Tegucigalpa, Honduras
La creación de una unidad anticorrupción en la Procuraduría General de la República (PGR) es uno de los principales logros proyectados para este año por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Así lo estipula el plan de trabajo de esta entidad expuesto al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y a cuya presentación tuvo acceso EL HERALDO.
El documento plantea cuatro áreas temáticas siendo una de ellas la división de prevención y combate a la corrupción; división de reforma político-electoral. Además, contempla la división de seguridad pública y otra concerniente a la reforma del sistema de justicia penal.
Hace una semana, el líder y vocero de esta Misión, Juan Jiménez Mayor, presentó este plan de trabajo que contempla los logros al igual que las siguientes acciones de esta dependencia de la OEA a representantes de organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos.
Mientras que el 17 de marzo pasado, en una reunión con delegados del gobierno y demás poderes del Estado, en la que participó la exfiscal de Guatemala, Claudia Paz, se evaluaron los avances, retos y desafíos.
El 19 de enero de 2016 se suscribió el acuerdo que dio vida a la Maccih, instalándose en el país dos meses después. Próximamente cumplirá el primer año de gestión.
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Otras expectativas
El fortalecimiento de la investigación, judicialización y el desmantelamiento de las redes de corrupción es la base del eje concerniente a la prevención y combate a la corrupción.
Mejorar la capacidad de las instituciones hondureñas para investigar y procesar redes de corrupción es uno de los objetivos que persigue esta área temática.
En tal sentido, la Maccih espera brindar apoyo en al menos tres investigaciones de redes de corrupción.
Al mismo tiempo, otorgar asesoría técnica en cuatro casos de corrupción específicos, subraya el informe. A la fecha, se han logrado tres condenas en el caso de latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Además, un equipo especial de investigación y persecución penal para acompañar activamente el caso de corrupción por narcotráfico fue conformado recientemente por la Maccih.
La certificación y capacitación de una treintena de jueces, fiscales y personal relevante para trabajar en mecanismos anticorrupción se estipula en este plan.
En materia electoral, la dependencia del órgano regional busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas del financiamiento de los partidos políticos en Honduras. Lo anterior basado en la capacitación a los institutos políticos al igual que a la sociedad civil sobre las normas y mecanismos de financiamiento político.
En este eje, se proyecta contar con el funcionamiento operativo de la Unidad de Fiscalización para las elecciones generales de noviembre próximo, la cual velará por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, promovida por este organismo.
Justicia penal
Efectuar el lanzamiento del Observatorio de Justicia Penal en el país es uno de los logros esperados en cuanto a la reforma del sistema de justicia penal.
En este apartado, la Maccih promoverá la aplicación de reformas y recomendaciones para potenciar el sistema de justicia penal del país. El fortalecimiento de la independencia judicial y a su vez mejorar la política de persecución penal se derivan de este propósito.
En el caso de la seguridad pública, la entidad pretende promover mecanismos que aseguren la protección de los denunciantes y operadores de justicia.
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Entre las expectativas en este particular se encuentran realizar la propuesta de certificación del sistema penitenciario y poner en funcionamiento el mecanismo de protección de operadores de justicia con apoyo de donantes.
Un poco más de 14 millones de dólares -unos 329 millones de lempiras- dispone la Maccih como presupuesto para este año, cuya mitad del monto se destina para su operatividad y otra partida para la prevención y combate a la corrupción, de acuerdo al reporte.
Seis países, incluyendo la Unión Europea (UE), son los donantes de la Misión a la que desembolsaron más de 9.6 millones de dólares en el período 2016-2017.
Estados Unidos es el mayor aportante, desembolsando 4.7 millones de dólares equivalentes al 49 por ciento de los fondos obtenidos como financiamiento externo.
