La oposición venezolana volverá a manifestarse el miércoles contra la reforma de la constitución, en medio de la polémica por las denuncias contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos en la contención de las protestas.
Las marchas, que partirán desde varios puntos del este y oeste de Caracas, tendrán como destino la sede del Consejo Nacional Electoral donde esperan realizar una protesta contra la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
En otras ciudades del país también se convocaron marchas hacia las sedes regionales del organismo electoral.
La alianza opositora rechaza la convocatoria que hizo ese organismo para las elecciones de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente previstas para el 30 de julio. La oposición sostiene que el proceso viola la constitución.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, emplazó al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, a que permita las movilizaciones 'sin represión'.
La víspera Padrino López indicó que no quería 'un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle'.
Los comentarios del ministro coincidieron con las denuncias de algunos dirigentes opositores y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que acusaron a guardias nacionales y policías de reprimir de forma desproporcionada a manifestantes y periodistas.
'La represión del gobierno ha sido cada vez más cruel', afirmó el cardenal venezolano Jorge Urosa Savino en una entrevista que ofreció la víspera al medio italiano Radio Vaticano en la que planteó que los obispos y cardenales se reunirán el jueves con el papa Francisco para informarle sobre la difícil situación que enfrenta la población.
El dirigente opositor Henrique Capriles difundió en su cuenta de Twitter algunos videos en los que aparecen cuatro guardias nacionales disparando escopetas y pistolas en medio de una estación de combustible del este de Caracas.
Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el incidente ni las denuncias de robo y maltrato a manifestantes.
El gobierno ha defendido a las fuerzas de seguridad asegurando que han actuado apegadas a las leyes y los convenios internacionales durante las protestas que se han extendido por más de dos meses y que han dejado 66 muertos, 1.276 heridos y más de 400 detenidos.
A su vez ha acusado a los manifestantes de cometer acciones 'terroristas' y otros actos criminales para impulsar un golpe de Estado.
El Vaticano actuó como facilitador de un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición estancado desde fines de 2016.
