Managua, Nicaragua
La represión del gobierno de Nicaragua en contra de miles de nicaragüenses que marcharon el miércoles en Managua ha dejado 15 muertos y 199 heridos, informaron diversas fuentes.
Inicialmente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabilizó 11 muertes y 79 heridos por disparos descargados por fuerzas paramilitares en contra de manifestantes en Managua, pero el jueves por la tarde la policía precisó en un informe que se contabilizaron 15 muertos en diferentes partes del país. Los heridos fueron informados por la ministra de Salud, Sonia Castro.
Posteriormente, el canciller Denis Moncada leyó un comunicado del gobierno en el que se aseguraba que la violencia generada por grupos de oposición “con agendas políticas específicas” que activaron “formatos delictivos para aterrorizar a las Familias”, constituye una “conspiración” que viola la Constitución del país.
El miércoles fue el Día de la Madre en Nicaragua y las madres de los asesinados durante las protestas de abril y mayo organizaron una marcha de protesta por las principales calles de Managua, la cual fue acompañada por decenas de miles de nicaragüenses.
Minutos antes del ataque a la marcha, el presidente Daniel Ortega habló en un acto frente a una manifestación de simpatizantes y dijo que estaba comprometido con “retomar el camino de la paz”.
“Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos”, afirmó.
Las manifestaciones se iniciaron el 18 de abril contra una reforma al Seguro Social que incrementaba lo que debían aportar quienes cotizaban. Sin embargo, tras más de un mes, las protestas se han convertido en un reclamo continuo para que Ortega deje el poder.
Los principales líderes del sector privado en Nicaragua pidieron recientemente por carta a Ortega que lleve a cabo elecciones anticipadas para resolver semanas de disturbios mortales. El presidente respondió que Nicaragua no es propiedad privada de nadie.
“Los dueños de Nicaragua somos todos los nicaragüenses, independientemente del pensamiento político, ideológico o religioso”, añadió el gobernante.
El analista político Oscar René Vargas dijo a The Associated Press que parece ser que Ortega está dispuesto a quedarse en el poder a cualquier costa.
“No importa la cantidad de gente que tenga que morir”, dijo Vargas. “(Ortega) se está quedando solo con una parte de los empleados del Estado, la policía represora y turbas a las que les paga para que actúen como paramilitares y a nivel internacional también está quedando aislado”, añadió.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal emitió este jueves un comunicado en el que condenó los “acontecimientos violentos perpetrados la noche de ayer por grupos armados afines al Gobierno contra la población civil” y afirmó que “no se puede reanudar el diálogo nacional mientras al pueblo se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la violencia del miércoles que afectó a madres que lloraban a sus hijos muertos en las protestas y en una nota de prensa señaló que aquellos individuos responsables de violaciones a derechos humanos tendrán que rendir cuentas ante la comunidad internacional.
Mientras tanto, el Parlamento Europeo, votó el jueves una resolución en la que pidió el cese de la represión en contra de las manifestaciones pacíficas, a la vez que consideró que la salida a la crisis sea por medio de “algo tan revolucionario como elecciones democráticas”.
La represión del gobierno de Nicaragua en contra de miles de nicaragüenses que marcharon el miércoles en Managua ha dejado 15 muertos y 199 heridos, informaron diversas fuentes.
Inicialmente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabilizó 11 muertes y 79 heridos por disparos descargados por fuerzas paramilitares en contra de manifestantes en Managua, pero el jueves por la tarde la policía precisó en un informe que se contabilizaron 15 muertos en diferentes partes del país. Los heridos fueron informados por la ministra de Salud, Sonia Castro.
Posteriormente, el canciller Denis Moncada leyó un comunicado del gobierno en el que se aseguraba que la violencia generada por grupos de oposición “con agendas políticas específicas” que activaron “formatos delictivos para aterrorizar a las Familias”, constituye una “conspiración” que viola la Constitución del país.
El miércoles fue el Día de la Madre en Nicaragua y las madres de los asesinados durante las protestas de abril y mayo organizaron una marcha de protesta por las principales calles de Managua, la cual fue acompañada por decenas de miles de nicaragüenses.
Minutos antes del ataque a la marcha, el presidente Daniel Ortega habló en un acto frente a una manifestación de simpatizantes y dijo que estaba comprometido con “retomar el camino de la paz”.
“Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos”, afirmó.
Las manifestaciones se iniciaron el 18 de abril contra una reforma al Seguro Social que incrementaba lo que debían aportar quienes cotizaban. Sin embargo, tras más de un mes, las protestas se han convertido en un reclamo continuo para que Ortega deje el poder.
Los principales líderes del sector privado en Nicaragua pidieron recientemente por carta a Ortega que lleve a cabo elecciones anticipadas para resolver semanas de disturbios mortales. El presidente respondió que Nicaragua no es propiedad privada de nadie.
“Los dueños de Nicaragua somos todos los nicaragüenses, independientemente del pensamiento político, ideológico o religioso”, añadió el gobernante.
El analista político Oscar René Vargas dijo a The Associated Press que parece ser que Ortega está dispuesto a quedarse en el poder a cualquier costa.
“No importa la cantidad de gente que tenga que morir”, dijo Vargas. “(Ortega) se está quedando solo con una parte de los empleados del Estado, la policía represora y turbas a las que les paga para que actúen como paramilitares y a nivel internacional también está quedando aislado”, añadió.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal emitió este jueves un comunicado en el que condenó los “acontecimientos violentos perpetrados la noche de ayer por grupos armados afines al Gobierno contra la población civil” y afirmó que “no se puede reanudar el diálogo nacional mientras al pueblo se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la violencia del miércoles que afectó a madres que lloraban a sus hijos muertos en las protestas y en una nota de prensa señaló que aquellos individuos responsables de violaciones a derechos humanos tendrán que rendir cuentas ante la comunidad internacional.
Mientras tanto, el Parlamento Europeo, votó el jueves una resolución en la que pidió el cese de la represión en contra de las manifestaciones pacíficas, a la vez que consideró que la salida a la crisis sea por medio de “algo tan revolucionario como elecciones democráticas”.
