Una estructura criminal conformada por unos 30 policías -entre oficiales y agentes de la escala básica-, un diputado y un gerente de una empresa enviaba armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cometía otros delitos en la zona sur y central de Honduras.
Así lo establece el expediente investigativo número SEDS-0416-2010, que parte de un documento que envió el 7 de marzo del 2003 el policía Exequiel Antonio Estrada Izaguirre a la Dirección de la Policía Preventiva, el cual fue verificado con una investigación registrada en el oficio DGPP-DNT-No.0275-2004, realizada por un oficial asignado a la Sección de Análisis de Tránsito.
El expediente que entre 2010 y 2016 fue actualizado contiene diligencias realizadas, patrones fotográficos, movimientos migratorios y comunicaciones internas.
En una de las comunicaciones hace referencia a que entre el 2004 y 2010 el expediente -cuando se mantuvo oculto- fue saqueado por los mismos oficiales involucrados con el fin de borrar todo tipo de evidencia que los ligara con la banda criminal.
En los documentos consta que del 2010 en adelante al menos dos ministros de seguridad y los directores de la Policía conocieron la investigación, pero el expediente nunca fue enviado al Ministerio Público.
Gracias a esa desidia seis oficiales señalados siguen activos con el rango de subcomisionados y actualmente están en lista de ascenso. Igual seis elementos de la escala básica, involucrados, continúan en la institución.
EL HERALDO conoció que parte del expediente SEDS-0416-2010 está entre los documentos que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confiscó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad ubicada en el Ocotal, Francisco Morazán.
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Denuncia
Impotente ante el actuar delictivo de algunos de sus compañeros, el 7 de marzo del 2003 Estrada Izaguirre, asignado en la posta de Monjarás, Choluteca, le mandó un informe a la entonces directora general de la Policía Preventiva, Coralia Rivera de Coca, donde detalla nombres, apellidos, rangos y puestos de asignación de los oficiales y agentes de la escala básica que forman parte de la estructura criminal.
Estrada Izaguirre, quien meses después fue asesinado, le pidió a Rivera nombrar un equipo de investigación para que confirmara su denuncia y evitar que sus compañeros y superiores siguieran cometiendo delitos, “ya que estos oficiales y policías nos están haciendo ver mal a todos los policías que estamos asignados aquí en Monjarás”, escribió.
300 fusiles Faly 300.000 municiones se perdieron del Escuadrón Cobras. El caso se descubrió a finales de agostode 2011. |
Ante tal situación, el inspector Juan Carlos Sotelo, edecán de Rivera, le pidió al entonces director de Tránsito investigar el caso con urgencia. “Remita a Cálix Hollman para que investigue de inmediato”, escribió el edecán en la parte superior del informe.
En julio de 2007 Sotelo también fue acribillado a tiros en la colonia América, ubicada en esta capital.
Ambas muertes siguen en la total impunidad. Como los delitos contra la vida no prescriben, la depurada Polic?a y la fiscalía aún tienen una tarea pendiente.
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Armas a las FARC
En el detallado informe, Estrada Izaguirre hace referencia al aterrizaje de una narcoavioneta el 16 de octubre de 2002 en la carretera que de S an José de la Landa conduce a la aldea de El Tulito, Choluteca, así como a la captura del piloto colombiano Luis Mauricio Palacios Giraldo y del copiloto guatemalteco José Ramón Gamboa Lara.
En el documento con sello y firma de recibido por Sotelo aparecen los nombres del diputado Armando Ávila Panchamé, el de un gerente corporativo, el de cuatro inspectores de la policía (rangos con que se les menciona en el informe enviado en 2003, aunque 2 de ellos ya eran subcomisarios).
Posteriormente cuando el oficial de Tránsito realiza su investigación -que entrega el 20 de abril de 2004- encuentra que el inspector Leonel Enrique Matute Chávez había sido capturado el 1 de mayo de 2001 en el Cerro de Hula, transportando en una camioneta 88 fusiles AK-47 y un fusil M-16.
Un comunicado enviado por la entonces DGIC tras la captura dice: “investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía del Crimen Organizado establecen que las armas estarían destinadas a narcotraficantes de Sudamérica, como también a grupos guerrilleros que operan en esa parte del continente”.
Este hecho también está registrado en el expediente judicial 13604-2002-J#1 C-V. En el consta que el inspector capturado declaró que hacía 15 días había sido asignado a Choluteca. Él fue acusado por el delito de transporte y portación ilegal de armas en perjuicio del Estado de Honduras.
En su declaración, Matute Chávez sostuvo que sin saber que el carro venía lleno de armas, comenzó a conducirlo desde Sabanagrande y lo hizo por petición de un sujeto que le había dado jalón, quien le contó que tenía su papá enfermo.
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“Me dijo que si yo podía hacerle el favor de traerle el vehículo al sector de Tegucigalpa, ya que me iban a estar esperando en la colonia Loarque, me iban a estar esperando dos hermanos de él”.
Sin embargo, a pesar de haber sido capturado in fraganti, el inspector salió libre provisionalmente a los pocos meses luego de pagar de 2,880 lempiras.
El 11 de diciembre de 2002 el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa ordenó dejar en libertad al oficial a quien se le sigue proceso por los delitos de posesión ilegal de armas, “en virtud de haberse modificado el auto de prisión en su contra y haber ofrecido caución suficiente a su favor”.
Piloto
Sin embargo, en la declaración que el piloto colombiano Luis Mauricio Palacios Giraldo dio en la jefatura departamental de Choluteca, el 16 de octubre de 2002 a las 6:25, minutos después de haber sido capturado contingencialmente, sostuvo que le habían ofrecido venir a Honduras a llevar el cargamento de armas decomisadas al inspector antes mencionado.
186 armasfueron robadas del Escuadrón Cobras en diciembre de 2007. Las investigaciones condujeron a oficiales. |
Iba a venir antes porque mi jefe me había encomendado la misión de venir a San Esteban a traer un cargamento de armas que le estaban juntando el diputado Panchamé y el comandante (...), pero fue imposible venir porque le informó el diputado Panchamé al comandante Londoño que se las habían decomisado en un operativo al oficial de policía que las transportaba para su residencia a San Esteban. Ese oficial recuerdo que se llama Leonel Matute, para confirmar lo reportado mi jefe buscó la noticia en Internet y ahí se enteró del decomiso de las armas al oficial y me dijo ya no irás a Honduras, quitaron las armas”.
“Mirá, esas armas se las mandaban al comandante Londoño para ponerlas al servicio de la FARC en Colombia a cambio de unos kilos de cocaína”, declaró el piloto.
Esta declaración se mantuvo en el archivo de la jefatura policial número 6 de Choluteca y nunca fue anexada a la acusación que la fiscalía le hizo al piloto y copiloto capturado.
Vea aquí los documentos que salpican a los policías
Línea de tiempo: Registro de movimiento del expediente
