Tegucigalpa, Honduras
Un informe de auditoría realizado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) revela el desorden financiero que ha existido en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
El informe de auditoría número 004-2013-DASEF-BANADESA-A se ejecutó en el período comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2012, pero fue hasta en marzo de 2017 que se concluyó y se le notificaron las responsabilidades a las autoridades de la institución bancaria.
Estos casos se reportaron en los dos gobiernos anteriores, es decir, en el de Manuel Zelaya y Porfirio Lobo Sosa.
De acuerdo a los resultados de la auditoría, los hechos que dan lugar a responsabilidad civil y administrativa se tramitarán individualmente en pliegos separados y los mismos serán notificados a los funcionarios y empleados en quienes recayere la responsabilidad.
Entre los ocho hallazgos hubo un perjuicio económico al Estado de Honduras de 53.846,772.38 lempiras en las dos administraciones.
Resultados
Uno de los principales hallazgos es que se logró identificar cheques emitidos por otros bancos y pagados por Fátima Geraldina Vásquez Lazo, exgerente de la agencia de Banadesa en Nueva Palestina, Olancho, de los cuales unos no fueron enviados a la cámara de compensación y otros fueron devueltos por la misma al no tener fondos disponibles al revisar el rubro de la cuenta sucursales, agencias y casa matriz.
De acuerdo al informe de manera dolosa se pagaban los cheques para sustraer el efectivo de Banadesa.
Varios cheques no fueron enviados a la cámara de compensación por un valor de 35,628,551.70 lempiras, mientras que otros fueron devueltos por no contar con fondos disponibles, pero hasta después de que habían sido pagados por un monto de 11,455,824.98 lempiras.
53.4millones de lempirasfue el perjuicio económico que ocasionaron al Estado. |
Este tipo de actividades ocasionaron un perjuicio económico total al Estado 47,084,376.68 lempiras, solo en este caso.
El informe del TSC establece que la mayoría de los cheques fueron pagados a familiares de la exfuncionaria de Banadesa.
La señora Fátima Vásquez interpuso su renuncia en fecha 20 de julio de 2009 y fue denunciada criminalmente el 19 de agosto de 2009 por el delito de malversación de caudales públicos; siendo el caso trasladado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción; actualmente existe orden de captura en contra de Vásquez.
Entre otros hallazgos, se pudo identificar préstamos otorgados a empresas en modalidad de deducción por planilla mediante suscripción de contrato.
Sin embargo, estos se encuentran en mora sin evidencia de gestiones de cobro, asimismo algunos de estos se desembolsaron irregularmente a personas que no son empleados de las mismas, ocasionando pérdidas al banco.
Estos préstamos fueron otorgados por la entidad durante el período del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2012.
La auditoría del TSC comprobó que se otorgaron préstamos a través de la suscripción de contratos bajo la modalidad de deducción por planilla a dos empresas, las cuales dejaron de pagar las deducciones correspondientes de los préstamos otorgados a los socios y empleados de las mismas, y al corte de la n en mora.
Otros hallazgos de la auditoría financiera y de cumplimiento legal
Esto ocasionó un perjuicio económico de 4,072,744.03 lempiras. La auditoría logró identificar que se otorgaron préstamos agropecuarios de manera irregular.
En una revisión del TSC a los expedientes de préstamos bajo la modalidad de agropecuarios, los libros de aprobación del comité de créditos, registros contables del sistema electrónico y estados de cuenta bancarios de los clientes, se comprobó que se realizaron transferencias a las cuentas de varios prestatarios en concepto de préstamos agropecuarios que fueron otorgados de manera irregular al no seguir los procedimientos adecuados según lo establecen los manuales y reglamentos vigentes.
Según el informe del TSC, estos préstamos fueron creados con el usuario Epalma que perteneció al señor Eduard Josué Palma Jiménez, quien era empleado de la entidad en el cargo de auxiliar de conciliaciones.
Para realizar dichas operaciones utilizó diferentes subaplicaciones del sistema contable en el módulo de préstamos, acreditando los valores descritos a cuentas de ahorro de prestatarios del banco y que posteriormente eran retirados, en algunos casos, por los beneficiarios a quienes les acreditaron en sus cuentas tales fondos y en otros casos lo retiraba Ariel Ramírez Palma, familiar del exfuncionario.
Esta acción originó un perjuicio de 1,155,000.00 lempiras.
Palma Jiménez renunció de la institución en febrero de 2012, la administración del Banco que dirigía Johnny Handal lo denunció criminalmente por suponerlo responsable del delito de apropiación indebida y falsificación de documentos públicos.