Quienes creyeron que por fin --quizá debido a las suspicacias provocadas porque una beligerante niña de 13 años apareció asesinada horas después de insultar al propio presidente de República y a la Policía Nacional-- estábamos ante una inusitada, rápida y efectiva investigación policial que permitía esclarecer el crimen en tiempo récord, de nuevo nos encontramos con que simple y sencillamente se trataba de una engañifa más en la que participaron el propio ministro de Seguridad y por lo menos uno de los voceros policiales.
Como el día anterior a que apareciera el cuerpo encostalado de Soad Nicolle Ham Bustillo, tres estudiantes del Instituto Jesús Aguilar Paz –con excelencia académica algunos de ellos– también fueron asesinados a tiros, en medio de las protestas estudiantiles, violentamente reprimidas por los que órganos policiales y militares –que en esto sí exhiben una extraordinaria efectividad–, el secretario de Seguridad, general Julián Pacheco, aseguró que “hay todo un trabajo profesional y pronto se verán los resultados”, calificando de “temerarias” las vinculaciones de estos “crímenes con las protestas estudiantiles”.
Unido a lo anterior, el vocero policial Leonel Sauceda también jugó otro triste papel, tras anunciarse la captura del taxista que supuestamente habría trasladado el cadáver de la niña centralista de la “casa loca” al lugar baldío donde fue encontrado su cadáver y posteriormente de dos supuestos mareros que habrían cometido el crimen, dando supuestos detalles del hecho que incluían la mención de la posibilidad de obtener pruebas científicas como restos de sangre.
Las autoridades incluso se atrevieron a dar como “cerrado” el caso.
Sin embargo, a estas alturas apenas uno de los detenidos –falta que saber todavía si realmente existen indicios racionales para vincularlo con el crimen de la niña– sigue en prisión. A los otros dos se les dictó sobreseimiento porque no se presentaron ante el juez las pruebas que la policía aseguraba tener en contra de ellos.
Todo parece indicar, entonces, que estamos ante un caso más en que las autoridades policiales capturan al primero que se les atraviesa para pretender aparecer ante la opinión pública con una efectividad que la realidad nos muestra no existe.
Ya es tiempo que la policía y el Ministerio Público actúen con más responsabilidad a fin de no seguir desprestigiando nacional e internacionalmente al país y al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, al que además exponen a demandas de quienes son exhibidos ante los medios de comunicación como delincuentes.
