Figueroa Marroquín, de 34 años, quedó embarazada en 2003 y poco antes de que su embarazo llegara a término, mientras se desempeñaba como trabajadora doméstica, experimentó complicaciones que la llevaron a sufrir una emergencia obstétrica.
Fue procesada por homicidio agravado y según la Agrupación Ciudadana, sin testigos o pruebas directas y la falta de una “defensa legal adecuada” fue condenada a 30 años de prisión.
El 31 de enero, la defensa de la mujer solicitó la conmutación de la pena para Figueroa Marroquín y dos meses después la Corte Suprema resolvió reducir la condena a 15 años de cárcel.
En un comunicado de prensa enviado a la AP, Nancy Northup, presidenta y directora general del Centro de Derechos Reproductivos, declaró que “mientras que hoy celebramos la liberación de Maira, denunciamos al gobierno de El Salvador por no reconocer las violaciones al debido proceso y por no reconocer su inocencia”.
“Es inconcebible que Maira haya pasado 15 años en prisión por sufrir un a emergencia obstétrica. Aunque ha sido liberada, su condena no ha sido revocada y sigue siendo culpable ante los ojos de la ley”, agregó.
En lo que va del año, Maira ha sido la segunda mujer a la que el Estado salvadoreño conmuta la pena de 30 años de prisión tras sufrir un aborto y ser condenada por homicidio agravado.
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De acuerdo con cifras del colectivo feminista, cada año hay más de 25.000 mujeres embarazadas después de sufrir violaciones. Sin embargo, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
No obstante, en casos como el de Maira, si el delito se cambia a homicidio agravado, aquel provocado en razón del parentesco de la víctima y el victimario, estas mujeres pueden ser condenadas a entre 30 y 50 años de cárcel.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico y Eugenésico, ha señalado que en El Salvador las mujeres procesadas por abortos son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.
El Congreso salvadoreño estudia una reforma al Código Penal para que se apruebe la despenalización del aborto, pero la discusión se ha estancado ante la oposición de los partidos políticos.
