Caracas, Venezuela
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió asumir las competencias del Congreso en un controvertido fallo que según la oposición busca darle poderes plenos al presidente Nicolás Maduro.
La sorpresiva sentencia de la Corte, señalada de estar controlada por el gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis en el país sudamericano.
En el fallo —que fue difundido la noche del miércoles— el Tribunal resolvió que 'mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga'.
En enero de 2016, y tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha emitido casi medio centenar de sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato.
'Ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional, sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela', dijo el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, coincidió con Guevara y denunció que 'en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado'.
A comienzos de esta semana, el Tribunal Supremo también abrió el camino para poner límites a la inmunidad de los legisladores tras declarar nulo por inconstitucional el respaldo de la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana.
En esa sentencia, la Sala Constitucional ordenó a Maduro ejercer las medidas necesarias para evitar un 'Estado de conmoción' y 'revisar las diversas leyes' ante el desacato del Congreso.
El fallo se conoció luego de que los países miembros de la OEA se reunieron en Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela.
'Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado', sentenció en un comunicado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien catalogó como un 'auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional'.
Apuntó que las normas internacionales a las que Venezuela soberanamente se ha adherido, y que son de obligatorio cumplimiento, 'reafirman el respeto a la separación de poderes' como garantía 'ineludible' en defensa del sistema democrático y del estado de derecho.
Almagro también recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que 'debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio'.
No hubo consenso sobre una propuesta del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de suspender a Venezuela, pero la sesión llena de tensión terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear de cerca la situación y tomar medidas para asegurar que el gobierno entable un diálogo.
El comunicado del gobierno de Perú añadió que la cancillería de ese país inició consultas con los Estados miembros de la OEA para que 'en el marco de la Carta Democrática Interamericana se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional' en Venezuela.
'América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela', expresó el jueves el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, un franco crítico del gobernante venezolano, a través de su cuenta en Twitter.
La sentencia se produjo en momentos en que la Asamblea Nacional investiga una serie de acuerdos que estaría tramitando el gobierno al margen del Legislativo, que por ley debe avalarlos, y que incluyen la creación de cualquier empresa conjunta entre la petrolera estatal venezolana y empresas privadas internacionales.
El gobierno de Maduro, que enfrenta una escasez de productos básicos y una inflación de tres dígitos, argumenta que los legisladores le impiden aprobar créditos y otras decisiones económicas claves.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió asumir las competencias del Congreso en un controvertido fallo que según la oposición busca darle poderes plenos al presidente Nicolás Maduro.
La sorpresiva sentencia de la Corte, señalada de estar controlada por el gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis en el país sudamericano.
En el fallo —que fue difundido la noche del miércoles— el Tribunal resolvió que 'mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga'.
En enero de 2016, y tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha emitido casi medio centenar de sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato.
'Ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional, sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela', dijo el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, coincidió con Guevara y denunció que 'en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado'.
Además: Luis Almagro denuncia auto golpe de Estado en Venezuela
El gobierno de Perú condenó en un escrito la decisión del Tribunal Supremo venezolano por considerar que 'constituye una ruptura del orden constitucional y democrático ' y en consecuencia decidió 'retirar de manera definitiva a su embajador'.
El Tribunal declaró en desacato a la Asamblea por negarse a cumplir una sentencia que había bloqueado la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos.
Aunque posteriormente el Legislativo revirtió dicha juramentación, el máximo tribunal mantuvo la medida invocando una serie de tecnicismos y dejó en un limbo legal la situación de los legisladores electos de Amazonas.
A comienzos de esta semana, el Tribunal Supremo también abrió el camino para poner límites a la inmunidad de los legisladores tras declarar nulo por inconstitucional el respaldo de la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana.
En esa sentencia, la Sala Constitucional ordenó a Maduro ejercer las medidas necesarias para evitar un 'Estado de conmoción' y 'revisar las diversas leyes' ante el desacato del Congreso.
El fallo se conoció luego de que los países miembros de la OEA se reunieron en Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela.
'Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado', sentenció en un comunicado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien catalogó como un 'auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional'.
Apuntó que las normas internacionales a las que Venezuela soberanamente se ha adherido, y que son de obligatorio cumplimiento, 'reafirman el respeto a la separación de poderes' como garantía 'ineludible' en defensa del sistema democrático y del estado de derecho.
Almagro también recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que 'debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio'.
No hubo consenso sobre una propuesta del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de suspender a Venezuela, pero la sesión llena de tensión terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear de cerca la situación y tomar medidas para asegurar que el gobierno entable un diálogo.
El comunicado del gobierno de Perú añadió que la cancillería de ese país inició consultas con los Estados miembros de la OEA para que 'en el marco de la Carta Democrática Interamericana se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional' en Venezuela.
'América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela', expresó el jueves el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, un franco crítico del gobernante venezolano, a través de su cuenta en Twitter.
La sentencia se produjo en momentos en que la Asamblea Nacional investiga una serie de acuerdos que estaría tramitando el gobierno al margen del Legislativo, que por ley debe avalarlos, y que incluyen la creación de cualquier empresa conjunta entre la petrolera estatal venezolana y empresas privadas internacionales.
El gobierno de Maduro, que enfrenta una escasez de productos básicos y una inflación de tres dígitos, argumenta que los legisladores le impiden aprobar créditos y otras decisiones económicas claves.
