La presidenta del parlamento catalán, la independentista Carme Forcadell, llegó este jueves al Tribunal Supremo de Madrid para declarar en una investigación por 'rebelión', delito por el que ya fueron encarcelados preventivamente varios líderes nacionalistas de la región.
Un día después de una huelga en Cataluña para pedir la libertad de estos dirigentes, Forcadell y otros cinco diputados deben ser interrogados por un juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
La presidenta del parlamento regional llegó a las 09:00 de la mañana (1:00 de la madrugada hora Honduras) entre gritos de decenas de manifestantes a favor y en contra de la independencia. Empezó a declarar, a puerta cerrada, indicó una fuente judicial.
El tribunal admitió a trámite la querella del fiscal general por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos en el proceso de secesión lanzado en esa región.
Forcadell y otros cinco miembros del órgano rector del parlamento están acusados de haber urdido 'una estrategia concertada a declarar la independencia'.
Este plan comenzó, según la fiscalía, mucho antes de la declaración de independencia del parlamento catalán el 27 de octubre, anulada el miércoles por el Tribunal Constitucional, que supuso el punto álgido de una crisis sin precedentes en la historia moderna del país.
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El magistrado Pablo Llarena, destinado en Cataluña durante más de 20 años y buen conocedor de los asuntos de esa región, podría decretar prisión preventiva para ellos, como ocurrió con gran parte de los dirigentes independentistas que organizaron el 1 de octubre el referéndum inconstitucional.
'Presos políticos'
El presidente de la región cesado por Madrid, Carles Puigdemont, evitó ir a la cárcel al haber viajado a Bélgica hace diez días junto a cuatro compañeros, todos pendientes de que la justicia belga examine una orden de arresto emitida desde España.
Los independentistas consideran haber ganado el referéndum del 1 de octubre con un 90% de 'síes' y una participación del 43%, aunque la consulta se celebró sin un órgano neutral de supervisión.
Con esas cifras justificaron la declaración de independencia que se formuló el 27 de octubre con 70 votos a favor de 135 diputados.
La proclamación quedó en papel mojado a las pocas horas, cuando el gobierno español de Mariano Rajoy destituyó el ejecutivo de Puigdemont y disolvió la cámara regional entre otras medidas destinadas a tomar el control de Cataluña.
En cambio, puede conllevar fuertes consecuencias judiciales para sus impulsores que se exponen a penas de hasta 30 años por rebelión y 15 años por sedición.
Los independentistas rechazan haber cometido estos delitos que, según el código penal español, requieren de actos violentos y califican a sus dirigentes de 'presos políticos'.
En una carta publicada desde Bruselas, Puigdemont urgió a 'conseguir la liberación de los presos políticos que tiene secuestrados el Estado español'.
Pero desde Amnistía Internacional en Cataluña descartaron por ahora que fueran 'presos de conciencia', término que utiliza esta organización.
'Están acusados de actuaciones que pueden constituir delito. La juez tiene derecho a investigarlo', afirmaron en Twitter.
