Tegucigalpa, Honduras
Luego de celebrarse las elecciones primarias, la democracia hondureña tiene grandes retos por cumplir previo al proceso electoral general de noviembre.
Y es que por los acontecimientos que se han presentado, desde ya se avizora una campaña inédita de cara a las elecciones generales.
El principal desafío de este proceso será la implementación y puesta en marcha de la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas, que fue aprobada en el Congreso Nacional.
La finalidad de esta nueva legislación es transparentar los recursos económicos que utilizan los candidatos antes y durante del proceso electoral general.
Para este fin se conformará una Unidad de Transparencia, que será la responsable de vigilar el comportamiento de los políticos en la campaña.
Le corresponderá al Poder Legislativo nombrar a los tres comisionados de la Unidad.
Esta normativa fue una propuesta de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) y los diferentes organismos internacionales, ante una necesidad de transparentar los recursos utilizados en las campañas.
Y es que en el pasado, varios candidatos se han visto enfrascados en negociaciones con el crimen organizado y el narcotráfico.
La puesta en marcha de esta iniciativa dará mayor transparencia y legitimidad al proceso general.
Según la Maccih, todos los partidos políticos legalmente inscritos presentarán auditorías certificadas sobre el origen de los fondos utilizados para el financiamiento de campañas políticas.
Esta propuesta técnica formula disposiciones como contar con una regulación de las donaciones y financiamiento de campañas políticas que determine el control de estas acciones.
Asimismo, limitar las donaciones, reportar los ingresos y gastos recibidos por los partidos políticos y los candidatos.
Además, contar con un sistema de fiscalización del financiamiento público y aportaciones privadas.
Más magistrados
Otro de los desafíos pendientes para el próximo proceso electoral será la integración de dos magistrados en el Tribunal Supremo Electoral.
El compromiso político tras aprobar esta reforma constitucional era que iban a ser incluidos un magistrado del Partido Anticorrupción y uno del partido Libertad y Refundación.
La iniciativa fue aprobada a en la legislatura anterior y deberá ser ratificada en esta nueva legislatura.
Con este cambio, el TSE contará con cinco magistrados propietarios y dos suplentes electos por el voto favorable de al menos dos tercios de la totalidad de los diputados al Congreso Nacional por un período de cinco años, pudiendo ser reelectos.
Asimismo, está pendiente la integración de dos subdirectores en el Registro Nacional de las Personas (RNP). En este caso, la negociación política era la misma.
Sin embargo, hay elementos que se quedarán fuera en las elecciones generales. El voto electrónico, la ciudadanización de las mesas electorales receptoras y el voto electrónico son algunas de las reformas que se quedarán afuera del proceso general.
La falta de consenso entre los partidos políticos fue el principal obstáculo para descartarlos
