Conforme la RAE, colaboración es la realización conjunta de un trabajo, por su parte eficaz significa que se logra hacer efectivo un intento o propósito, así de sencillo… cuando la cooperación es oportuna, evidente y concluyente el objetivo se cumple.
De eso trata la iniciativa sobre Colaboración Eficaz que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) puso a consideración del Ejecutivo desde hace unos tres meses para que fuera trasladada al Legislativo y convertirla en ley -sin que hasta al tiempo de redactar esta nota la acción haya ocurrido- recién a finales de marzo de 2017 el vocero de la Misión expresó sobre el particular: “Lo que queremos en este momento es un poco de velocidad.”
Si bien el Congreso está en el debate de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y en reformar el controvertido artículo 335-B conocido como “ley mordaza”, que los periodistas exigen derogar por completo por atentatorio a la libre expresión del pensamiento, un grupo de diputados de los distintos partidos han tomado la decisión de elevar esta iniciativa al pleno del hemiciclo, la medida es una respuesta a la ingente necesidad de dotar a la Maccih de un instrumento eficiente que permita y asegure seguir su línea de acción para lograr su cometido.
Con este comportamiento los diputados proponentes, por un lado, otorgan un fuerte respaldo a la Misión, satisfacen a sus representados y a la vez permiten un instrumento que sirva de termómetro político para detectar que padres de la patria darán su consentimiento y aprobarán el anteproyecto en ley en el corto plazo y sin aplazamientos, demostrando así que están en consonancia con el gobierno central en el sentido de combatir de frente la corrupción y erradicar la impunidad.
Con la aplicación de este instrumento jurídico se podrá dar vida y validez legal a un efectivo sistema nacional anticorrupción logrando conformar una verdadera plataforma normativa para respaldar judicialmente y con éxito la lucha contra la corrupción en el país.
Se trata en sí de lograr desmantelar las redes criminales de la delincuencia organizada y de la corrupción que tanto daño le hacen a la sociedad hondureña, por eso extraña la tardanza y el hecho de engavetar la propuesta de la ley de parte del gobierno central, en contraposición a su siempre mantenida campaña política sobre la necesidad urgente de erradicar estos flagelos.
Conforme parte de sus articulados, la normativa permite que personas ligadas a delitos y están detenidas o están siendo investigadas e incluso los tantos pendientes de investigar, pueden proporcionar información y aporten pruebas concretas sobre quiénes son los que lideran las bandas delictivas, permitiendo con ello dar paso a una investigación más precisa, capturando, judicializando tales hechos y castigando de manera terminante a los autores intelectuales, en tanto por la colaboración, los cooperadores podrán recibir a lo menos una reducción en sus condenas.
Esta ley ha sido de vital importancia en distintos países para hacer frente a una serie de delitos que se mantenían en la impunidad ya sean de reciente o de pasada ocurrencia, el éxito obtenido ha sido el castigo pleno a los infractores de la ley no importando el “caiga quien caiga”.
Es de esperar que en el corto plazo sea aprobada por consenso en el Congreso Nacional, ese es el comportamiento que se espera realicen los diputados, porque como representantes del pueblo escogidos en las urnas se deben al conglomerado nacional que exige castigo a los que comprometen la estabilidad de la nación.
