El cobro del llamado “impuesto de guerra” y los asesinatos que frecuentemente cometen los delincuentes para aterrorizar más a las víctimas, no solo son, quizá, la peor y más negativamente trascendental forma de la terrible inseguridad en que sobrevivimos los hondureños, sino también la que mejor exhibe la inoperancia contra el crimen y la misma pérdida de autoridad real por parte del Estado.
El simple hecho de que, ya sean los extorsionadores o las mismas víctimas, lo hayan bautizado como “impuesto” representa el primer desafío a la autoridad del gobierno, lo que se completa con la estructura organizacional, efectividad e impunidad con que se cobra.
Si bien desde que las “maras” afianzaron su poder en Honduras comenzaron a cobrar el “impuesto de guerra” en las zonas marginales que controlaban, ha sido durante la actual administración que el problema se ha extendido a todo el transporte público y pequeños y medianos negocios como pulperías, mercaditos, panaderías, reposterías, salones de belleza, ferreterías, tiendas de abarrotes y vestuario, comedores, zapaterías y farmacias.
Pero lo peor es que mientras más emprendedores se han visto obligados a cerrar sus negocios, con el consiguiente daño económico, mientras más son obligados a pagar a los delincuentes para poder operar, mientras más son asesinados para garantizar el terror necesario para el éxito de este tipo de delitos, muy poco, prácticamente nada, hacen las autoridades del país para salir en rescate de las víctimas.
La justificada desconfianza en las llamadas fuerzas del orden hace que incluso las víctimas teman hacer la respectiva denuncia.
Pero aun así. El hecho de que un simple usuario del transporte público, del taxi colectivo, por ejemplo, se entera con lujo de detalles sobre las formas, las cantidades, los lugares y los días en que se cobra el “impuesto de guerra”, ¿cómo es posible que los policías honestos, los fiscales, sus jefes, no puedan ubicar, desmantelar, estas organizaciones criminales y esclarecer los asesinatos que cometen?
El asesinato el pasado domingo de un joven conductor de “rapiditos” provocó una protesta de los transportistas capitalinos. Otro fue asesinado en Tegucigalpa el martes y otro ese mismo día en San Pedro Sula. Y mientras tanto los operativos de nombres llamativos, como “Libertad” o “Xatruch”, y las rimbombantes o manidas declaraciones de los funcionarios continúan agotando el poco tiempo que le queda al presidente Lobo para hacer algo contra la inseguridad.
