Tegucigalpa, Honduras
Ante los constantes abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por miembros de la Policía Municipal, estos serán certificados.
Así lo contempla la nueva Ley de la Policía que se encuentra en pleno debate en el Congreso Nacional y que fue una recomendación precisa hecha por la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Para este fin será creada la Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad y Otros Servicios, que además de regular y controlar las empresas de seguridad privadas, tendrá la responsabilidad de establecer memorandos de entendimiento o alianzas estratégicas a través de convenios y acuerdos con las municipalidades.
El objetivo es determinar mecanismos de selección, evaluación y capacitación de los agentes de la Policía que costeen las municipalidades con sus propios fondos.
En el municipio del Distrito Central hay unos 60 policías municipales y casi a diario se reportan incidentes de estos agentes con la población capitalina. Mientras que en San Pedro Sula existen unos 100 policías municipales. En Choluteca hay 14 policías municipales, 12 en Juticalpa, Olancho y 27 en la ciudad de Comayagua.
Se estiman que existen al rededor de 500 policías municipales a nivel nacional.
Además de ser certificados, “quienes quieran ser policías municipales deben ser sometidos a los procesos de certificación vigentes en el Instituto Tecnológico Policial”, indicó Omar Rivera, representante de la Comisión de Depuración.
Y es que de acuerdo al depurador las policías municipales deben estar integradas por elementos que sean adecuadamente formados por la autoridad competente.
Los convenios y acuerdos que se establezcan producto de los memorandos de entendimiento o alianzas estratégicas deben ser suscritos por el Secretario de Seguridad a petición del director de la Policía Nacional con el alcalde municipal correspondiente.
“Tenemos un enorme riesgo que hay que mitigar; con este montón de alcaldes pícaros que han aparecido, es fundamental certificar que las policías municipales no están al servicio de narcotraficantes, mareros o criminales”, señaló Rivera.
Dijo que es una decisión trascendental regular el funcionamiento de las policías municipales ya que estos cuerpos locales inciden dramáticamente en la seguridad de los ciudadanos de muchas ciudades del país.
“Es impostergable garantizar que quienes integran estas policías municipales tengan el perfil de idoneidad requerido, tal cual se exige en la Policía Nacional”, manifestó.
En Honduras se debe evitar lo que sucedió en México, donde las policías municipales fueron instrumentalizadas por los carteles del narcotráfico y otras redes del crimen organizado, indicaron los expertos. En esa nación norteamericana muchas policías municipales se transformaron en bandas de sicarios al servicio de ediles ligados a la criminalidad organizada.
“No pueden los alcaldes municipales tener a su servicio cuerpos policiales que no sean adecuadamente certificados”, indicó.
En la actualidad los alcaldes deciden quiénes forman parte de las policías municipales.
“Hemos visto que muchos alcaldes han estado involucrados en actos delincuenciales y han conformado bandas del crimen organizado y no podemos dejar al libre albedrío de los ediles la conformación de cuerpos armados que después pueden servir para cometer actos reñidos con la Ley”, dijo Rivera.
Es fundamental que la Policía Municipal sea sometida a los procedimientos de certificación a que están siendo sometidos los miembros de la Policía Nacional, apuntó.
