La violencia que en estos días sacude a Olancho es solo un perturbador reflejo de lo que ocurre en todo el territorio hondureño, donde las más diversas formas de delincuencia comparten tiempo y espacio con la absoluta impunidad.
Tampoco representa ninguna novedad la promesa de que “vamos a imponer el orden en Olancho”, expresada por el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, a raíz de lo ocurrido el fin de semana, cuando 13 personas fueron asesinadas en ese departamento, incluyendo la ejecución en Catacamas, el sábado, de ocho jóvenes, entre ellos un menor de 17 años.
Desde hace mucho tiempo, principalmente después de que a finales del año pasado quedó al descubierto que la Policía Nacional no solo es totalmente deficiente en la lucha contra los delincuentes, sino que muchos de sus agentes y oficiales se cambiaron de bando, han llovido las promesas de depuración, de que se le pondrá fin a la impunidad, pero más bien los asesinatos emblemáticos selectivos, las matanzas y la influencia del narcotráfico han aumentado ostensiblemente sin que en la práctica se haga nada para revertir la situación.
En el caso de Olancho, un departamento de gran producción ganadera y agrícola, la violencia ha sido una constante, principalmente por las vendettas familiares y grupos delictivos dedicados al abigeato.
Pero en los últimos años la situación ha empeorado por la presencia de bandas de narcotraficantes y el constante aterrizaje de narcoavionetas. Allí fue apresado, en 2003, el diputado nacionalista Armando Ávila Panchamé, quien posteriormente fue asesinado en la Penitenciaría Nacional mientras purgaba condena por narcotráfico.
La presencia de fuertes contingentes de hombres armados, que imponen las leyes de las balas, ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por gente honrada que se ve asediada por los delincuentes.
Desafortunadamente, las autoridades hondureñas han convertido ya en un hábito reaccionar con declaraciones rimbombantes ante hechos que sacuden la conciencia nacional, todo con el fin de hacer creer que en verdad están actuando. Pero al final todo se diluye en el tiempo sin que se vean cambios reales.
Y es que la respuesta ante la criminalidad debiera ser integral, como producto de una verdadera política de seguridad, y no solo con el fin de calmar el malestar general expresado en los medios de comunicación y a viva voz por parte de la gente que sufre.
