El expresidente Álvaro Colom fue vinculado este martes al escándalo de corrupción Trans-Urbano, un modelo de transporte implementado durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El proyecto tiene sus antecedentes en noviembre del 2009, cuando la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), administración de Colom, presentó una iniciativa de ley con el fin de exonerar de impuestos la compra de los nuevos buses. Esta ya incluía los nombres de las empresas favorecidas con las 109 rutas.
En marzo del 2010 —un mes después de haberse constituido el fideicomiso Transpas—, la municipalidad adjudicó 109 rutas de transporte público en la capital de Guatemala, por 25 años, a las empresas Rutas Metropolitanas, Expansión Corporativa Milenium, Concesionarios del Transporte y Tendencias Modernas Latinoamericanas.
En el 2012, los transportistas suscribieron con el Ministerio de Comunicaciones los convenios 01-2012DSM; 02-2012DSM y el 03-2012-DSM, el 19 de abril, 31 de julio y 4 de septiembre de ese año, respectivamente, por Q70 millones cada uno (unos 225 millones de lempiras), para ejecutar un total de Q210 millones (674,211,031 millones de lempiras) que incluían el combustible, la contratación de servicios de seguridad y los costos de operación.
El pago del subsidio se basó en informes diarios sin que existiera un procedimiento administrativo de control, de acuerdo con los auditores. Q126 millones sirvieron para el subsidio de combustible. La AEAU presentó únicamente planillas, certificados y recibos que fueron aceptados por el Ministerio de Comunicaciones.
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La AEAU estaba obligada a elaborar un plan de seguridad y monitorear a dos mil agentes por medio del control de un GPS.
Además de Colom, por este caso fueron detenidas 10 personas, entre ellos el exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight y el exministro de Gobernación y exalcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara.
En ese entonces, la Comisión de Finanzas era dirigida por el excandidato presidencial Manuel Baldizón.
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