Corrupción en Educación
Olancho, Honduras
Por la presunta extracción ilegal de oro y plata en las riberas del río Guayape, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) logró la captura de 11 personas en dos diferentes operaciones ejecutadas en el departamento de Olancho.
En la aldea El Portillo se detuvo de manera infraganti a cuatro personas en poder de una máquina para la extracción de minerales.
Los detenidos responden a los nombres de César Martínez, Juan Martínez, Santos Martínez y Elvin Martínez.
Mientras tanto, en el sector de la aldea El Ocotal, Concordia, ubicada en la ribera del río Guayape, se detuvo a tres personas por el delito de usurpación de derecho real y daños, quienes fueron identificados como Eder Moreno, Marvin Estrada, Francisco Zelaya, Víctor Maradiaga, José Rosales, Roy Velásquez y un menor.
A estos tres detenidos se les decomisaron dos plantas generadoras de energía, una motocicleta, varias piezas de supuesta dinamita y herramientas de trabajo para realizar labores de extracción de minerales.
Además, se decomisaron seis vehículos y en varios de los puntos se encontraron retroexcavadoras, dragas, motores, lavadoras colombianas, explosivos y otros materiales que son utilizados en la extracción del material, informaron autoridades del Ministerio Público (MP).
También se confiscaron dos volquetas, seis camiones, un vehículo, cuatro contenedores y una cisterna.
Tras el operativo, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente procedió a abrir el procedimiento legal respectivo por delitos ambientales en perjuicio del Estado de Honduras.
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Las comunidades inspeccionadas fueron Río Frío, El Rusio, Concordia, San Pedro de Catacamas y Patuca, en Olancho.
En el operativo participaron efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y personal del Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingheomin).
La finalidad del operativo fue combatir la explotación y extracción de minerales de forma ilegal.
“Las personas realizan esta actividad de forma artesanal y sin ningún permiso de la autoridad competente, por lo cual interviene la FEMA para que no se continúe causando daño al ambiente con la remoción y extracción de material que perjudica las riberas y el lecho del río, al ecosistema, la fauna y la vegetación”, informó el Ministerio Público.
Los detenidos serán acusados por los delitos como usurpación de un derecho real y daños agravados, por lo que el MP presentará el requerimiento fiscal en las próximas horas.
El Código Penal establece una pena de dos a cuatro años de reclusión a quien usurpe un bien inmueble o un derecho real, sin perjuicio de que tan pronto se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordena el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho que corresponde.
Mientras que la pena por el delito de daños agravados es de tres a cinco años de reclusión
