El presidente guatemalteco Jimmy Morales ordenó el domingo la expulsión del país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, después de que esta inició una investigación al financiamiento de campaña del mandatario.
Sin embargo, horas después la Corte de Constitucionalidad ordenó suspender la decisión presidencial a partir de dos amparos presentados.
En un video subido el domingo en la mañana en la cuenta del gobierno en Twitter, Morales declaró non grato a Velásquez y ordenó su salida del país. El ejecutivo también destituyó al canciller Carlos Raúl Morales, quien se negaba a la expulsión argumentando una crisis gubernamental.
El presidente no dijo nada de expulsar a todo el grupo de expertos extranjeros, pero la acción contra el titular de la comisión vuelve incierto el futuro de la CICIG, cuyo mandato concluye en 2019.
La CICIG es un órgano de Naciones Unidas creado hace 10 años para combatir la corrupción en el país y ha sido clave en el procesamiento de personajes destacados del gobierno guatemalteco, incluso al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión actualmente.
Tras el anuncio, la ministra de Salud Lucrecia Mack presentó su renuncia al cargo.
Asimismo, las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea emitieron una declaración conjunta diciendo que la decisión perjudicará la capacidad de la CICIG de continuar con su vital papel en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En un comunicado por separado, el secretario general de la ONU Antonio Guterres también lamentó la decisión y solicitó que las “autoridades guatemaltecas traten a Velásquez con el debido respeto a sus funciones como servidor civil internacional”.
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La fiscal general Thelma Aldana, quien trabaja en conjunto con la CICIG, pidió el viernes retirar la inmunidad a Morales para investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito durante su campaña 2015 en la cual promocionaba el lema “Ni corrupto ni ladrón”.
En caso de que la corte acepte, el Congreso será el encargado de retirarle la inmunidad.
Según la fiscal, Morales, en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), ocultó informes y contabilidad por unos 6 millones de quetzales (más de 800.000 dólares) de la campaña política de 2015, después de la cual ganó la presidencia. La fiscalía asegura que también se ocultó la información a los financistas de dicho partido.
Velásquez y la fiscalía también pusieron en jaque a Morales a principio de año cuando presentaron una acusación contra su hijo José Manuel Morales y su hermano Sammy Morales, por actos de corrupción.
El domingo, unas 50 personas acudieron a la sede de la CICIG _incluso representantes extranjeros y el fiscal de derechos humanos de Guatemala_ para demostrar su apoyo a Velásquez. Coreaban “Iván, amigo, el pueblo está contigo”.
El sábado, unas 2.500 personas se manifestaron en la capital en demanda de la renuncia del presidente.
Por su parte, el legislador demócrata Eliot L. Engel, integrante del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, emitió un comunicado el domingo donde se dijo “extremadamente decepcionado” por la medida anunciada por Morales.
Agregó que “bajo el mando de Velásquez, la CICIG ha jugado un papel de transformación en el combate a la corrupción y la impunidad en Guatemala”. Indicó que “el Congreso y el Departamento de Estado deben examinar el futuro de nuestra ayuda al gobierno guatemalteco”.
Morales nombró a Sandra Joviel como nueva ministra de relaciones exteriores, quien tiene un proceso penal abierto en su contra por supuestas adopciones ilegales.
Esta semana tiene prevista una audiencia para determinar si irá a juicio por este hecho.
