La hora cero para los casi 60 mil hondureños beneficiados por e l Estados de Protección Temporal (TPS) ha llegado. A solo horas de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anuncie si ampliará o cancelará el programa TPS, el gobierno hondureño se muestra optimista.
Así lo dejó ver la vicecanciller de la república María Andrea Matamoros en una entrevistada a CNN en español. La funcionaria aseguró que los hondureños encontrarán total respaldo del gobierno en caso que la decisión sea no renovarlo. Pese a que 'significaría una desintegración familiar'.
En ese escenario, los connacionales se verían obligados a retornar a Honduras, un país en el que no han vivido durante casi 20 años -y en algunos casos más tiempo-.
'Estas 57 mil familias no quedarán desamparadas bajo ninguna circunstancia, los podremos atender oportunamente', dijo Matamoros.
Detalló que se han analizado los escenarios posibles para que los compatriotas se encuentren con posibilidades de una reinserción integral.
'Honduras cuenta con las mejores condiciones en los últimos años para poder acoger a estas personas. Nos encontramos en excelentes condiciones en materia de seguridad y crecimiento económico', aseguró.
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Para empezar, al verse obligados a retornar a Honduras los casi 60 mil hondureños llegarían en pleno inicio de un nuevo gobierno, con el inconveniente de un traspaso en la administración gubernamental y sus dependencias.
En materia de seguridad, hasta julio de este año la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) reportó una reducción en los crímenes en Honduras, datos avalados por la empresa privada que apoya iniciativas de seguridad a través de la Tasa de Seguridad.
Mientras que, este lunes el Observatorio de la Violencia presentó un informe en el que descata una reducción del 21.2% en homicidios.
El mismo secretario estadounidense John Kelly reconoció la reducción de la violencia en Honduras en los últimos tres años, lo que calificó como un verdadero 'milagro'.
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Mientras que en materia económica, la sexta y más reciente revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que “las perspectivas macroeconómicas del país son positivas, el déficit fiscal está en niveles históricos bajos, las reservas internacionales están en niveles históricos máximos, y la inflación sigue siendo moderada'.
Asimismo enfatizó que 'el desempleo sigue siendo un desafío para reducir y la pobreza afecta a más de la mitad de la población'.
Hasta el 22 de agosto de este año, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 60.9% de la población de Honduras es pobre, de ellos un 35% están en extremada pobreza, es decir sus ingresos son menores a un dólar diario.
En el ámbito educativo estos hondureños se hallarían con un sistema que aún tiene una serie de retos por cumplir. Esto debido a que según expertos, el modelo de enseñanza 'sigue siendo obsoleto'.
Y es que para el caso de la capital de Honduras, el 43 por ciento de los centros escolares urge de mejoras para garantiza las condiciones a los más de 300 mil estudiantes que asisten a los 800 edificios de enseñanza.
Esto pese a que en 2016 la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) invirtió 27 millones de lempiras en mejora de infraestructura a nivel nacional.
Además preocupa que a nivel nacional más de 4,500 centros educativos tienen un solo maestro. Este problema se presenta con mayor frecuencia en el área rural.
En momentos en que la violencia también ha afectado a los institutos de secundaria, principalmente de la capital, donde ha sido necesaria la presencia de elementos de la Policía Militar. Instituto como el Técnico Honduras, Saúl Zelaya Jiménez y el Central Vicente Cáceres, implementaron medidas de resguardo ante la inseguridad.
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