Barcelona
El presidente catalán Carles Puigdemont declaró este martes la independencia de Cataluña para suspenderla a continuación, en una confusa y tensa jornada, con el objetivo de negociarla con el gobierno español, que lo rechazó de pleno.
'Constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano', se lee en el texto firmado por Puigdemont y los otros 71 diputados independentistas tras un histórico y ambiguo debate parlamentario.
Desde Madrid, la respuesta fue tajante: Puigdemont 'no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir', denunció la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciando un consejo de ministros extraordinario el miércoles a las 07H00 GMT.
En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid no piensan quedarse de brazos cruzados.
El objetivo de la reunión del gobierno conservador de Mariano Rajoy será 'abordar los próximos pasos' a tomar, para luego comparecer ante el Congreso a las 14H00 GMT, explicó la vicepresidenta.
Sobre la mesa, el gobierno tiene la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia, pero podría optar por una serie de medidas menos alarmantes.
Atrapado entre las llamadas internacionales al diálogo y la presión de los independentistas más radicales, Puigdemont anunció en el parlamento que asumía 'el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república'.
Pero acto seguido, con rostro serio, pidió que 'el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo'.
Justo antes de la sesión, que despertó expectación en toda Europa, Puigdemont recibió llamadas de mediadores internacionales que le obligaron a retrasar el debate, afirmó una fuente del gobierno regional.
En un inicio, la comparecencia debía servir para aplicar el resultado del referendo inconstitucional de autodeterminación del 1 de octubre: una victoria del sí con el 90% de los votos, pero con una participación de apenas el 43% del censo de esta región de 7,5 millones de habitantes.
La independencia no suscita unanimidad en Cataluña, que está dividida en mitades casi iguales en torno a la cuestión, pero la mayoría de los catalanes quieren un referéndum para decidirlo, y Madrid se opone esgrimiendo la Constitución.
CUP: una oportunidad perdida
Los socios del gobierno independentista, el partido de extrema izquierda de la CUP cuyos 10 diputados son claves, reprocharon a Puigdemont que se había perdido una oportunidad.
'Teníamos una sesión supuestamente de proclamación de la república que ha terminado siendo una sesión de confusión alrededor de si hemos proclamado o no la hemos proclamado', dijo Quim Arrufat, portavoz de la CUP.
Según esta formación, Puigdemont decidió a última hora no proclamar la república a raíz de la presión internacional, generando discrepancias en la coalición independentista, donde conviven conservadores, democristianos, progresistas y radicales de izquierdas.
El gobierno español había pedido horas antes a Puigdemont que no hiciera nada 'irreversible' y desistiera de agravar la crisis política que vive España, la peor de su era democrática moderna, una demanda a la que se sumaron voces europeas.
Símbolo de la tensión, el parlamento se convirtió en un fortín. El parque donde se encuentra fue cerrado al público, con numerosas vallas protegiendo las entradas, mientras helicópteros y furgones policiales rondaban su alrededor.
Esperábamos más
En el exterior de la zona acordonada, en el paseo Lluís Companys -el último presidente catalán que había declarado la independencia- miles de personas siguieron el discurso por dos pantallas gigantes y el desencanto reinaba entre ellas.
'Estamos contentos pero esperábamos más', comentó Pere Valldeneu, un jubilado de 66 años, al terminar la intervención.
'Fue un discurso muy ambiguo. Habló de respetar el referéndum, pero yo esperaba que diera una fecha límite', dijo Sheila Ulldemolins, publicista de 28 años.
Muchos esperaban una declaración inequívoca. 'Estamos esperando que declaren la independencia y sabemos que tendremos que estar en la calle para defenderla', proclamaba Marta Martínez, abogada de 50 años, antes del discurso.
Antes de la sesión, el gobierno español recibió el respaldo del presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien pidió al ejecutivo catalán que 'no anuncie una decisión que vuelva tal diálogo imposible'.
Las presiones, así como la fuga de empresas y la incertidumbre económica, influyeron en Puigdemont, que reclama una mediación internacional para solucionar la crisis.
En los últimos 86 años, el gobierno catalán proclamó en dos ocasiones la independencia, sin que ésta llegara a materializarse. El primero en hacerlo fue el presidente regional Francesc Macià en 1931, y el segundo su sucesor Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.
