Tegucigalpa, Honduras
Pese a toda la polémica que ha generado la despenalización del aborto en el país, no hay ni el ambiente ni mucho menos la cantidad de votos a favor requeridos para que la pretensión sea aprobada en el Congreso Nacional.
La bancada del Partido Liberal y Partido Nacional, que son las fuerzas mayoritarias en la cámara legislativa, ya divulgaron su posición de rechazo a la interrupción de embarazos a través de sus órganos de dirección partidaria.
Ambos institutos políticos contabilizan 85 votos en contra, sin contar los sufragios del Partido Anticorrupción (Pac), al igual que de Libertad y Refundación (Libre), donde hay posturas encontradas en este tema.
Aunque se necesita mayoría simple para admitir la legalización del aborto, es decir 65 votos, hay más de cien sufragios opuestos si se suman a los diputados de todos los partidos representados en el CN.
En el artículo 196 del nuevo Código Penal se contempla ahora este ilícito que estipula penas que van desde los tres hasta diez años de reclusión.
La muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto se encuentra vigente desde 1983 con la actual normativa penal, pero en el nuevo estamento jurídico que está en proceso de aprobación se incluyeron tres excepciones para que no sea catalogada como un hecho punible.
Las iglesias Católica y Evangélica han conformado un frente común contra la despenalización del aborto en el país, posición que es compartida por la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, exceptuando unas cuantas entidades conformadas por feministas, mujeres campesinas y miembros de la diversidad sexual.
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Plantones y protestas
Desde tempranas horas, pastores y líderes de diferentes congregaciones evangélicas hicieron un plantón pacífico a inmediaciones del hemiciclo legislativo, donde elevaron plegarias y dijeron no al aborto.
Los miembros de la comisión ampliada multipartidaria del Congreso que dictaminaron el nuevo Código Penal se reunieron con organizaciones que están promoviendo la admisión de causales que libren de penas a las mujeres por la comisión de este delito contra la vida.
El encuentro se extendió por varias horas, mientras que en la plaza La Merced se apostaron representantes de Somos Más, Coalición contra la Impunidad y Articulación 611, organizaciones que están pidiendo que se permita el aborto.
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Los delegados de estas entidades proabortistas solicitaron al CN que se consideren las propuestas presentadas a la normativa, cuya parte especial está siendo aprobada, y que su contenido sea socializado con todos los sectores sociales.
Después del mediodía, la comitiva legislativa sostuvo otro encuentro con la contraparte, específicamente con miembros de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), el grupo Provida y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).
Los dos sectores antagónicos en esta temática movilizaron a sus simpatizantes, quienes llegaron a cercanías de la sede del Legislativo con pancartas en mano y alzando sus voces ya sea a favor o en contra de la despenalización del aborto.
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Otras posiciones
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) se pronunció el martes a favor de la vida y rechazó que se cometa este delito.
Mientras que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió su opinión sobre este particular y sugirió que se mantengan las sanciones tal y como están en el instrumento legal que data de 1983.
Mario Pérez, titular de la comisión ampliada, anunció que hoy todos los congresistas que integran la misma se volverán a reunir a las 11:00 AM y emitirán una decisión definitiva sobre si se exceptúa de responsabilidad penal a una fémina que decida abortar.
Por otra parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, señaló que “al penalizar el aborto el Código Penal de Honduras es incompatible con los derechos humanos y debe ser modificado sin demoras”.
Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) participaron en una de las reuniones, donde expusieron los estándares internacionales en derechos humanos que reconocen el aborto terapéutico, ético o por violación, al igual que el eugenésico.
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