Texas, Estados Unidos
Un tribunal federal de apelaciones revocó el lunes la decisión de un juez de Texas que impedía implementar una ley contra las llamadas “ciudades santuario”; sin embargo, los opositores que entablaron la demanda contra dicha medida dijeron que era poco probable que hubiera un cambio drástico en la situación actual.
El fallo del Tribunal de Apelaciones para el 5to Circuito en Nueva Orleans se produjo casi un mes después de que un juez impidió implementar la ley promulgada en mayo por el gobernador Greg Abbott.
La decisión unánime de un panel de tres jueces dejó a ambos lados proclamando la victoria. El fiscal general de Texas Ken Paxton dijo que la decisión podría permitir al estado “hacer cumplir lo esencial” de la ley, mientras que los opositores predijeron que el efecto real sería limitado.
“Creo que gran parte del interdicto sigue vigente para permitirle a las agencias del orden público que definan cómo sus oficinas participarán en estas actividades”, dijo Jose Garza, abogado de la Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF), que es una organización no lucrativa que aboga por los latinos en Estados Unidos.
La ley requiere a ciudades y condados de Texas obedecer las solicitudes de las autoridades federales de inmigración de detener a quienes consideren que están ilegalmente en el país y que están encarcelados por motivos ajenos a la inmigración.
Un tribunal federal de apelaciones revocó el lunes la decisión de un juez de Texas que impedía implementar una ley contra las llamadas “ciudades santuario”; sin embargo, los opositores que entablaron la demanda contra dicha medida dijeron que era poco probable que hubiera un cambio drástico en la situación actual.
El fallo del Tribunal de Apelaciones para el 5to Circuito en Nueva Orleans se produjo casi un mes después de que un juez impidió implementar la ley promulgada en mayo por el gobernador Greg Abbott.
La decisión unánime de un panel de tres jueces dejó a ambos lados proclamando la victoria. El fiscal general de Texas Ken Paxton dijo que la decisión podría permitir al estado “hacer cumplir lo esencial” de la ley, mientras que los opositores predijeron que el efecto real sería limitado.
“Creo que gran parte del interdicto sigue vigente para permitirle a las agencias del orden público que definan cómo sus oficinas participarán en estas actividades”, dijo Jose Garza, abogado de la Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF), que es una organización no lucrativa que aboga por los latinos en Estados Unidos.
La ley requiere a ciudades y condados de Texas obedecer las solicitudes de las autoridades federales de inmigración de detener a quienes consideren que están ilegalmente en el país y que están encarcelados por motivos ajenos a la inmigración.
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El juez federal de distrito Orlando Garcia bloqueó gran parte de la ley el 31 de agosto, un día antes de cuando debía comenzar a implementarse. Texas le pidió al tribunal de apelaciones del 5to Circuito con sede en Nueva Orleans permitir que la ley sea aplicada mientras se preparan los argumentos orales programados para noviembre.
El secretario de Justicia Jeff Sessions ha alabado la ley de Texas y el Departamento de Justicia presentó argumentos para apoyarla, así como lo hicieron varios fiscales de otros estados.
Los opositores a la ley argumentan que viola la Cuarta Enmienda constitucional debido a que solicita que la policía detenga a las personas sospechosas de estar ilegalmente en el país sin causa probable. También objetan que coloca a la policía local en un papel federal de agentes de inmigración, lo que es inconstitucionalmente vago debido a que no queda claro cuándo un policía estaría violando la ley.
Los partidarios de la ley en el estado dicen que los agentes de inmigración ya habían determinado una causa probable cuando piden a las autoridades locales detengan a una persona.
También indicaron que las autoridades tanto federales como locales han tenido una larga historia de cooperación en cuanto a cuestiones de inmigración y que la ley es clara cuando prohíbe políticas gubernamentales locales que restringen la aplicación de leyes de inmigración.
