Managua, Nicaragua
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quedó bajo fuerte presión para desmontar la represión y permitir el acceso de organismos internacionales a investigar las 49 muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales, para poder iniciar un diálogo que conduzca a una salida a la crisis del país.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) exhortó a Ortega a permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 'para investigar y aclarar las muertes y desapariciones de nicaragüenses' como un gesto positivo' antes de iniciar un diálogo. El gobierno debe responder a la jerarquía católica antes del lunes a mediodía.
Los clérigos también instaron a Ortega a dar 'signos creíbles de su voluntad de diálogo' y para ello le demandaron eliminar 'los cuerpos paramilitares y fuerzas de choque que intimidan coaccionan y agreden a los ciudadanos'.
El llamado de los obispos se produjo luego de que estudiantes, empresarios y sociedad civil se declararon 'listos para el diálogo' pese a un ambiente de elevada animosidad contra el gobierno tras el ataque el viernes de supuestas fuerzas de choque afines al oficialismo a dos recintos universitarios, que se saldó con dos estudiantes muertos, elevando la cifra de fallecidos a 49 desde que comenzaron las protestas el 18 de abril pasado.
Los estudiantes se encontraban atrincherados en sus universidades para protestas contra las políticas del gobierno.
EEUU, CIDH Y ONU exhortan a respetar derechos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación en torno a la situación en Nicaragua y pidió a las autoridades se le permita ingresar al país para 'recopilar de primera mano información acerca de los incidentes suscitados a raíz de las manifestaciones', según su portavoz, Ravina Shamdasani.
Por su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó 'profunda preocupación' por la actual crisis en Nicaragua y condenó los actos de violencia al demandar que se lleve ante la justicia a los culpables de muertes, abusos y violaciones a los derechos humanos.
Además instó al gobierno de Ortega a crear 'las condiciones necesarias para un diálogo creíble, incluida la cesación de toda violencia'.
En tanto, la CIDH solicitó nuevamente al Estado su anuencia para realizar una visita al país y observar en el terreno la situación de los derechos humanos. El gobierno ya había rechazado una solicitud anterior, señalando a ese organismo que aguardara procesos internos de una comisión investigadora, creada por el Parlamento.
A las presiones contra el gobernante, de 72 años, se sumó el pedido esta semana de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez, que instaron al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y al Secretario de Estado Mike Pompeo a sancionar al gobierno de Nicaragua por graves abusos contra los derechos humanos.
Ortega enfrentaba este viernes una fuerte alteración del orden con bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, manifestaciones de estudiantes en las calles y un paro de taxistas como respuesta a la agresión a estudiantes en universidades.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quedó bajo fuerte presión para desmontar la represión y permitir el acceso de organismos internacionales a investigar las 49 muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales, para poder iniciar un diálogo que conduzca a una salida a la crisis del país.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) exhortó a Ortega a permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 'para investigar y aclarar las muertes y desapariciones de nicaragüenses' como un gesto positivo' antes de iniciar un diálogo. El gobierno debe responder a la jerarquía católica antes del lunes a mediodía.
Los clérigos también instaron a Ortega a dar 'signos creíbles de su voluntad de diálogo' y para ello le demandaron eliminar 'los cuerpos paramilitares y fuerzas de choque que intimidan coaccionan y agreden a los ciudadanos'.
El llamado de los obispos se produjo luego de que estudiantes, empresarios y sociedad civil se declararon 'listos para el diálogo' pese a un ambiente de elevada animosidad contra el gobierno tras el ataque el viernes de supuestas fuerzas de choque afines al oficialismo a dos recintos universitarios, que se saldó con dos estudiantes muertos, elevando la cifra de fallecidos a 49 desde que comenzaron las protestas el 18 de abril pasado.
Los estudiantes se encontraban atrincherados en sus universidades para protestas contra las políticas del gobierno.
EEUU, CIDH Y ONU exhortan a respetar derechos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación en torno a la situación en Nicaragua y pidió a las autoridades se le permita ingresar al país para 'recopilar de primera mano información acerca de los incidentes suscitados a raíz de las manifestaciones', según su portavoz, Ravina Shamdasani.
Por su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó 'profunda preocupación' por la actual crisis en Nicaragua y condenó los actos de violencia al demandar que se lleve ante la justicia a los culpables de muertes, abusos y violaciones a los derechos humanos.
Además instó al gobierno de Ortega a crear 'las condiciones necesarias para un diálogo creíble, incluida la cesación de toda violencia'.
En tanto, la CIDH solicitó nuevamente al Estado su anuencia para realizar una visita al país y observar en el terreno la situación de los derechos humanos. El gobierno ya había rechazado una solicitud anterior, señalando a ese organismo que aguardara procesos internos de una comisión investigadora, creada por el Parlamento.
A las presiones contra el gobernante, de 72 años, se sumó el pedido esta semana de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez, que instaron al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y al Secretario de Estado Mike Pompeo a sancionar al gobierno de Nicaragua por graves abusos contra los derechos humanos.
Ortega enfrentaba este viernes una fuerte alteración del orden con bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, manifestaciones de estudiantes en las calles y un paro de taxistas como respuesta a la agresión a estudiantes en universidades.
