La idea de realizar juicios virtuales a los privados de libertad en Honduras genera discrepancias

Tegucigalpa, Honduras
La iniciativa del Poder Ejecutivo de realizar audiencias a los privados de libertad desde aulas digitales ya genera una serie discrepancias en la comunidad judicial.

Hay quienes piensan que de aprobarse esta medida Honduras se pondría a la vanguardia de la justicia en la región.

Sin embargo, hay otros que opinan que esta intención podría violentar tratados internacionales.

El coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, Mario Díaz, opinó que “son mecanismos importantes que vendrían a poner al país y al Poder Judicial en materia de desarrollo de juicio orales en una avanzada en ese tema”.

Manifestó que esta propuesta nació hace un par de años atrás porque existe una necesidad de mejorar el sistema de seguridad en el acarreo de los internos.

“Hay muchos internos que son de alta peligrosidad que pertenecen a maras y pandilla, una persona de esas características es muy difícil trasladarla y lo más adecuado es hacerle el juicio bajo ese mecanismo”, arguyó el funcionario judicial.

Explicó que la instalación de estas salas implicaría una mayor cobertura presupuestaria para el Poder Judicial.

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Dudas
Sin embargo, la jueza de sentencia y expresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial, Wendy Rivera, no comparte esa idea y más bien asegura que de ser aplicada violentaría convenios internacionales.

Aunque reconoció que el mandatario solo está haciendo una propuesta que debe ser discutida por los sectores interesados.

Dijo que los tribunales hondureños no solo responden un sistema jurídico nacional sino que internacional.

“Hay que recorrer todo un andamiaje del sistema jurídico nacional e internacional para llegar a una propuesta de estas, vendría siendo como los jueces sin rostro que se quisieron dar hace unos años, pero que no prosperaron”, argumentó la togada.

Explicó que los imputados se rigen por la garantía de ser juzgados por un juez natural cuyo papel es asegurar un proceso judicial imparcial.

Recordó que los jueces se rigen bajo principios constitucionales que también responden a marcos jurídicos internacionales que deben ser cumplidos a cabalidad.

Según Rivera, se violentan la Convención Americana, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto de Derechos Civiles Políticos y otras convenciones que establecen algunos de los derechos que tienen los imputados.

“El derecho a la defensa es una garantía procesal del imputado y constitucional, el debido proceso habla de una tutela judicial efectiva que no es más que cumplir con la garantías dadas no solo a nivel nacional sino que internacional”, señaló Rivera .

Estar frente a frente juez e imputado al momento de dar a conocer una sentencia constituye una de las garantías procesales más importantes, arguyó la funcionaria judicial.

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Enmiendas
Un paquete de reformas al Código Procesal Penal y Código Penal contempla la iniciativa que anunció el lunes el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que busca el fortalecimiento del proceso de enmienda del sistema penitenciario.

La reforma al Código Procesal Penal para la implementación de audiencias virtuales va incluida en esa iniciativa.

El proyecto modifica el artículo 127 de este instrumento jurídico concerniente al lugar de celebración de las audiencias, agregándoles el inciso A y B.

Mientras que la otra iniciativa para la aplicación de grilletes electrónicos reforma los artículos 83 y 91 del Código Penal, incluyendo otras disposiciones del Código Procesal Penal.

Los registros de ADN y dentales para los reclusos no van dentro de las enmiendas, sino que se pretende fortalecer la capacidad del Ministerio Público (MP) en estas actividades.

Tendencia
Aunque no es la primera vez que se habla a nivel nacional de este tipo de acciones para el conocimiento de causas penales, a través de esta propuesta se busca no solo proteger las identidades de los jueces, sino también evitar los traslados de reos a juzgados, lo que al final se traducirá en un ahorro de recursos para el Estado.

En el 2014 fue inaugurada en Guatemala una sala para juicio virtual desde el centro preventivo para hombres de la zona 18 mediante un equipo donado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Mientras que 900 privados de libertad en El Salvador se enjuiciaron en el 2016 a través de audiencias virtuales, cuyo modelo ha sido puesto en marcha en distintas cárceles de esa nación.

El novedoso mecanismo que requiere de computadoras, cámaras de video e Internet de alta velocidad fue planteado hace dos años por el vicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, quien permanece bajo arresto domiciliario por estar implicado en diversas irregularidades.

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Sin embargo, no se llevó a cabo esta modalidad judicial y hoy en día vuelve a la palestra pública.

Todas las actividades que se desarrollen en estas audiencias se grabarán en tiempo real, quedando almacenadas en dispositivos que permitan su posterior revisión en caso de ser necesario.

“Se procurará los derechos como el de defensa, principio de inmediatez, se respeta la libertad de declarar, las partes pueden ser oídas en igualdad de condiciones”, reveló a EL HERALDO el secretario técnico del gabinete de Seguridad y Defensa, Luis Suazo.

