NUEVA YORK, Estados Unidos
Tres hondureños y un salvadoreño que viven en Estados Unidos presentaron el jueves una demanda colectiva contra el gobierno Trump para puedan convertirse en residentes permanentes cuando expire el TPS, el estatus que les protege de la deportación.
La demanda contra e l Departamento de Seguridad Interior (DHS) y el Servicio d e Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue presentada en la corte federal de Brooklyn por cuatro centroamericanos que poseen TPS y que están siendo representados por por abogados del American Immigration Council y del Northwest Immigrants Rights Project, dos organizaciones de defensa de inmigrantes.
El gobierno ha rechazado o ha indicado su intención de rechazar las solicitudes de residencia permanente de algunos de los demandantes porque entraron al país 'sin inspección' antes de obtener el TPS, explica la demanda. Pero la acusación insiste en que los inmigrantes fueron inspeccionados y admitidos al país al obtener el TPS.
Los inmigrantes piden que esta política de USCIS de exigir una demostración 'de que fueron inspeccionados y admitidos a Estados Unidos' sea declarada 'ilegal' y que se les permita a ellos y a otros en la misma situación solicitar la residencia permanente.
Los demandantes viven y trabajan hace casi dos décadas en Estados Unidos y tienen familiares o empleadores que han iniciado trámites para obtener su 'green card'. Residen en jurisdicciones donde las cortes de apelaciones federales no han fallado sobre el asunto.
Entre los demandantes está Amado de Jesús Moreno, un salvadoreño que reside en Brooklyn, Nueva York, y tiene TPS desde 2001, a quien USCIS rechazó una solicitud de residencia permanente 'basándose en su política errónea de que el TPS no constituye una inspección y admisión a Estados Unidos', según el texto de la demanda.
Los otros son la hondureña Nelda Yolanda Reyes, de Wisconsin; el hondureño José Cantarero Argueta, de Maryland; y la hondureña Haydée Avilez Rojas, de Nueva Jersey, que anticipa que la solicitud de residencia permanente pedida por su marido estadounidense le será negada porque entró al país sin inspección en 1998 y obtuvo el TPS en el año 2000.
Estados Unidos anunció entre noviembre y enero el fin del TPS para unos 300.000 salvadoreños, nicaragüenses y haitianos, aunque les dio un plazo para intentar conseguir otra forma de quedarse en el país, por ejemplo obteniendo una 'green card' o visa de trabajo. Todavía no ha anunciado qué pasará con decenas de miles de hondureños con TPS.
La decisión abre la vía a la futura deportación de cientos de miles de personas que tienen hijos y nietos estadounidenses y tienen empresas o empleos en el país.
Tres hondureños y un salvadoreño que viven en Estados Unidos presentaron el jueves una demanda colectiva contra el gobierno Trump para puedan convertirse en residentes permanentes cuando expire el TPS, el estatus que les protege de la deportación.
La demanda contra e l Departamento de Seguridad Interior (DHS) y el Servicio d e Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue presentada en la corte federal de Brooklyn por cuatro centroamericanos que poseen TPS y que están siendo representados por por abogados del American Immigration Council y del Northwest Immigrants Rights Project, dos organizaciones de defensa de inmigrantes.
El gobierno ha rechazado o ha indicado su intención de rechazar las solicitudes de residencia permanente de algunos de los demandantes porque entraron al país 'sin inspección' antes de obtener el TPS, explica la demanda. Pero la acusación insiste en que los inmigrantes fueron inspeccionados y admitidos al país al obtener el TPS.
Los inmigrantes piden que esta política de USCIS de exigir una demostración 'de que fueron inspeccionados y admitidos a Estados Unidos' sea declarada 'ilegal' y que se les permita a ellos y a otros en la misma situación solicitar la residencia permanente.
Los demandantes viven y trabajan hace casi dos décadas en Estados Unidos y tienen familiares o empleadores que han iniciado trámites para obtener su 'green card'. Residen en jurisdicciones donde las cortes de apelaciones federales no han fallado sobre el asunto.
Entre los demandantes está Amado de Jesús Moreno, un salvadoreño que reside en Brooklyn, Nueva York, y tiene TPS desde 2001, a quien USCIS rechazó una solicitud de residencia permanente 'basándose en su política errónea de que el TPS no constituye una inspección y admisión a Estados Unidos', según el texto de la demanda.
Los otros son la hondureña Nelda Yolanda Reyes, de Wisconsin; el hondureño José Cantarero Argueta, de Maryland; y la hondureña Haydée Avilez Rojas, de Nueva Jersey, que anticipa que la solicitud de residencia permanente pedida por su marido estadounidense le será negada porque entró al país sin inspección en 1998 y obtuvo el TPS en el año 2000.
Estados Unidos anunció entre noviembre y enero el fin del TPS para unos 300.000 salvadoreños, nicaragüenses y haitianos, aunque les dio un plazo para intentar conseguir otra forma de quedarse en el país, por ejemplo obteniendo una 'green card' o visa de trabajo. Todavía no ha anunciado qué pasará con decenas de miles de hondureños con TPS.
La decisión abre la vía a la futura deportación de cientos de miles de personas que tienen hijos y nietos estadounidenses y tienen empresas o empleos en el país.
