Tegucigalpa, Honduras
La propuesta de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal de incrementar las sanciones contra los menores infractores ya comienza a generar oposición.
Una de las primeras organizaciones en salir al paso fue el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que a través de un documento manifestó los riesgos que esta medida podría traer si es aprobada por el Congreso Nacional.
“Bajar la edad de responsabilidad penal y/o agravar las penas de adolescentes infractores no solo va contra los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Honduras el 10 de agosto de 1990, sino que contraviene la Constitución de la República de Honduras”, estableció Unicef en el documento.
Con este planteamiento queda establecida la posición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de rechazar contundentemente reducir la edad punible en Honduras.
La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal tras un largo análisis de la situación en el país recomendó sancionar penalmente al menor infractor de acuerdo a la gravedad del delito. Es decir, que cuando la edad del infractor oscile entre los 12 y 13 años, la privación de libertad no podrá ser inferior a dos años ni superior a cinco.
Entre otras opciones, la Comisión recomendó que cuando la edad del infractor oscile entre los 16 y 18 años no cumplidos, la privación de libertad no podrá ser inferior a ocho años ni superior a 15 años.
También propuso una reforma por adición al Código Penal, en el que se agrave o aumente la pena en un tercio al adulto que induzca o utilice como instrumento para la comisión de los delitos gravosos a un niño o adolescente.
“Bajar la imputabilidad no es la solución, significará un retroceso para el Estado de Honduras”, señaló Luis Pedernera, del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
De acuerdo al ente internacional, el contexto actual de niños, niñas y adolescentes infractores debe verse como una oportunidad para hacer un debate sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia en Honduras.
“Un sistema de responsabilidad penal de adolescentes diferenciado del de adultos no significa impunidad”, según Unicef.
Es decir, los adolescentes sí están sujetos a la jurisdicción penal, sí son responsables penalmente de sus acciones y omisiones, y consecuentemente, están siendo sancionados, incluso con privación de libertad.
“Estamos contentos de que no se esté proponiendo la baja de la edad punible, pero por otro lado se están endureciendo penas contra adolescentes. Eso va contra de la Convención de los Derechos del Niño”, aseguró Luz Ángela Melo, representante de Unicef en Honduras.
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Recomendaciones
En ese sentido, es preciso “identificar los factores que incrementan su vulnerabilidad ante el crimen organizado y la necesidad de reorientar políticas públicas dirigidas a las causas estructurales”.
Para ello propuso una serie de soluciones para que se hagan desde un enfoque de protección integral y no únicamente desde una perspectiva de política criminal.
Una de las recomendaciones es que la prevención es el objetivo fundamental de toda intervención penal. “Lo importante de la prevención es disuadir la comisión de infracciones o delitos. Honduras debería formular una política pública de justicia penal especial que tenga énfasis en la prevención del delito, la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad, y la reeducación y reinserción social de adolescentes infractores. La privación de libertad debe considerarse como un último recurso”, establece el documento.
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Además, propuso que es necesario desarrollar las capacidades del sistema de justicia penal especial, a fin de que pueda mejorar sus niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de justicia penal especial, garantizando el interés superior del niño y el debido proceso de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos de niños y niñas.
Las estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, reflejan que los Juzgados de Letras de Niñez a nivel nacional recibieron varias acusaciones, siendo las infracciones penales más recurrentes; la portación ilegal de armas, tráfico de drogas, robo, hurto, extorsión, entre otros.
“Muchos de estos procesos judiciales pueden evitarse y muchos conflictos pueden solucionarse si se llevan a conocimiento previo de autoridades facultadas para aplicar mecanismos de justicia restaurativa o alternativa como la conciliación o la mediación”, argumentó Unicef.
