Sicarios aliados con policías confesaron haber matado a 17 de los 43 estudiantes desaparecidos hace una semana en el sur de México, que podrían estar entre los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas, algo que sus familiares se niegan a creer.
'Es mentira todo lo que se ha dicho, que los muchachos ya aparecieron (muertos) ... Los muchachos están vivos, nosotros como padres de familia estamos conscientes, lo sentimos', dijo a la AFP María Castrejón, tía de uno de los jóvenes desaparecidos.
Familiares y compañeros de los estudiantes convocaron este lunes a los medios para dar a conocer su postura sobre la investigación que realiza el gobierno regional de Guerrero (sur), del que desconfían y responsabilizan de que ocurriera la tragedia el 26 de septiembre.
Esa noche, policías y criminales dispararon contra varios autobuses de los que se habían apoderado los estudiantes para regresar desde Iguala, a donde habían ido a recaudar fondos, hasta su escuela cercana a Chilpancingo, capital regional. En esos tiroteos murieron seis personas, tres de ellas estudiantes, y se reportó la desaparición de otros 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos por última vez capturados en patrullas policiales.
La tarde del domingo el fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, dio a la prensa más detalles de un crimen que ha estremecido a México y puesto sobre la mesa de nuevo la profunda infiltración del narcotráfico en autoridades y policías del país.
De acuerdo con Blanco, dos presuntos sicarios del cártel local Guerreros Unidos, que están entre la treintena de detenidos por este caso, han confesado su participación en el asesinato de 17 de los 43 estudiantes desaparecidos, en alianza con la policía local.
Según su confesión, los dos pistoleros hicieron descender a tiros a los estudiantes del autobús y se llevaron a 17 de ellos hasta un cerro de la comunidad de Pueblo Viejo (Iguala) 'donde tienen fosas clandestinas y donde indican que los ultimaron', señaló Blanco.
Tanto el director de Seguridad Pública como el alcalde están prófugos desde las balaceras en Iguala, situado a unos 200 km de Ciudad de México.
Más de 20 policías de ese municipio de 140,000 habitantes fueron detenidos y señalados de trabajar para Guerreros Unidos, un grupo surgido hacia 2010 del debilitamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
A raíz de declaraciones de los detenidos, el sábado fueron encontradas las fosas clandestinas en un área montañosa ubicada a 2 km de cualquier camino y cercana a la comunidad de Pueblo Viejo, de donde se han extraído 28 cuerpos.
El fiscal Blanco dijo que los cádaveres hallados 'presentan signos de calcinación' ya que los criminales prepararon una cama de troncos sobre la que quemaron los cuerpos con alguna sustancia inflamable.
El funcionario avanzó que los trabajos para confirmar si entre ellos están los estudiantes se demorarán al menos dos semanas.
Ya había precedentes en Guerrero de que 'autoridades federales y locales han participado en agresiones con armas de fuego contra estudiantes', advirtió este lunes Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es de la mayor importancia que no haya impunidad porque en este tipo de casos 'se juega en parte el prestigio del Estado mexicano ante las instancias internacionales', subrayó Álvarez a la emisora MVS Radio.
Los desaparecidos estudiaban en una escuela de magisterio conocida por su activismo de izquierda en la empobrecida Guerrero, una de las regiones más azotadas por el crimen organizado y la violencia social.
México teme estar ante una de las peores masacres desde la intensificación de la lucha militar contra el narcotráfico en 2006 -desde cuando han sido asesinadas más de 80,000 personas- y la peor desde que asumió Peña Nieto en diciembre de 2012.
