Tegucigalpa, Honduras
La reconstrucción y certificación del expediente judicial del caso del asesinato de la ambientalista Bertha Cáceres no debe justificar la falta cometida por la magistrada que extravió el documento.
En esos términos se pronunció ayer el representante de la sociedad civil, Carlos Hernández, quien exhortó a las autoridades del Poder Judicial a tomar medidas en contra de la funcionaria.
“No vamos a desconocer que el robo de ese carro y el extravío de ese expediente debilita la confianza que la ciudadanía nacional e internacional tiene sobre los operadores de justicia del país”, dijo.
En ese sentido, pidió castigar a la magistrada del Tribunal de Sentencia, que fue a quien se le perdió el expediente judicial.
“Tiene que sancionarse, hay que dejar un mensaje, al margen del historial de la magistrada, por que uno no juzga a la persona por su historia sino por el hecho”, enfatizó.
Hernández argumentó que con el hecho que el caso está en proceso de investigación, el Poder Judicial debe tomar medidas en el asunto.
Asimismo, recomendó establecer los protocolos necesarios para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.
No obstante, dijo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y los representantes de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) actuaron de manera responsable al estar vigilantes al momento de certificar las copias del expediente de este caso judicial.
El pasado 28 de septiembre, la magistrada María Luisa Ramos fue objeto del robo de su vehículo cuando se transportaba por una de las calles de la colonia Humuya de Tegucigalpa.
Ramos trasladaba en su vehículo el expediente original del caso del crimen contra Bertha Caceres, porque es ponente en dicha causa.
EL HERALDO consultó a las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) sobre las indagaciones que se hacen para dar con el paradero del automotor, pero estos afirmaron que desconocen aún que ocurrió con el vehículo.
De acuerdo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, la magistrada llevaba el expediente a su casa de habitación para estudiarlo.
Dos días después del hecho, Argueta ofreció una conferencia de prensa argumentando que investigarían a profundidad el extravío del expediente.
Asimismo, mediante una circular prohibió a los jueces y magistrados sacar los expedientes del Poder Judicial
