Reforma constitucional
Managua, Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la secretaria general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunciaron el miércoles la creación un grupo de expertos independientes para investigar la violencia en Nicaragua, donde protestas contra el gobierno dejan al menos 87 muertos.
La CIDH, ente autónomo de la OEA, y la secretaría de la OEA, encabezada por Luis Almagro, 'alcanzaron hoy la anuencia del Estado de Nicaragua para crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia que han ocurrido desde el 18 de abril en ese país', indicaron en un comunicado.
El llamado GIEI para Nicaragua, que tendrá inicialmente un mandato de seis meses y deberá emitir un informe final público al final de su trabajo, estará conformado por cuatro reconocidos expertos en la protección de los derechos humanos, que serán seleccionados por la CIDH y designados por el secretario general de la OEA.
Según informó la CIDH, el Estado nicaragüense garantizará a estos especialistas el acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas, así como a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios. Además, proveerá la seguridad necesaria a los expertos para realizar su trabajo.
La creación de un GIEI para Nicaragua era la recomendación número tres de la CIDH al concluir su visita de trabajo a ese país, realizada del 17 al 21 de mayo.
Las protestas sociales en Nicaragua estallaron en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social que el gobierno de Daniel Ortega aprobó sin consenso. Pero se ampliaron para incluir demandas de justicia por la muerte de decenas de estudiantes tras la violenta represión policial.
Los manifestantes también exigen la renuncia de Ortega, un exguerrillero a quien acusan de intentar establecer una dictadura familiar similar a la de Anastasio Somoza (1934-1979), contra la que luchó.
Al finalizar su visita, CIDH pidió al gobierno nicaragüense dejar de reprimir a los manifestantes, desmantelar los grupos parapoliciales y controlar a los grupos armados que atacan y hostigan a la población civil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la secretaria general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunciaron el miércoles la creación un grupo de expertos independientes para investigar la violencia en Nicaragua, donde protestas contra el gobierno dejan al menos 87 muertos.
La CIDH, ente autónomo de la OEA, y la secretaría de la OEA, encabezada por Luis Almagro, 'alcanzaron hoy la anuencia del Estado de Nicaragua para crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia que han ocurrido desde el 18 de abril en ese país', indicaron en un comunicado.
El llamado GIEI para Nicaragua, que tendrá inicialmente un mandato de seis meses y deberá emitir un informe final público al final de su trabajo, estará conformado por cuatro reconocidos expertos en la protección de los derechos humanos, que serán seleccionados por la CIDH y designados por el secretario general de la OEA.
Según informó la CIDH, el Estado nicaragüense garantizará a estos especialistas el acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas, así como a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios. Además, proveerá la seguridad necesaria a los expertos para realizar su trabajo.
La creación de un GIEI para Nicaragua era la recomendación número tres de la CIDH al concluir su visita de trabajo a ese país, realizada del 17 al 21 de mayo.
Las protestas sociales en Nicaragua estallaron en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social que el gobierno de Daniel Ortega aprobó sin consenso. Pero se ampliaron para incluir demandas de justicia por la muerte de decenas de estudiantes tras la violenta represión policial.
Los manifestantes también exigen la renuncia de Ortega, un exguerrillero a quien acusan de intentar establecer una dictadura familiar similar a la de Anastasio Somoza (1934-1979), contra la que luchó.
Al finalizar su visita, CIDH pidió al gobierno nicaragüense dejar de reprimir a los manifestantes, desmantelar los grupos parapoliciales y controlar a los grupos armados que atacan y hostigan a la población civil.
