Tegucigalpa, Honduras
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, reconoció el papel de los facilitadores judiciales en Honduras.
Argueta habló de los retos que tiene el programa para que pueda seguir funcionando en el país.
A continuación la entrevista brindada a El HERALDO.
¿Cuál es el propósito del Programa de Facilitadores Judiciales en Honduras?
Este programa inició en 2012 con la firma de un convenio con la Organización de Estados Americanos y el Poder Judicial, tiene tres propósitos fundamentales; propiciar el acceso a la justicia, la resolución de los conflictos en las comunidades y el apoyo al desarrollo de una cultura de paz en la convivencia en las distintas zonas del país.
¿Cuál es el impacto que ha dejado el programa en el país?
El impacto es un esquema ostensible que permite la reducción de la mora judicial, porque cuando la gente acude a un facilitador existe alta posibilidad que se resuelva el conflicto y una vez que se produce una resolución, bajo el mecanismo de la conciliación, este caso, denuncia o demanda ya no va a un órgano jurisdiccional o juzgado o corte del país; esto propicia la reducción de la mora judicial.
¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia para que el programa pueda seguir funcionando en Honduras?
Estamos en diversas reuniones y acciones con el propósito de acercarnos a entidades públicas e internacionales para explicarles los beneficios del programa y poder obtener un apoyo financiero, el Poder Judicial está en la más absoluta disposición de que el programa no se caiga, todo lo contrario, que el programa se consolide y amplíe, ya sea con la designación adicional de fondos del presupuesto del Poder Judicial o la solicitud de fondos a programas como la tasa de seguridad.
¿Adónde están establecidos los facilitadores judiciales?
Los facilitadores están diseminados en 12 departamentos del país, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Intibucá, Comayagua, El Paraíso, Choluteca, Francisco Morazán y en Islas de la Bahía, pero el objetivo es ampliar el programa al resto de departamentos.
¿Cuáles son los principales retos que tiene el programa en el país?
Son varios, tomando en cuenta los resultados que hemos obtenido, el primero de ellos sería consolidar el programa en los 12 departamentos en donde está, el segundo sería ampliar a los seis departamentos donde todavía no está y el tercer gran reto es ampliar el número de facilitadores judiciales de tal manera que más líderes de las comunidades se agreguen al mismo, presten sus servicios y sirvan de catalizadores de la convivencia y de la paz y tranquilidad en cada uno de los grupos sociales, otro reto es ampliarlo a los grupos étnicos del país.
¿Cómo analiza el papel jugado por todos los facilitadores?
Estamos bastantes complacidos, pero queremos la obtención de más resultados, más de los que ya positivamente se han dado, agradeciendo evidentemente el apoyo de países amigos, como Holanda que nos ha estado financiando para el desenvolvimiento de este programa y la voluntariedad de los facilitadores judiciales, que hay que decirlo desempeñan su labor ad honorem, es decir, no hay ningún salario, ninguna bonificación, son líderes de cada una de las comunidades que regalan su tiempo para dedicárselo al programa.
Lea también: Facilitadores, el rostro humano de la justicia
