El Ministerio Público (MP) confirmó este martes que son al menos 22 los contratos millonarios que habrían suscrito empresas estatales y la banda criminal Los Cachiros en Honduras y que están siendo investigados.
Dichos documentos fueron secuestrados la semana pasada por personal de la Agencia Técnica de Investigación (Atic) y se encuentran en poder de peritos especializados quienes determinarán la veracidad de la información.
Posteriormente esta documentación será remitida a los jueces que conocen el caso para continuar con el proceso investigativo.
Yuri Mora, vocero del MP, especificó que dichos contratos firmados por Los Cachiros involucran a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Fondo Vial y de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi).
El portavoz señaló que por el momento no se maneja en cuánto están valorados estos contratos; serán los fiscales que se encargarán de profundizar en las pesquisas.
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Las investigaciones en Honduras se realizan días después que el cachiro Devis Rivera Maradiaga compareciera en una corte de Nueva York y manifestara que las empresas que constituyeron, mantuvieron negocios con el gobierno anterior (2010-2014).
En las últimas declaraciones Rivera Maradiaga reveló que el presidente Porfirio Lobo Sosa recibió 500,000 dólares como soborno por parte de esa banda del narcotráfico.
Mientras que la agencia AFP publicó el fragmento de un documento elaborado por la Fiscalía de Estados Unidos donde menciona que 'Pepe', a cambio de varias sumas de dinero recibidas-antes y durante de su gobierno- ayudaba a a impedir la extradición a Estados Unidos y el otorgamiento de contratos de agencias gubernamentales hondureñas a compañías fachada para lavar dinero controladas por Los Cachiros'.
Mientras tanto, EL HERALDO publicó esta semana que en el 2011 durante la gestión de Roberto Martínez Lozano como gerente de la ENEE se hizo una licitación aparentemente dirigida para que una empresa con nexos con la banda de Los Cachiros se ganara un proyecto millonario.
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Se trata de la construcción del complejo de viviendas en la represa hidroeléctrica Patuca III, que terminó a cargo de una empresa ligada a los hermanos Rivera Maradiaga. Aunque el Ministerio Público ya tiene en su poder todos los contratos que Los Cachiros suscribieron con la estatal eléctrica y otros organismos gubernamentales, todavía no han trascendido detalles de los mismos.
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