Venezuela rechazó este sábado la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, quien indicó que está considerando una posible acción militar en el país suramericano.
La Cancillería condenó, a nombre del gobierno venezolano, el pronunciamiento de Trump, que fue considerado como una “amenaza directa contra la paz y la estabilidad” del país suramericano, y una acción que viola de los principios en la Carta de Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional.
El canciller Jorge Arreaza dijo, al leer un comunicado, que con las “declaraciones belicistas” de Trump se “pretende arrastrar a América Latina y el Caribe a un conflicto que alteraría permanentemente la estabilidad, la paz y la seguridad de nuestra región”.
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El gobierno venezolano hizo un llamado a la comunidad internacional a que condenen el pronunciamiento de Washington, al que acusó de actuar con “talante imperial” y “vocación neocolonial” en América.
A las críticas se sumó la oficialista Asamblea Constituyente que durante una sesión expresó su respaldo al presidente Nicolás Maduro y las medidas que pueda tomar para hacer frente a la declaración de Trump, que fue considerada como el “mayor acto de hostilidad cometido por el imperio” en la historia de relaciones.
Los constituyentes oficialistas debatieron por más de una hora un acuerdo de condena al pronunciamiento del presidente estadounidense, al que identificaron como el “jefe de una coalición de gobiernos del continente” que busca la “intervención” de Venezuela por medio de una “ofensiva diplomática, política, económica, financiera y mediática”.
Asimismo, exhortaron a los órganos competentes a iniciar las investigaciones y procesos para determinar las responsabilidades y sanciones de los actores políticos nacionales a los que acusaron de promover la “agresión” contra Venezuela.
El pronunciamiento de Caracas responde a la declaración que realizó la víspera Trump, quien manifestó que estaba considerando una posible acción militar en Venezuela.
El nuevo incidente con Estados Unidos ocurre en medio de una intensa tensión política generada por la instalación de la Asamblea Constituyente y por las protestas antigubernamentales que se han extendido por cuatro meses y han dejado al menos 122 muertos y casi 2.000 heridos.
Varios centenares de manifestantes tomaron el sábado algunas vías del este de la capital para protestar contra las sentencias que dictó esta semana el Tribunal Supremo de Justicia, que es señalado de ser controlado por el gobierno, que destituyó y condenó a 15 meses de prisión a los dirigente opositores David Smolansky y Ramón Muchacho, alcaldes de los municipios capitalinos de El Hatillo y Chacao, que fueron epicentro de las protestas antigubernamentales de los últimos meses.
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En menos de un mes el máximo tribunal ha destituido y condenado a prisión a cinco alcaldes opositores por desacatar una sentencia que los obligaba a desbloquear las vías donde manifestantes levantaron barricas en protesta contra el gobierno.
“Estamos en un momento difícil, complicado, en un momento de resistencia, en un momento en el cual tenemos que reagrupar otra vez a las fuerzas de la unidad”, afirmó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, al llamar a los sectores opositores a retomar las calles para presionar al gobierno de Maduro. La coalición opositora hasta el momento no ha ofrecido comentarios sobre el pronunciamiento de Washington.
Washington, que esta semana sancionó a ocho venezolanos -entre ellos seis miembros de la Constituyente y a una directora del Consejo Nacional Electoral (CNE)-, amenazó con aplicar sanciones económicas a Venezuela si Maduro seguía adelante con el proceso para reescribir la constitución, que ha desatado fuertes cuestionamientos en el país y el exterior.
Venezuela y Estados Unidos, que están sin embajador desde el 2010, han mantenido durante más de una década tirantes relaciones que no han afectado el intercambio comercial, especialmente de petróleo.
Venezuela exporta un promedio de 700.000 barriles diarios de crudo al mercado estadounidense, según estimaciones de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, lo que representa cerca de la mitad de las exportaciones petroleras venezolanas y un ingreso anual estimado de 11.000 millones de dólares.
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