Ilama, Honduras
Los privilegios de los reclusos de alta peligrosidad trasladados a El Pozo, en Santa Bárbara, se reducirán al extremo de no permitirles más el uso de anillos, cadenas, cortes de cabello y vestimenta a su gusto, como lo hacían en el penal de Támara de la capital de Honduras.
Así lo anunció el pasado martes el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde participará en la 71 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Estas condiciones extremas se pudieron constatar en las primeras imágenes facilitadas a la prensa sobre la estadía de los reos trasladados el pasado lunes a la megacárcel.
“Se acabaron los privilegios que estos delincuentes seguían teniendo desde las cárceles. He ordenado su aislamiento en celdas para una sola persona, con acceso a la luz del sol solo por una hora', aseguró el mandatario.
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El gobernante precisó que 'vamos a quitarles los anillos, las cadenas, vamos a mantener rapadas sus cabezas y no podrán tener más ropa que la anaranjada que los distingue como reos de alta peligrosidad”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, ratificó el compromiso para brindar la seguridad en los centros penitenciarios a nivel nacional.
“Hay una unidad especial encargada de la seguridad de los centros penales, pero la Policía Nacional y los demás operadores tenemos la responsabilidad de colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario (INP), para mejorar los controles de seguridad”, afirmó el titular de Seguridad.
Ante la legislación existente que prohíbe la realización de llamadas telefónicas desde las cárceles nacionales; el funcionario señaló que no solo las llamadas deberán ser controladas, también los sistemas de televisión por cable, ya que por medio de Internet igualmente se puede establecer una comunicación.
Asimismo, la Comisión Nacional Telecomunicaciones (Conatel) reiteró el llamado a las compañías de telefonía móvil para regular la salida de llamadas desde los recintos penitenciarios.
Según el comisionado del INP, German Mcniel, el hacinamiento es tan grande que hay 17,400 privados de libertad en las cárceles hondureñas, mismas que solo tienen capacidad para 8,500 reclusos.
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Cerrarán cárceles
Como parte de las reformas a realizar en el sistema penitenciario nacional, serán cerrados los centros penales de San Pedro Sula y Santa Bárbara.
“Esta es una medida importante para la ciudadanía, porque vamos a cerrar esas cárceles que se ubican en el casco urbano, representaban un peligro para nuestro pueblo y por eso decidimos que se cierren en las próximas semanas y meses”, anunció el gobernante.
Explicó que en el caso del viejo penal de Santa Bárbara, su población carcelaria será trasladada al nuevo centro penitenciario ubicado en Ilama. Dicho recinto tiene capacidad para 88 reclusos de alta peligrosidad y para unos 1,500 reos de media o baja peligrosidad.
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El nuevo centro penal de Naco tiene capacidad para albergar a más de 2,000 reclusos y también estará provisto de celdas de reclusión de máxima seguridad.
Este centro albergará a la población de la granja penal de San Pedro Sula. Los traslados se realizarán a inicios del próximo año. Las viejas granjas serán convertidas en centros de recreación y en espacios culturales para beneficio de toda la población.
“Estamos atendiendo un clamor popular; estas medidas son parte de la política integral de seguridad, mediante la cual hay acciones de prevención, castigo y rehabilitación”, dijo.
Además, para estos reos de alta peligrosidad se suspendieron de forma indefinida las visitas conyugales, de parientes y amigos, ya que se descubrió que a través de ellas enviaban órdenes con mensajes codificados para que se cometiera todo tipo de actos criminales.
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