Tegucigalpa, Honduras
A cuatro días de la bochornosa fuga del Centro Nacional Penitenciario de Támara, nadie sabe cómo salieron los 23 peligrosos pandilleros de la 18 y, mucho menos, quiénes están involucrados.
Luego de la masiva fuga, que hasta ha exhibido al país internacionalmente, el Ministerio Público abrirá de oficio una línea de investigación para dar con los responsables de este hecho, según confirmó el domingo a EL HERALDO.
Un grupo de fiscales del ente acusador investigarán cuál fue la dinámica de la escapatoria, por dónde se fugaron, quiénes estarían implicados y hasta la razón por la que la información trascendió 36 horas después de la fuga. Estas y otras preguntas siguen sin ser contestadas.
El escape de estos pandilleros refleja la calamidad del sistema penitenciario del país y resalta la negligencia e indolencia en el manejo de la masiva fuga.
Vea: 10 preguntas que quedan sobre la fuga de los 23 reos de la cárcel de Támara
Las acciones
Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) anunciaron el sábado la suspensión del director de la Penitenciaría, César Augusto Nájera Méndez.
Asimismo, se procedió a suspender a todos los custodios de seguridad que se encontraban en turno al momento del escape.
El INP ha comenzado a investigar internamente lo sucedido, sin embargo, son más las especulaciones que surgen al respecto que los resultados concretos.
Entre las versiones que han circulado se menciona que los reos habrían salido por el portón principal y hasta el pago de sobornos, no obstante, ninguna autoridad ha confirmado o negado tales versiones.
¿Y los responsables?
Las cárceles hondureñas dependen del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, cuyo ministro es Héctor Leonel Ayala.
De esta entidad depende el Instituto Nacional Penitenciario, que es el ente encargado de ejercer la administración de los centros penales del país.
El INP tiene relación con Gobernación porque se tiene un equipo directivo donde estamos integrados, obviamente que administrativamente depende de nosotros, pero en materia de seguridad son varias instituciones que se involucran, explicó Héctor Leonel Ayala, ministro de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, al ser consultado por EL HERALDO.
300 mil lempirasofreció de recompensa el gobierno por cada fugado. |
“En materia de seguridad en los centros penales hay un apoyo sistemático del Estado y en lo administrativo hay una relación directa porque se le asigna el presupuesto y tenemos participación en la junta directiva del INP”, detalló.
Mientras que la Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional Nacional (Fusina) “se encarga de dar apoyo en materia de seguridad cuando se le solicita”, recalcó Ayala.
Pero, elementos de Fusina desde hace varios años instalaron al menos cinco anillos de seguridad donde forzosamente son requeridas todas las personas y vehículos que transitan por el sector.
Las autoridades confirmaron que aún no se ha concluido el informe sobre la fuga de los 23 privados de libertad.
“Estamos a la espera del informe que arroje cuáles son las razones por las que esa gente salió del centro penal de Támara”, enfatizó Ayala.
Dijo que “en los primeros días de esta semana esperamos que se nos dé un informe detallado sobre esa fuga”.
Tras lo ocurrido, el gobierno ha puesto a todos los entes de seguridad del Estado a trabajar a fin de recapturar a los 23 reos fugados.
“Todos los equipos de seguridad están trabajando para volver a capturar a estos prófugos”, señaló Ayala.
+Ficha criminal de los mareros fugados de Támara
El papel del INP
Al frente del INP se encuentra la abogada Rosa Gudiel, quien explicó que hasta este día se darán a conocer los avances de las investigaciones relacionados con la fuga de los privados de libertad.
“En los centros penales los reos dan otros nombres y hoy hemos avanzado en otra información de la cual no es que no queríamos dar por no ser irresponsables, pero la daremos a conocer”, aseguró Gudiel.
EL HERALDO intentó conocer la opinión de los otros funcionarios que deben responder por esta masiva fuga, entre ellos German McNeil, pero este aseguró que aún se encuentra investigando lo sucedido.
En la cárcel de Támara fungía hasta hace algunas horas como director César Augusto Nájera y como subdirector Salomón Herrera Flores, ambos se pusieron a disposición de las autoridades para ser investigados.
Asesinos y traficantesson algunos de los perfiles criminales de los pandilleros que huyeron. |
Sin visitas
A partir del domingo se prohibió el ingreso de familiares a las instalaciones del centro penal.
Los familiares de los privados de libertad permanecieron en las cercanías de la posta del segundo anillo de seguridad, ocupado por miembros de las Fuerzas Armadas. Martha Villatoro llegó al principal centro penitenciario del país con el objetivo de ver a su hijo, que desde hace varios años se encuentra recluido.
“Traíamos comida y pastel para compartir con nuestros familiares, pero no nos permitieron entrar y esto no es justo, ya que venimos de largo”, dijo en tono molesto en el momento en el que no se les permitió la visita.
Santos Amelia Espinal, con lágrimas en sus ojos, se resignó a no ver a su hijo que tiene siete meses de guardar prisión y desde la mañana de ayer viajó desde Tegucigalpa para pasar un momento con su vástago.
A pesar de que las autoridades penitenciarias anunciaron que se realizan investigaciones para determinar las causas de la fuga, con facilidad se pudo llegar hasta el retén militar ubicado a pocas cuadras de la entrada principal del reclusorio.
A orillas de la carretera CA-5 se encuentra ubicada la primera posta en la que las personas que deseen llegar al penal se deben reportar.
Sin embargo, ese retén se puede evadir al transitar por la comunidad de Támara y luego llegar a las cercanías de la cárcel.
Al hacer este recorrido, las personas se enfrentan a dos retenes externos donde hay presencia militar.
Para obtener información sobre los pandilleros prófugos, las autoridades de la Secretaría de Seguridad han ofrecido una recompensa de 300 mil lempiras por cada uno de los ahora prófugos de la justicia.
