la capital cerca del 40 por ciento de la población vive en terrenos sin legalizar.
Al menos 90 barrios y colonias hoy reconocidos como tal, surgieron como invasiones. Entre 240 mil y 245 mil capitalinos habitan estos sectores (20 por ciento de la población total).
Este creciente problema que, a ciencia cierta se desconoce su dimensión exacta, permanece al margen de la Alcaldía Municipal y del Instituto de la Propiedad (IP).
Lo cierto es que actualmente las secuelas de las ocupaciones no planificadas se reflejan por todo el Distrito Central.
Caos histórico
La historiadora Daniela Navarrete refirió que el desplazamiento del campo a los polos urbanos surgió a mediados del siglo XX, motivado por el desarrollo de las urbes.
El primer precedente de este caso se registró en 1930, recordó Navarrete, cuando decenas de afectados que vivían en las riberas del río Choluteca se trasladaron a lo que hoy se conoce como barrio Morazán.
Este primer hecho marcó el desarrollo posterior del Distrito Central, condenándolo a acarrear el remanente de damnificados por los desastres, como el huracán Fifí, de 1970.
Sin embargo, la migración interna hacia la capital prolifera a partir de 1980 -debido al subdesarrollo rural- y con ello empezó un brote de barrios marginales en la capital, señaló la historiadora.
Estos desplazamientos impactan directamente con la falta de planificación territorial para explotar en un crecimiento urbano desorganizado.
El análisis de Navarrete lo respalda un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre sectores pobres.
Según el informe, para 1980 la ciudad poseía 191 barrios, de los cuales al menos 84 se tipificaban como marginados (44 por ciento).
Y solo entre 1980 y 1982, se originaron 54 nuevas ocupaciones no planificadas, lo que devela el disparo de migrantes.
Unos años después, algunos estudios llegaron a cuantificar unos 180 sectores en deterioro.
Según la historiadora, justo cuando el Estado abandona la iniciativa para ejecutar proyectos habitacionales es que detonó el fenómeno de los asentamientos -en la década de los 80-.
Actualmente, el 40 por ciento de los poblados (unos 360) son considerados barrios en desarrollo de los 896 existentes, según la Alcaldía Municipal.
Nula planificación
Más allá de las consecuencias demográficas, sociales y urbanísticas, la migración interna refleja la falta de planificación de las autoridades locales para mitigar el impacto.
Tal es así que formalmente no existe una oficina especializada para controlar, erradicar o desarrollar las ocupaciones ilegales.
Para el caso, en la Alcaldía opera la Gerencia de Orden Territorial y la oficina de Acceso a la Propiedad.
La primera dependencia únicamente maneja el tema urbanístico de las zonas consolidadas como barrios, colonias y residenciales, así como comercios e industrias. Mientras que la segunda solo administra las colonias existentes y el ejido municipal.
Los esfuerzos por ordenar la metrópolis se concentran en la ejecución del Trans 450, con el que las autoridades prometen favorecer unos 90 sectores con un ordenamiento urbano moderno.
Asimismo, la aprobación de 24 lotificaciones el año pasado significan apenas un respiro para imponer un crecimiento controlado.
Aunque las 15 zonas marginales que actualmente están en el proceso de regularización y los constantes desalojos de invasiones develan que el fenómeno supera los esfuerzos.