Resaltó que en los nuevos reclusorios como El Pozo I, La Tolva, más conocida como El Pozo II, y en el caso del Centro Nacional Penitenciario de Támara serían los primeros en ser equipados con la tecnología necesaria para este tipo de juicios.

“Es más barato hacer esta inversión que lo que vamos a gastar en hacer un traslado diario desde Ilama, Santa Bárbara, a Tegucigalpa”, aseguró el funcionario.

Estimó que al menos seis millones de lempiras se requerirían como inversión inicial para el equipamiento de las cárceles exceptuando el servicio de internet.

Vigilancia electrónica
Una vigilancia electrónica personal se promoverá en ciertos casos en que se apruebe el uso de grilletes para los imputados, mencionó Suazo.

Detalló que “la idea es que el que quiera acceder a uno de estos sistemas va a tener que solicitarlo al juez y este será quien lo aprobará conforme a los casos”.

El Estado no estaría realizando ninguna concesión, sino que se contratará a empresas que cuenten con los dispositivos, previa certificación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) para el cumplimiento de los estándares de calidad, precisó.

El también subsecretario de Seguridad indicó que el costo de estos sistemas personales será cubierto por los solicitantes, quienes saldrán en libertad condicional dependiendo del delito que hayan cometido.

No obstante, agregó que “como política se va a establecer un proceso que garantice que las personas que no tienen recursos también puedan beneficiarse”.

Los perímetros que deberán respetar los inculpados dependerán de lo que determine el juez por lo que podrá ser no poder salir de la casa, ciudad o la prohibición de abandonar el país, planteó.

“Si la persona se está acercando o sale de la zona perimetral el sistema inmediatamente disparará alertas y hay una forma de respuesta”, dijo.

Suazo consideró que este sistema que dependerá de una red electrónica virtual podría ser muy efectivo para personas acusadas por violencia doméstica.

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En caso de transgredirse los perímetros establecidos se suspendería el permiso de estar en liberad bajo el uso del grillete electrónico y el acusado deberá retornar al penal en el que se encontraban recluido, informó.

En relación a los registros de los presidiarios, el funcionario confirmó que en la actualidad se están tomando muestras -de cabello o sangre- de cada uno de ellos en los principales reclusorios para tener una base de datos fidedigna.

“Hay un proceso para adquirir la tecnología y el respaldo legal para hacerse el registro de ADN”, sostuvo.

El secretario técnico del gabinete de Seguridad y Defensa añadió que “estamos avanzando en hacer una planificación en conjunto con el Centro de Medicina Forense y un presupuesto total de lo que se va a necesitar, pero la idea es comenzar pronto y mantener el ritmo”.

Respecto a la remisión de ambos proyectos a la Secretaría del Congreso Nacional, EL HERALDO conoció que no fue enviado el martes, pero a más tardar este día se estaría mandando en formato físico y digital.

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Diputados del CN respaldarán proyecto que envíe el Ejecutivo
El secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, anunció que el proyecto que remitirá el Poder Ejecutivo para el fortalecimiento del sistema penitenciario será respaldado por los diputados.

“Creo que es una iniciativa que va a encontrar una respuesta positiva, acertada; en materia de seguridad y en temas penitenciarios debemos ir progresando y mejorando”, declaró.

El también diputado reconoció que sin las nuevas tecnologías es muy difícil llevar un control para el cumplimiento de medidas cautelares otorgadas a ciertos imputados.

El sistema de grillete electrónico también estará contemplado en las disposiciones del nuevo Código Penal, cuya parte especial está en proceso de aprobación en la cámara legislativa.

“Habrá penas que se le van a imponer para delitos menores para algunas personas como el residir en un lugar determinado sin salir y para ello necesitamos que esté desarrollada esta figura del aparato”, especificó.

Respecto a burlar el sistema de estos dispositivos, Pérez ironizó que la única manera es que quien lo use “se corte el pie”, ya que la ubicación se vigila y controla de forma permanente.

De su lado, el vicepresidente de la comisión legislativa de seguridad, Yuri Sabas enfatizó que “tenemos que buscar alternativas porque nuestros centros penitenciarios están llenos de gente pendiente de juicios”.

Agregó que “crear procedimientos abreviados, sistemas modernos, permitir discrecionalidad para que los jueces puedan darle arraigo a algunas personas y que ellas sean juzgadas en libertad son medidas que pueden ser viables”.

Lo anterior implica que se debe analizar estas propuestas acorde a la realidad nacional y no conforme a la de otros países del mundo, insistió.

El también jefe de bancada del Partido Liberal anunció que apoyarán toda aquella medida encaminada a fortalecer el sistema penal hondureño así como la seguridad, pero dijo que “estaremos atentos para defender los derechos de los ciudadanos”.

Concluyó que este proyecto del Ejecutivo obedece a promover la imagen del presidente Juan Orlando Hernández.