El presidente catalán Carles Puigdemont declaró este martes la independencia de Cataluña para suspenderla a continuación, en una confusa y tensa jornada, con el objetivo de negociarla con el gobierno español, que lo rechazó de pleno.
'Constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano', se lee en el texto firmado por Puigdemont y los otros 71 diputados independentistas tras un histórico y ambiguo debate parlamentario.
Desde Madrid, la respuesta fue tajante: Puigdemont 'no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir', denunció la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciando un consejo de ministros extraordinario el miércoles a las 07H00 GMT.
En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid no piensan quedarse de brazos cruzados.
El objetivo de la reunión del gobierno conservador de Mariano Rajoy será 'abordar los próximos pasos' a tomar, para luego comparecer ante el Congreso a las 14H00 GMT, explicó la vicepresidenta.
Sobre la mesa, el gobierno tiene la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia, pero podría optar por una serie de medidas menos alarmantes.
Atrapado entre las llamadas internacionales al diálogo y la presión de los independentistas más radicales, Puigdemont anunció en el parlamento que asumía 'el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república'.
Pero acto seguido, con rostro serio, pidió que 'el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo'.
Justo antes de la sesión, que despertó expectación en toda Europa, Puigdemont recibió llamadas de mediadores internacionales que le obligaron a retrasar el debate, afirmó una fuente del gobierno regional.
En un inicio, la comparecencia debía servir para aplicar el resultado del referendo inconstitucional de autodeterminación del 1 de octubre: una victoria del sí con el 90% de los votos, pero con una participación de apenas el 43% del censo de esta región de 7,5 millones de habitantes.
La independencia no suscita unanimidad en Cataluña, que está dividida en mitades casi iguales en torno a la cuestión, pero la mayoría de los catalanes quieren un referéndum para decidirlo, y Madrid se opone esgrimiendo la Constitución.
CUP: una oportunidad perdida
Los socios del gobierno independentista, el partido de extrema izquierda de la CUP cuyos 10 diputados son claves, reprocharon a Puigdemont que se había perdido una oportunidad.
'Teníamos una sesión supuestamente de proclamación de la república que ha terminado siendo una sesión de confusión alrededor de si hemos proclamado o no la hemos proclamado', dijo Quim Arrufat, portavoz de la CUP.
Según esta formación, Puigdemont decidió a última hora no proclamar la república a raíz de la presión internacional, generando discrepancias en la coalición independentista, donde conviven conservadores, democristianos, progresistas y radicales de izquierdas.
El gobierno español había pedido horas antes a Puigdemont que no hiciera nada 'irreversible' y desistiera de agravar la crisis política que vive España, la peor de su era democrática moderna, una demanda a la que se sumaron voces europeas.
Símbolo de la tensión, el parlamento se convirtió en un fortín. El parque donde se encuentra fue cerrado al público, con numerosas vallas protegiendo las entradas, mientras helicópteros y furgones policiales rondaban su alrededor.
Esperábamos más
En el exterior de la zona acordonada, en el paseo Lluís Companys -el último presidente catalán que había declarado la independencia- miles de personas siguieron el discurso por dos pantallas gigantes y el desencanto reinaba entre ellas.
'Estamos contentos pero esperábamos más', comentó Pere Valldeneu, un jubilado de 66 años, al terminar la intervención.
'Fue un discurso muy ambiguo. Habló de respetar el referéndum, pero yo esperaba que diera una fecha límite', dijo Sheila Ulldemolins, publicista de 28 años.
Muchos esperaban una declaración inequívoca. 'Estamos esperando que declaren la independencia y sabemos que tendremos que estar en la calle para defenderla', proclamaba Marta Martínez, abogada de 50 años, antes del discurso.
Antes de la sesión, el gobierno español recibió el respaldo del presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien pidió al ejecutivo catalán que 'no anuncie una decisión que vuelva tal diálogo imposible'.
Las presiones, así como la fuga de empresas y la incertidumbre económica, influyeron en Puigdemont, que reclama una mediación internacional para solucionar la crisis.
En los últimos 86 años, el gobierno catalán proclamó en dos ocasiones la independencia, sin que ésta llegara a materializarse. El primero en hacerlo fue el presidente regional Francesc Macià en 1931, y el segundo su sucesor Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.
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