El dictamen del paquete de reformas a leyes y códigos en materia de seguridad promovidas por el Poder Ejecutivo fue conocido la noche del lunes por el pleno de diputados del Congreso Nacional, cuya versión final sufrió algunos cambios en su contenido.
El proyecto de decreto denominado Ley para el Fortalecimiento y la Efectividad de la Política de Seguridad pasó en su primer debate, el cual será ampliamente discutido en la cámara legislativa, precisó el presidente del CN, Mauricio Oliva.
Confirmó que “se le va a dar una discusión amplia, transparente y con todo el tiempo necesario para sacar de ahí el mejor producto”.
Previo a la introducción del dictamen se procedió a la lectura de la opinión emitida el pasado 13 de enero por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tal como lo solicitó la bancada del Partido Liberal.
Un total de doce observaciones hizo el Poder Judicial al proyecto de decreto mediante su juicio, las cuales fueron tomadas en consideración por la comisión de dictamen.
El pasado 4 de enero, el Poder Ejecutivo remitió el conjunto de modificaciones a estos instrumentos jurídicos para una lucha efectiva contra las diferentes formas de criminalidad.
La iniciativa de ley plantea el endurecimiento de las penas de 15 a 20 años por la figura delictiva de la extorsión, mientras que el terrorismo se castigará con entre 40 y 50 años de reclusión, entre otras disposiciones.
Modificaciones
El dictamen definitivo de la Ley para el Fortalecimiento y la Efectividad de la Política de Seguridad reflejó ciertas modificaciones de forma y estilo a la versión original que envió el Poder Ejecutivo.
En el primer artículo se suprimió la reforma por adición del artículo 25 del Código Penal referente a las causas de inculpabilidad, donde se buscaba liberar de responsabilidad a los operadores de seguridad que en cumplimiento de su deber causaran lesiones o muerte a una persona.
Respecto a la enmienda del artículo 222 contentivo del delito de extorsión, se le agregaron siete circunstancias por las que se le aumentará la pena en un tercio.
“Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado; si un adulto utiliza a un menor o persona en condición de vulnerabilidad o capacidades especiales y cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable”, son algunas de esas causales.
Añade que si el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de funciones del cargo, se le impondrá adicionalmente su inhabilitación por diez años.
La segunda lectura del dictamen se continuaría este miércoles para proceder a su respectiva aprobación en tercer y último debate en la sesión del jueves o hasta cuando se considere pertinente, anunció Oliva.
