Mundo

Alcalde de Iguala y su esposa, en la mira por desaparición de estudiantes

Una de las varias hipótesis es que la primera dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda, quiso impedir que los universitarios interrumpieran un discurso.

08.10.2014

México

El alcalde de la ciudad mexicana de Iguala (sur) fue acusado de asesinato hace un año y su esposa es hermana de narcotraficantes, pero la pareja supo mantenerse en el poder hasta la noche en que 43 estudiantes desaparecieron tras un ataque de sus policías corruptos.

A 12 días de que los uniformados y sicarios de un cártel local atacaran a los jóvenes, las autoridades batallan para explicar cómo el alcalde José Luis Abarca y su esposa, ahora prófugos, se las arreglaron para permanecer tanto tiempo al mando de esta localidad ubicada a 200 km de Ciudad de México.

Varias fosas clandestinas, con 28 cadáveres aún sin identificar, aparecieron recientemente en las espesas montañas de las afueras de Iguala, atizando los temores de que los estudiantes desaparecidos hayan sido asesinados.

De confirmarse estas sospechas, sería la peor masacre conocida desde que arrancó la presidencia de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.

'La pareja imperial'

Abarca y su esposa, descritos por el diario El Universal como 'la pareja Imperial de Iguala', están bajo la mira de las autoridades por el papel que pudieron desempeñar en el ataque.

Según el gobernador de la empobrecida y convulsa región de Guerrero, Ángel Aguirre, una de las varias hipótesis es que la primera dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda, quiso impedir que los universitarios -conocidos por sus radicales posturas políticas- interrumpieran un discurso que tenía previsto aquel 26 de septiembre.

Este caso ha dejado en entredicho al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuya dirigencia se trasladó a Iguala el lunes para disculparse por haber permitido que Abarca compitiera por la alcaldía en 2012.

'Asumimos nuestro error y ofrecemos al pueblo de Guerrero nuestras disculpas y pedimos su perdón', dijo el recién elegido presidente del PRD, Carlos Navarrete.

Pese a una denuncia por asesinato que pesaba sobre él desde el año pasado, Abarca asistió a eventos donde se codeó y tomó fotografías con numerosos líderes políticos, incluido el alcalde de Ciudad de México y el mismo Peña Nieto.

El portavoz de Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo a la AFP que Peña Nieto no conoce a Abarca y que, en el momento en que la imagen fue tomada, se encontraba entre muchos otros gobernantes locales que con frecuencia se acercan a él para tomarse fotografías.

Peña Nieto 'no tiene una relación con esta persona', enfatizó Sánchez, que dijo desconocer la fecha en que fue tomada la fotografía.

Corrupción en México

Las desapariciones han puesto de relieve la infiltración del crimen organizado en partidos políticos y fuerzas de seguridad mexicanos, en el marco del combate militarizado contra el narcotráfico lanzado por el Ejecutivo en 2006, que ha dejado más de 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos.

Esta semana, Peña Nieto ordenó a sus fuerzas federales asumir la seguridad de Iguala (140.000 pobladores) y desarmar a los policías municipales, 22 de los cuales habían sido detenidos tras la balacera como sospechosos de servir al cártel Guerreros Unidos.

Javier Oliva, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estima que la permanencia de Abarca y su esposa en el poder 'tiene que ver con los altísimos niveles de impunidad que existen en México'.

El edil fue expulsado de su partido y llamado a declarar, pero su esposa no ha sido convocada.

Las autoridades federales y estatales han defendido sus razones para no haber acusado a Abarca de asesinato ni haber investigado a la esposa del alcalde, pese a que sus dos hermanos -ahora fallecidos- formaban parte de la lista de los más buscados en México, como cabecillas del cártel de los Beltrán Leyva, del que surgieron los Guerreros Unidos.

La senadora federal Dolores Padierna (PRD) aseguró a la AFP que se presentaron denuncias contra Abarca ante la fiscalía estatal y federal por el asesinato de un activista en mayo de 2013.

Pero la fiscalía estatal argumenta que nunca se presentaron evidencias y el alcalde se declaró inocente.

De su lado, el fiscal general, Jesús Murillo Karam, reconoció que un miembro del PRD le advirtió del caso, pero sin presentarle pruebas.

'No puedo trabajar con sospechas. Tengo que trabajar con evidencias', sostuvo Murillo Karam, quien también explicó la razón por la cual no hay investigación contra Pineda.

'Si un hermano suyo comete un delito no lo puedo investigar a usted (...). No investigamos en razón de parentesco, sino de hechos', señaló